Confiscar la prosperidad

• ANTONIO BARDERAS NIETO

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Los persistentes incrementos impositivos y la ausencia de seguridad jurídica abocan a España a una implacable confiscación de la prosperidad.

Como es sabido la recaudación tributaria en España sigue creciendo año tras año, o, dicho de otra manera, cada año aumenta más la privación de los bolsillos de los españoles. En 2025 Hacienda recaudó 325.000 millones de euros, incrementándose más del 10% sobre el año anterior. Mientras tanto, los cobradores de impuestos siguen proclamando a los cuatro vientos que en España se paga poco, aunque los pagadores de esos mismos impuestos -empresas y ciudadanos- saben que no es verdad. Para añadir afrenta a la voracidad recaudatoria, los niveles de impuestos no se ven correspondidos con un nivel de servicios equivalente. Sin ir más lejos, el penoso nivel de mantenimiento de vías y ferrocarriles (con trágicas consecuencias que aún no ha derivado en responsabilidades), los socavones en las carreteras, o el apagón de hace un año son muestras de que vamos claramente a peor.

¿Cómo se logra recaudar tanto sin que haya contestación? El truco es sencillo: los políticos se valen de multitud de figuras tributarias que se cobran acumulativamente por distintas entidades administrativas y en momentos temporales diferentes para que la confiscación no se note o se note menos. Con carácter general, se pagan impuestos al menos en tres ocasiones: por tener un beneficio económico (Sociedades en el caso de las empresas, e IRPF las personas físicas), por gastar ese beneficio, que es el fruto del esfuerzo y el trabajo (impuestos indirectos como el IVA, impuestos especiales sobre hidrocarburos o sobre matriculación) y por conservar lo que se tiene tras pagar todos los impuestos anteriores (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Vehículos de tracción mecánica, Incremento de los terrenos de naturaleza urbana, Patrimonio o Sucesiones y Donaciones). Sin olvidar que también existen otros tributos menos relevantes.

Algunos de los mantras machaconamente repetidos por este gobierno sobre las empresas españolas, afirmando que pagan un porcentaje ridículo sobre sus beneficios, se cae por su propio peso. Si así fuera, ¿por qué no tenemos una larga lista de empresas buscando radicar su centro de operaciones en España? La realidad es que las empresas españolas pagaron un tipo efectivo medio del 23,2% en el Impuesto sobre Sociedades, según los datos disponibles de la OCDE, casi tres puntos más que la media. Pero esto no ha servido para que la Hacienda española, pese a recaudar como nunca, adapte las tarifas al aumento de costes que las empresas han tenido que soportar y repercutir, incrementando así su tributación sin haber aumentado su beneficio neto en la mayoría de los casos. A Hacienda le da igual: ella siempre gana.

Dos tercios de la riqueza

En concreto, y pese a la complejidad de contabilizar el conjunto de los tributos estatales, autonómicos y municipales, se estima que una empresa española destina una media del 60% de su resultado bruto de explotación a cumplir con sus obligaciones fiscales y las relativas a la Seguridad Social de sus empleados. Se puede afirmar que hoy en España el sector público se queda casi con dos tercios de la riqueza que generan las empresas con esfuerzo, sacrificio y crecientes dificultades de toda índole. Pero eso a nuestros políticos les es indiferente. Baste citar unas recientes declaraciones de un conocido político en las que se quejaba amargamente por el esfuerzo que supone realizar una precampaña electoral, ya que le obliga a estar fuera de su casa toda la semana sin poder ver a su familia. ¿En qué mundo viven? ¿Cuántos empresarios (y trabajadores) realizan afirmaciones semejantes a pesar de los sacrificios, las ausencias familiares y las largas temporadas fuera de casa que sufren?

Pasando a la esfera de la persona física, si el propietario de una empresa que ya ha destinado casi dos tercios de la riqueza generada decidiera retribuirse por la vía de los dividendos, tendría que afrontar una tributación en el IRPF de hasta el 30%. Sumen todas las cuantías, ¿acaso el resultado no es confiscatorio en cualquier caso?

Aunque no se diga públicamente, también es escandaloso el caso de los trabajadores por cuenta ajena, ya que su contribución al sostenimiento público es, nada más y nada menos, tras las más de cien subidas impositivas del Gobierno del PSOE y sus socios "progresistas", de aproximadamente el 70% de su salario en el conjunto de los tributos. A educación y sanidad se destinan 30 aproximadamente, y los otros 40 para el resto de los gastos que mantienen las preferencias indisimuladas, muchas veces inmorales, del poder.

Las terribles y desincentivadoras cifras anteriores están además aderezadas con un complemento cada vez más alarmante en España: la ausencia del principio de seguridad jurídica, que es un bien fundamental en cualquier democracia que se precie, por ser la imprescindible certidumbre del derecho y la necesaria eliminación de la arbitrariedad. Ahí mismo se expresa la tensión íntima entre los poderes del Estado y los derechos de los ciudadanos. La realidad es que hoy en día este principio está cuasi desactivado por la farragosidad, complejidad y el excesivo número de normas existentes en el actual sistema tributario. Cuando una empresa o un ciudadano se plantean realizar una operación o un negocio en España, lo que le ocurre es lo que, por desgracia, todos conocemos: no sabe muy bien a qué atenerse, no hay solución fiscal segura, ni concreta, ni cierta, así que se ve obligado a arriesgarse y a pisar terreno fiscal ignoto e incierto, y, encima, a luchar con las trabas, prepotencias y amenazas de la Administración que surgen automáticamente en la oscura umbría jurídico-fiscal. El funcionario de turno le señalará al probo empresario y ciudadano, siguiendo siempre por supuesto las indicaciones de sus superiores, que la Ley protege y ampara esas conductas de la Administración, y le añadirá, por supuesto off the record, que, si eso no es de su agrado, que acuda a los tribunales. Esos tribunales que resolverán la controversia diez años después cuando incluso la norma pueda estar ya derogada.

Los persistentes incrementos impositivos que castigan la asunción de riesgos empresariales y la creciente ausencia de seguridad jurídica en el ámbito tributario abocan a España a una implacable confiscación de la prosperidad, un bien que lícitamente debe anhelar y fomentar cualquier sociedad desarrollada para mejorar la vida de sus ciudadanos.

Antonio Barderas Nieto, Director Asociación Madrileña de la Empresa Familiar

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