La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, y el ministro Félix Bolaños, el 23 de enero de 2025 en Barcelona./ EP
Tribunales Colapso judicial: el TS pide a los abogados que pacten 4.500 asuntos y la Audiencia paraliza casos por falta de funcionariosLa Sala Civil dicta providencias proponiendo a las partes que intervienen en litigios sobre el 'cártel de los camiones' que lleguen a un acuerdo y la negativa "podrá tener efecto en las costas".
Jueces centrales de instrucción empiezan a notificar a los letrados la imposibilidad de reasignar procedimientos que eran tramitados por funcionarios que han concursado y se han ido.
Más información: Perelló critica ante Bolaños el caos de su reforma judicial: "Ha de hacerse de forma organizada y con tiempo necesario"
María Peral Publicada 16 febrero 2026 03:03hLas claves nuevo Generado con IA
El Tribunal Supremo ha pedido a los abogados que pacten más de 4.500 asuntos para aliviar el colapso judicial, advirtiendo que la negativa a colaborar podría afectar en las costas procesales.
La Audiencia Nacional ha paralizado decenas de casos debido a la falta de funcionarios, provocada por un proceso de consolidación de plazas para reducir la temporalidad.
El 60% de los asuntos pendientes en la Sala Civil del Supremo son litigios masivos, principalmente de derecho bancario, y el 'cártel de los camiones' representa un 16% del total.
La situación de sobrecarga y falta de personal amenaza la sostenibilidad del sistema de casación civil y genera demoras significativas en la resolución de procedimientos.
El colapso que padece buena parte de los órganos judiciales ha dado lugar en los últimos días a decisiones insólitas. Por primera vez, la Sala Civil del Supremo ha acordado dictar providencias para intentar dar salida a más de 4.500 asuntos.
El alto tribunal invita a los litigantes a llegar a una solución consensuada y hace una seria advertencia: la "negativa a colaborar" podrá repercutir en las costas de la sentencia que se tenga que dictar (no se sabe cuándo).
Por su parte, jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional han empezado a notificar una providencia en la que ponen en conocimiento de las partes la falta de funcionarios para atender los asuntos, debida a las bajas provocadas por un proceso extraordinario de consolidación de plazas que busca reducir la temporalidad.
El PP pide la comparecencia urgente de Bolaños para aclarar el "caos" causado por la Ley de Eficiencia en los juzgadosAmbos órganos —Tribunal Supremo y Audiencia Nacional— dependen de los medios personales y materiales que les da el Ministerio de Justicia, cuyo titular, Félix Bolaños, alardea de estar llevando a cabo a “la mayor transformación de la Justicia en décadas".
"La evolución de la entrada y resolución de asuntos en la Sala Primera en los últimos cinco años es muy elocuente del colapso al que se ha llegado debido a la imposibilidad de hacer frente con los medios disponibles al desmesurado crecimiento de la litigación", afirma la Sala Civil del Tribunal Supremo en un acuerdo no jurisdiccional adoptado el 27 de enero.
Solo el pasado año, la Sala Civil registró 13.008 asuntos nuevos, "una cifra inasumible", indica.
A fecha de 31 de diciembre, los recursos pendientes en esa Sala ascendían a 27.864. El 90% de ellos está aún en fase de admisión y el resto, pendiente de señalamiento de día para deliberación, votación y fallo.
El 60% de esos asuntos procede de una litigación masiva, la mayor parte sobre derecho bancario, condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas.
El llamado 'cártel de los camiones' representa un 16% del total de recursos pendientes. Se trata de miles de reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios presentadas por transportistas, empresas y particulares que compraron camiones con un sobrecoste derivado de un concierto ilegal de los fabricantes sobre la fijación e incremento de los precios.
"El diseño legal y la configuración de la planta de la Sala Primera del Tribunal Supremo no están preparados para resolver recursos en masa, una vez que ha fijado jurisprudencia sobre la cuestión controvertida", explica el acuerdo.
Añade que las consecuencias de esta situación son evidentes: se dificulta la función casacional sobre los recursos que realmente la necesitan y se alargan "de modo alarmante" los tiempos de resolución.
Además, esa tardanza en establecer soluciones jurisprudenciales que aporten certeza a los órganos judiciales de la primera y la segunda instancia multiplica la litigiosidad.
"En definitiva, se alcanza esa situación de colapso, ya descrita, que amenaza gravemente la sostenibilidad del sistema de casación civil", concluye.
La Sala Civil dictó las primeras sentencias relacionadas con el 'cártel de los camiones' en 2023. Desde entonces, ha emitido 171 fallos sobre las cuestiones jurídicas más relevantes.
La Sala recuerda que en el último año ha instado "reiteradamente" a las partes afectadas por la litigación del 'cártel de los camiones' a que, una vez fijada la jurisprudencia, desistieran o alcanzaran acuerdos respecto de los recursos de casación pendientes.
Aunque se han presentado muchos desistimientos y acuerdos transaccionales, el resultado "es insuficiente", afirma. Todavía están pendientes de admisión 4.206 recursos y otros 356 esperan para sentencia. En total, 4.562 asuntos relacionados con el 'cártel de los camiones' esperan respuesta en el Supremo.
El acuerdo
La Sala, integrada por presidente, Ignacio Sancho, y nueve magistrados, considera que esta situación justifica el acuerdo adoptado: en todos los recursos pendientes sobre el 'cártel de los camiones' se dictará una providencia mediante la cual se propondrá a las partes la derivación a mediación para alcanzar una solución extrajudicial consensuada del conflicto.
"La aceptación o no de la propuesta de la Sala de someter el conflicto a mediación será voluntaria", afirma.
Pero añade que "no obstante, por todas las circunstancias expuestas, la eventual negativa a colaborar en una resolución consensuada del conflicto podrá tener efectos en materia de costas".
A este respecto, la Sala subraya que los litigantes cuentan ya con "elementos de previsibilidad suficientes" para conocer cuál será la respuesta "si finalmente no queda otro remedio que resolver el recurso a través de una sentencia".
Falta de funcionarios
En la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional -el llamado 'buque insignia' de la Justicia española- la situación de sobrecarga combinada con la carencia de funcionarios ha llevado a varios Juzgados Centrales de Instrucción a dictar providencias en decenas de asuntos que se van a ver paralizados al menos durante un mes y medio.
La resolución, conocida por EL ESPAÑOL y similar en distintos Juzgados Centrales de Instrucción (solo varía el número de bajas de funcionarios que se han producido en cada uno de ellos en las últimas semanas), señala que "se notifica a las partes la situación derivada de falta de personal ocasionada como consecuencia del proceso de consolidación de plazas, estabilización por concurso" iniciado en 2022 por el Ministerio de Justicia.
"En esta Plaza se ha producido el cese, hasta la fecha, de siete funcionarios [en el caso del Juzgado de Santiago Pedraz, seis en el caso del Juzgado de Antonio Piña] los cuales, previo a su cese, han tomado las vacaciones que les correspondían, produciéndose un periodo temporal de
aproximadamente 45 días hasta la nueva cobertura de estas plazas", explica.
"La situación actual de este órgano judicial, sobrecargado con múltiples macroprocesos, hace imposible la asignación de estos procedimientos a los funcionarios actuales", añade la providencia.
Ello "va a conllevar que cualquier consulta que se realice sobre los mismos provoque demoras en su resolución", advierte el juez.
"Se mantendrán las declaraciones señaladas y se dará respuesta a cualquier petición que se promueva, y en todo caso, a aquellas que tengan carácter urgente", finaliza.