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Las catástrofes naturales empiezan a reclamar un lugar propio en la larga lista de incertidumbres que tienen las compañías aseguradoras sobre la mesa.
Terremotos, incendios, lluvias torrenciales, inundaciones o episodios meteorológicos extremos han formado siempre parte de los riesgos que cubre el seguro, pero ahora ya no parecen acontecimientos excepcionales.
Su mayor frecuencia y, sobre todo, su creciente capacidad destructiva obliga a las aseguradoras a revisar la forma en que calculan los riesgos, fijan precios y gestionan su capital.
Los incendios que arrasan miles de hectáreas, los terremotos, los episodios de lluvias extremas y el temor a nuevas danas colocan los riesgos climáticos en primer plano.
El impacto de la dana de 2024 constituye una referencia difícil de ignorar: el Consorcio de Compensación de Seguros había abonado, a mediados de junio, cerca de 4.494 millones en indemnizaciones.
Precisamente el Consorcio es una de las grandes fortalezas del sistema español, porque permite mutualizar una parte relevante de los costes derivados de siniestros extraordinarios. Pero ese colchón no elimina el problema y las cuentas ya reflejan esta presión.
El desafío no se limita al mercado doméstico, porque para los grupos internacionales, como Mapfre, la exposición se multiplica por la presencia en otros mercados vulnerables a terremotos, huracanes, sequías o tormentas tropicales.
El sector lleva décadas trabajando con la incertidumbre, pero la acumulación de catástrofes plantea un desafío diferente: cuando lo excepcional comienza a convertirse en habitual. La factura, tarde o temprano, acabará afectando a toda la economía.