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- La regulación desploma un 40% la obra nueva visada en Barcelona entre enero y junio
- Opinión | Grandes tenedores: 15, 10, 5, 2... ¿0 pisos?
Las nuevas promociones sólo podrán usarse para vivienda habitual propia o de un familiar, segunda residencia o alquiler, cumpliendo siempre con los topes de precios. Remontas, división de pisos y movilizar locales comerciales son otras medidas para incrementar el parque de VPO.
El Govern de Salvador Illa (PSC) redobla su apuesta por la intervención del mercado inmobiliario. Este viernes presentó junto a En Comú una nueva iniciativa que remitirán al Parlament para que se tramite por la vía rápida y se apruebe en otoño, y que incluye nuevas fórmulas para incrementar el parque público residencial.
El texto, hecho público este viernes, pretende prohibir por ley los usos de la obra nueva que no sean residenciales. El propietario sólo podrá destinarla a vivienda habitual propia o de un familiar, segunda residencia o alquilarla.
En el caso de los arrendamientos, siempre deberá cumplir con el tope de precios establecido por la Generalitat en los municipios que han sido declarados como "tensionados".
De esta forma, el objetivo es evitar que acaben siendo viviendas para el uso turístico. La nueva norma también pretende movilizar oficinas, locales comerciales, autorizar remontas en construcciones ya existentes, dividir viviendas o densificar algunos terrenos para incrementar el escueto parque de VPO que hay en Cataluña.
La nueva regulación se suma a una batería de prohibiciones y regulaciones impulsadas por las administraciones en los últimos diez años y que, según el sector privado, únicamente han contribuido a agudizar la crisis residencial. Entre ellas, la obligación que desde 2018 tienen los promotores de reservar el 30% de nuevos pisos para el parque público, el tope a los alquileres o una subida de impuestos para los grandes tenedores.
A estas medidas se sumará la nueva ley que En Comú arrancó a Illa a cambio de aprobar las cuentas de la Generalitat de 2026: nuevas restricciones en la compra de vivienda de los grandes propietarios. Junts y PP han impugnado el redactado ante el Consejo de Garantías Estatuarias ya que consideran que se limita el derecho a la propiedad y la libertad de empresa.
Los últimos datos de vivienda visada por parte de los arquitectos colegiados evidencian un desplome de la actividad. En el primer semestre, se visaron 503 viviendas, frente a las 833 del mismo periodo de 2025 (833), lo que supone un descenso del 39,62%.
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