- Garamendi se presentará a la reelección para presidir CEOE hasta 2030
- CEOE pide al Gobierno cautela antes de retirar las medidas frente a la guerra
Todas las ramas sectoriales de la patronal se unen para pedir a Cuerpo reformas estructurales de mejora de la competitividad tras las medidas temporales de alivio por la crisis de Irán.
El empresariado español ha aplaudido públicamente las medidas de mitigación temporal del alza de precios desplegadas por el Gobierno frente a los efectos de la guerra en Irán. Sin embargo, tras la embestida de esta nueva crisis, la patronal se ha unido para instar al Ejecutivo a aprobar medidas estructurales de mejora de la competitividad que apuntalen la economía española frente al riesgo de que la inestabilidad del tablero geopolítico siga aumentando. Con este objetivo compartido, todas las ramas sectoriales representadas en la CEOE han consensuado, de forma inédita, un paquete de medidas que pasa por rebajar de forma permanente los impuestos a la energía, garantizar la prórroga de la centrales nucleares o mejorar la seguridad jurídica del país, en una propuesta, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que ha sido dirigida al Gobierno para su toma en consideración en el diseño del nuevo paquete de medidas anticrisis que aprobará el lunes.
"El actual contexto geopolítico, marcado por la inestabilidad en Oriente Medio, ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los mercados energéticos y el impacto que pueden tener las tensiones internacionales sobre el nivel de los precios y su elevada volatilidad", reza el documento de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que sostiene que "España tiene ante sí una gran oportunidad: convertirse en uno de los países europeos con la energía más competitiva para el segmento industrial".
La organización que preside Antonio Garamendi plantea, para ello, un rediseño de la normativa española que permita cumplir tanto el objetivo de transición medioambiental, que pasa por alcanzar una economía neutra en emisiones a mitad de siglo, como el aprovechamiento de las ventajas competitivas de España en esta transformación en favor de la competitividad de las empresas españolas.
La propuesta de la CEOE se articula en torno a tres principios fundamentales. En primer lugar, la necesidad de garantizar la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica, argumentando que "la percepción de riesgo regulatorio eleva el coste de capital exigido por los inversores y se traslada, en última instancia, a los precios finales" de la energía.
En segunda lugar, los empresarios abogan por reafirmar el principio de neutralidad tecnológica, asegurando un mix energético equilibrado. En este sentido, inciden, "España necesita un sistema energético complementario, que aproveche todas las tecnologías disponibles, incluyendo renovables y gas, y que apueste expresamente por la extensión de la vida útil de la energía nuclear", que aportan "firmeza al sistema", "seguridad de suministro" y "precios energéticos competitivos".
En tercer lugar, la patronal aboga por "incorporar la perspectiva del tejido empresarial en el diseño de la política energética", articulando "mecanismos de colaboración estables" entre la Administración y las empresas.
A partir de ahí, en CEOE consideran que "reducir de forma estructural el precio de la electricidad" es uno de los pilares "determinantes de la competitividad". La patronal apunta a que "en la actualidad, la energía autóctona está penalizada con una fiscalidad mayor que la de otras alternativas", por lo que invita al Gobierno a convertir en estructurales algunas de las medidas de alivio temporal que ya desplegó por decreto en marzo y que vencen la próxima semana.
En particular, los empresarios abogan por "eliminar de forma permanente el impuesto del 7 % sobre la producción de energía eléctrica", que traslada al precio final de la luz, "encareciendo el suministro y reduciendo artificialmente la competitividad" frente a los mercados vecinos en que no existe este gravamen.
Del mismo modo, la patronal insta a mantener para siempre la reducción del Impuesto Especial sobre la electricidad del 5,11% hasta el mínimo permitido por la normativa comunitaria (0,5/MWh), recomendado por la propia Comisión Europea.
Del mismo modo, los empresarios plantean convertir en estructurales las medidas de reducción de costes ya introducidas para los consumidores electrointensivos, en particular la exención del 80% de los peajes de acceso, a compensar a través de los Presupuestos Generales del Estado.
La propuesta también pide revisar las partidas de la factura eléctrica no vinculadas al suministro, "como las primas históricas a las energías renovables, la cogeneración y los residuos los sobrecostes de generación no peninsular y pago de las anualidades del déficit tarifario"; impulsar la inversión de las redes eléctricas; o acometer una supervisión reforzada de los costes del mercado eléctrico.
Otra propuesta del empresariado es elevar hasta el tope comunitario máximo los mecanismos de compensación por costes indirectos de CO2 ante la desventaja competitiva que suponen los derechos de emisión.
Por otro lado, se aboga por el impulso del papel de los contratos de suministro eléctrico a largo plazo como herramienta de estabilidad de precios.
De la luz al gas
En paralelo al paquete de iniciativas sobre la electricidad, la CEOE presenta una batería de medidas dirigidas a lograr precios de gas más competitivos para la industria. Una reivindicación clave en este sentido es la rebaja del Impuesto Especial sobre el gas.
La patronal también promueve una optimización de los peajes de acceso a las infraestructuras gasistas; el establecimiento de mecanismos de apoyo ante escenarios de volatilidad de precios, como ayudas y avales públicos; o el fomento del biometano.
Pulso abierto para modular el nuevo plan anticrisis que se lanza el lunes
Empresarios, sindicatos y partidos políticos apuran las horas para tratar de influir en el diseño del nuevo paquete de medidas anticrisis que el Gobierno aprobará el próximo lunes para dar continuidad a las medidas de alivio de la inflación que aprobó ante la guerra en Irán. En las últimas semanas, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mantenido encuentros con las patronales CEOE y Cepyme, los sindicatos CCOO y UGT, y representantes de los sectores de la energía, la industria o la agroalimentación para calibrar sus necesidades de apoyo durante el verano, pese al acuerdo de paz sellado entre EEUU e Irán. Los efectos del Real Decreto-ley inicial aprobado el 20 de marzo, que suponían la movilización de 5.000 millones de euros en ayudas públicas y rebajas fiscales para vencen el próximo martes y el Gobierno busca anticiparse para extender la protección de empresas y familias frente a una escalada de precios que el Banco de España alerta ya que se extenderá a 2027. En este marco, la patronal española aspira a convertir algunas de las medidas de apoyo coyuntural en reformas estructurales dirigidas, en especial, a abaratar la factura fiscal de la energía. El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, avanzó ayer que confía en tener algún contacto adicional con Cuerpo antes del Consejo de Ministros extraordinario del lunes para hablar de las medidas a aprobar. Así lo dijo ayer en el curso que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organizan en Santander, donde confirmó que se presentará a la reelección como líder de la patronal confiando en renovar mandato hasta el año 2030.
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