Cuarto colapso en 15 meses, pero sin responsables: el accidente ferroviario en Córdoba agrieta la tesis de que España "funciona"

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de 45 personas, es el segundo más mortífero en España en lo que va de siglo. Y, una semana después de la tragedia, aún nadie se dice responsable. Falló la seguridad en el medio de transporte que se presume como uno de los más seguros del país, ahondando en la desconfianza en un sistema que, una vez más, muestra sus grietas. El tren colapsó el pasado domingo, como lo hizo la luz hace casi nueve meses, cuando España se apagó -salvando las manifiestas distancias, especialmente en términos de víctimas-. Antes, el país ya se sumió en la catástrofe cuando una dana asoló el cinturón sur de Valencia dejando 230 fallecidos, y después lo haría cerrando el peor año de este siglo en materia de superficie arrasada por el fuego. A las estadísticas más negras que se han sucedido en los últimos 15 meses les faltan aún, sin embargo, varias de las explicaciones que la ciudadanía reclama. Todo mientras el debate sobre quién es más responsable termina por diluir la asunción de culpas ante las tragedias.

En lo que va de legislatura han aparecido grietas en pilares tan básicos como la luz o la seguridad, del transporte a los protocolos de prevención contra incendios e inundaciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en varias ocasiones que "España funciona" como argumento frente a quienes cuestionan su labor por los casos de corrupción de su entorno, pero excepcionalidades como las que se han vivido en los últimos meses ponen en tela de juicio esa tesis. La concatenación de incidentes ferroviarios que se ha reportado en la última semana -y antes- da cuenta de que algo no está operando correctamente, y que hasta ahora no se le ha puesto solución -o no en la debida medida-. Que aún no se haya aprobado un plan para prevenir que una dana pueda provocar efectos tan devastadores como los de aquel 29 de octubre, ni se haya consensuado un pacto de Estado para luchar contra los incendios -como propuso en verano Sánchez y nunca se hizo- ahonda en la percepción de que no se está poniendo solución a estas cuestiones. Que no se avanza.

"Lo que está pasando durante toda esta legislatura coincide con que el Gobierno se ha separado del Parlamento", explica Luis Miller, sociólogo e investigador del CSIC, que considera que los ciudadanos "saben" que "si hiciera falta sacar una medida [ante estas emergencias], no sería posible". Aunque Miller avisa de que aún es pronto, cree que "la conexión entre esta idea de bloqueo político-institucional y el desgaste de infraestructuras es más obvia" en el caso de los trenes.

Sin embargo, por ahora, nadie ha asumido responsabilidades en primera persona por el accidente ferroviario del pasado domingo, como tampoco se hizo en los anteriores colapsos. La excepción fue el cese tras la dana de dos consejeras de la Generalitat, Nuria Montes (Industria) y Salomé Pradas (Interior), y la dimisión del president, Carlos Mazón, aunque esta llegó un año después de la tragedia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, alejó el viernes la posibilidad de renunciar a su cargo, y si bien el presidente de Adif puso esta opción sobre la mesa, lo condicionó a que la investigación determine su responsabilidad, por acción u omisión.

Al transcurso de las pesquisas se han acogido también en el Gobierno durante esta semana para no avanzar las explicaciones sobre lo sucedido. "Ahora mismo lo que tenemos que hacer es esperar a la investigación, a que se produzcan los resultados y a que tengamos una hipótesis lo más sólida posible para saber qué es lo que ha pasado", dijo Puente el pasado lunes, cuando informaciones de EL MUNDO ya apuntaban a que las pesquisas se centraban en la brecha hallada en la vía. Ese argumento, la petición de paciencia, lo vino repitiendo el ministro en días siguientes, mientras el foco de la investigación se iba estrechando cada vez más sobre un posible fallo en la infraestructura.

También en el apagón esgrimió el Gobierno esta misma tesis para evitar aclarar qué provocó el fundido a negro que España sufrió el 28 de abril del año pasado. Cuando la oposición criticó la ausencia de explicaciones en las primeras horas de aquel día, Sánchez respondió que "el Gobierno comparece en cuanto tiene información" y, una semana después, el jefe del Ejecutivo alegaba que la investigación iba a "llevar tiempo" cuando todos los partidos, a su izquierda y derecha, reclamaban saber qué pasó.

