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Cualquier día de estos Televisión Española va a tener que reponer El Pisito, aquella joya de 1958 del neorrealismo español, en el que un jovencísimo José Luis López Vázquez (Rodolfo) se casa con una vieja moribunda (Doña Martina) con la esperanza de heredar pronto el piso propiedad de la señora, y de este modo poder contraer matrimonio en segundas nupcias con Petrita, su amor verdadero. Quienes afirman que la economía española va como un cohete eluden los datos significativos que desmienten tan bella historia y que nos retrotraen a aquellos tiempos. En la actualidad ocho de cada diez jóvenes de entre 18 y 30 años todavía siguen viviendo con sus padres porque o no trabajan o cobran muy poco o no se pueden permitir una vivienda. La explicación es que nadie construye las que se necesitan y los precios se disparan ante el desequilibrio de la demanda y la oferta. Esto es lo que provoca también que proliferen las mascotas para cubrir el vacío emocional. Cuando alguien se pregunta por qué ahora hay tantos jóvenes que se radicalizan, debiera ponerse en el pellejo de un chico o una chica de 29 años que vive en casa de sus padres y su perro se ha orinado las cortinas. Que les repitan constantemente que tiene derecho a una vivienda digna que no existe acaba irritándoles.
Buena parte de la confusión que existe en torno a la vivienda parte de un error de concepto. La vivienda en la Constitución no es un derecho como dicen los activistas sino un principio rector. Es decir, un valor que orienta la actuación de los poderes públicos, pero no algo exigible ante los tribunales. La Carta Magna no dice en ningún lado que pases por la oficina a recoger las llaves de tu casa. Eso solo lo he visto en los concursos de televisión. Lo que dice es que para poder acceder a esa vivienda los poderes públicos deben crear las condiciones. La gente tiene que tener la posibilidad de trabajar, de ganarse la vida, de ahorrar, y para ello se necesitan incentivos y empresas. Incluso aquellas que ganan dinero construyendo esas viviendas que se necesitan. Luego están los idealistas que como Ione Belarra o Yolanda Díaz creen que las viviendas son frutos que surgen con la lluvia primaveral, como las setas, y que basta con quitárselas al que tiene más de una para solventar el tema.
La vivienda en España tiene muchas aristas emboscadas. Lo primero que se puede observar es que no hay interés real de ninguna administración en hacer vivienda pública para alquilar. La razón de esto es la mala experiencia. Allí donde las administraciones han creado un parque público de alquiler ha proliferado como una plaga la picaresca, que es una forma resiliente de corrupción cuyo coste acaba soportando el contribuyente. Activistas y asociaciones incentivan esta picaresca con lo que un porcentaje de los inquilinos de la vivienda pública acaba mutando de vulnerable a jeta y deja de pagar el alquiler social y los servicios, solo porque sabe que ningún político se va a atrever a desahuciarle.
Esto explica por ejemplo que las más de 300.000 viviendas públicas en alquiler que hay en España acumulen hasta cuatro veces más porcentaje de impagos por parte de los inquilinos que la privadas. Una morosidad que se ha duplicado en el último lustro, no porque la economía haya ido a peor, sino porque quienes hacen las leyes se han ocupado de proteger no tanto a los vulnerables como a los caraduras. La inseguridad jurídica genera bolsas de conflicto que cualquier político prefiere eludir. El resultado es que la administración prefiere que sean los propietarios privados los que lidien con los golfos, algunos de los cuales acumulan hasta nueve años de impago.
Otra arista es la fiscalidad. España se ha convertido en un Estado extractivo que carga impuestos sobre la vivienda, obstaculizando su construcción. En toda la cadena de valor para levantar una vivienda, un 40% corresponde a impuestos de todo tipo (el 20% si se limita a IVA directo e indirecto). El mayor problema que tiene ahora este país no es que el Estado no vaya a proporcionar la vivienda que se necesita, es que además ese mismo Estado pone todas las trabas posibles, en términos de burocracia, para impedir que sea el sector privado quien la construya. Como el perro del hortelano que ni come ni deja comer. Toda la clase política debiera asumir su responsabilidad en la crisis de la vivienda para elaborar un plan viable para solventar un tema complejo que excede a la duración de las legislaturas. Ahora más que nunca sería necesario un pacto de Estado entre los grandes partidos con soluciones realistas.
Curiosamente en el propio Gobierno hay un cisma en torno a la política de vivienda porque a la ministra Isabel Rodríguez se le ha ocurrido invitar a los inversores a construir vivienda en España e incentivar fiscalmente a los propietarios para que renuncien a su derecho de obtener mayores rentas a cambio de mantener los precios de los alquileres una vez que vence el contrato. Ambas medidas son acertadas, pero sus socios prefieren que la gente siga viviendo en casa de sus padres antes que renunciar a sus prejuicios. Si alguien cree que castigando al propietario o al inversor va a acabar con el problema de la vivienda o ha ido poco a la escuela o tiene escasa cilindrada.
Iñaki Garay. Director adjunto de Expansión
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