Es uno de los capítulos más controvertidos del 23-F: ¿participó el servicio secreto español, función entonces atribuida al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), en el golpe de Estado? Parece evidenciarse que sí, y también algo no menos importante: que dicha participación se trató de ocultar, lo cual se consiguió hasta ayer, con la desclasificación de documentos oficiales sobre la asonada.
A un lado, entre lo desvelado, un somero informe del propio Cesid, de apenas cuatro páginas y sin firma, asegura, tras realizar una auditoría sumaria, que «seis personas» de la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), órgano del centro, «participaron» en el golpe o «conocían los hechos antes del [día] 23».
Entre esas seis personas hay dos que hasta ahora ya habían protagonizado ríos de tinta en torno a todas las cábalas del putsch. Uno es el teniente coronel José Luis Cortina, jefe de la propia AOME, procesado en el juicio por los hechos y absuelto, por presunta ausencia de prueba. El otro, el capitán Vicente Gómez Iglesias, sí fue condenado, convirtiéndose en el único caído del Cesid.
Pero también hay otras cuatro que eran hasta ahora actores muy secundarios en la trama, y a las que ese documento apunta muy directamente: se trata del capitán García Almenta, los cabos Rafael Monge y Moya Gómez, y el sargento Sales Maroto. Se cree que ese informe inculpatorio fue elaborado en su momento por el agente Juan Alberto Perote, mano derecha del posterior director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, que se le encargó, según fuentes conocedoras de los servicios de inteligencia. En él se atribuye a estos agentes un papel muy activo en los hechos, incluso con «misiones de control» en la zona de Las Cortes, facilitadoras del golpe.
Al otro lado, entre lo desclasificado ahora se encuentra también la otra cara de la moneda: la herramienta que precisamente contribuyó a exculpar al Cesid de cualquier contribución al golpe en esos turbulentos años de la post Transición: el llamado Informe Jáudenes, apellidado como su autor, el teniente coronel Juan Jáudenes.
Éste recibió el encargo de investigar los hechos «con carácter no judicial» por parte del director interino de la «casa», Narciso Carreras, y después de tomar declaración a los implicados en apenas 11 días evacuó un informe exculpatorio, aun registrando grandes incongruencias en sus relatos, de forma que, leída 45 años después, causa pasmo.
«No puede deducirse con certeza ninguna participación de personal de la unidad en la preparación o ejecución del fallido golpe del 23 de febrero», dice Jáudenes, dejando a «tensiones internas» las acusaciones de unos mandos contra otros en el seno de la AOME, y colgándole a esas «circunstancias» las teorías que apuntaban en dirección contraria a sus conclusiones.
El Informe Jáudenes incluso exonera al capitán Vicente Gómez Iglesias, después condenado en el procedimiento judicial. Una copia de ese informe fue hallada muchos años después, a finales de los años 90, por el juez Garzón, cuando Perote fue encarcelado por llevarse documentos sobre años de investigaciones ilegales del Cesid (los célebres Papeles de Perote). Ahora, al fin, el documento ve la luz al completo, pero también se evidencia que fue un enjuague, al desclasificarse junto al otro informe que apunta a la más que probable participación de espías del Cesid.
De izquierda a derecha, Emilio Alonso Manglano, José Luis Cortina y Juan Alberto Perote, todos ellos miembros del Cesid.El MundoMás madera, en todo caso, para el eterno debate en torno al papel del Cesid el 23-F. ¿Apoyó el golpe, o en realidad lo vigiló, o incluso lo alentó y dejó hacer a los conjurados en espera de que se estrellaran (la teoría del golpe blando condenado al fracaso)?
Perote llegó a asegurar hace ahora 25 años que en realidad Cortina fue quien subordinó a Tejero a los designios de Armada y Milans del Bosch, y que incluso creó una división, llamada SEA (Sección Especial de Agentes), para ayudar a Tejero a sublevarse. El agente dejó dicho también que a los elementos de aquel grupo se les conocía dentro de «la casa» como «los siniestros», y que en realidad operaban por orden de Javier Calderón, hombre fuerte del Cesid.
Estos agentes, supuestamente los cuatro hacia los que ahora se vuelve el foco de la Historia con la desclasificación, fueron acusados en su momento por dos de sus compañeros, Camacho y Parra, que igualmente declararon en ese sentido ante Jáudenes. Quien zanjó, sin empacho, sobre el papel: «Si bien algún detalle concreto puede ser opinable, no deben perderse de vista las circunstancias en que se produjeron [las actividades de los agentes]».
Sin embargo, según el otro informe ahora conocido, el capitán García Almenta, el sargento Miguel Sales y el cabo Monge Segura «conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran». Cortina, se consigna, llegó a reunirse en «días previos» al 23-F «con el nuncio del Vaticano» y «con el embajador de EEUU, Mr. Toduman».
«El capitán García Almenta dispuso de los medios, emisores, receptores y vehículos y los distribuyó al sargento Miguel Sales, al cabo Rafael Monge y al cabo José Moya Gómez para el apoyo de la columna que se dirigió a las Cortes», se relata. «El capitán Gómez Iglesias se mantuvo en contacto con el capitán García Almenta y dirigió al cabo Rafael Monge en la marcha hacia el Congreso». Incluso «el sargento Sales Maroto y el cabo Moya Gómez realizaron misiones de control en la zona del Congreso», en favor de los golpistas. Una vez «fracasado el golpe», explica el documento, «en la Unidad se dio orden de activar la Operación Míster, se corrigieron fechas, con lo que se justificaban los movimientos de la Unidad». Había que maquillar.
¿Quién activó esa Operación Míster, según el informe del propio Cesid? «El comandante Cortina», reunido con Almenta, Sales y Monge. Después se advierten «contradicciones» en las declaraciones de todos ellos. En solidaridad con la investigación que puso en el foco a estos agentes del servicio secreto español, «cuatro agentes» causaron «baja». Ninguno de esos mandos fue siquiera procesado.
El propio Jáudenes recoge en su informe que Gómez Iglesias se quita de enmedio ese día alegando sufrir «un cólico nefrítico», pero luego opera desde la Plaza de Las Cortes, y que Almenta ordena entregar a Moya, Monge y Sales tres coches con «placas falsas» y una frecuencia de radio diferente a la del grupo, en orden a «realizar una misión».
De una forma u otra, según todos los datos e indicios, el Cesid participó y estuvo informado. Lo dijo durante años Armada, que estuvo siempre en contacto con Cortina, para liarlo aún más: «El golpe fracasó por culpa del Cesid». Ahora bien, ¿alentándolo hacia el fracaso, infiltrándolo o apoyándolo?