Isabel Bazaga, directora del máster en Gestión de la Seguridad, Crisis y Emergencias (IUIOM-URJC), cree que, ante situaciones como estas, debe haber "distintos niveles de respuesta": "Hay cosas que no puedes responder, pero hay cosas que sí", señala, y advierte de que "cuando hay un problema de esta envergadura, la gente necesita autoridades que respondan". Porque si no, añade Bazaga, entra en juego la "desinformación". Sánchez, el día después al accidente en Adamuz, alertó contra los "bulos", pero durante esta semana el Gobierno ha venido aplazando el dar explicaciones claras.

La falta de aclaraciones va de la mano de la no asunción de responsabilidades. Puente se acogió, en los primeros momentos, a la fase inicial en que se encuentra la investigación para esquivar dar por ciertas las hipótesis que apuntan a que el fallo que provocó el descarrilamiento del tren Iryo estaba en la vía -competencia de Adif, dependiente del Ministerio-. Cuando, el lunes, EL MUNDO publicó que la investigación del accidente ponía el foco en el estado de los raíles, apuntando a un fallo en la soldadura como causa probable, el ministro calificó esta tesis como "una especulación más" y dijo que había que esperar a saber si la rotura de la vía "es causa o consecuencia". Ante la aparición de muescas en los bogies de los primeros vagones del Iryo, sostuvo que por entonces no era posible "establecer una conclusión" sobre por qué tienen esas marcas.

Por contra, a la vez que Puente pretendía alejar las hipótesis que apuntaban a defectos en la infraestructura, en los primeros momentos insistía en mantener vivas otras que referían a factores ajenos a su competencia. Preguntado sobre si se descartaba un sabotaje, dijo el lunes: "No quiero aventurarme a lanzar ninguna hipótesis que no tenga un respaldo fáctico claro". Y, sobre si el problema pudo estar en el tren de Iryo que descarriló, afirmó que "no es descartable" que pudiera haber una falla en el material rodante -"del mismo modo que lo puede haber en el acero de la vía", añadió, eso sí-.

Puente sí aseguró que un accidente "de una enorme gravedad" como el de Adamuz "no tiene nada que ver" con las vibraciones que habían reportado varios pasajeros, y restó valor a las incidencias notificadas por maquinistas en otros tramos. Preguntado por si pudo deberse a una falta de inversión, insistió en que la línea había sido renovada. "Quien gestiona la crisis tiene que intentar, en la medida de lo posible, decir 'hasta que no tengamos certezas de todo esto no se pueden avanzar hipótesis, pero tampoco se pueden cerrar'", reflexiona Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política en la UNAV.

Esto mismo ya sucedió tras el apagón. Mientras insistía en que la investigación aún tardaría, el día siguiente al fundido a negro Sánchez ya aseguraba que "no hubo problema de exceso de renovables ni de falta de cobertura". Por contra, pese a que Red Eléctrica había descartado horas antes que pudiera haber sido un ciberataque, el presidente del Gobierno defendió que aún no había ninguna hipótesis a la que se le cerrara la puerta. Y, aunque aplazando detallar qué pasó hasta conocer más detalles, ya entonces apuntó a "exigir responsabilidades a los operadores privados". Para el sociólogo Luis Miller, esto último fue un ejemplo de "partidismo" y podía responder a que existía un "posicionamiento ideológico previo": "El Gobierno, por sus apoyos, tiene que culpabilizar a las empresas privadas".

La investigación europea del apagón, que apuntó a una cascada de sobretensiones como causa del blackout, no se daría a conocer hasta octubre de 2025, y aún falta el documento definitivo. La ciudadanía sigue esperando a saber todo el detalle de lo que ocurrió entonces, igual que recibe a cuentagotas la información sobre cómo discurrió aquel 29 de octubre en el que Valencia quedó arrasada por una dana. La investigación judicial de la riada está poniendo luz a por qué no se actuó con mayor anticipación ante lo que venía, un asunto sobre el que el Gobierno también ha tratado de apartar su responsabilidad. Alegando que Mazón nunca declaró la emergencia nacional -que habría obligado a La Moncloa a tomar el control-, dejan en manos de la Generalitat el peso de lo ocurrido.

Y, respecto a lo que sí les compete, insisten en que la actuación fue la apropiada: "Está fuera de toda duda el trabajo de la Aemet y la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) [dependientes del Gobierno]", defendió el ministro Fernando Grande-Marlaska, que enumeró los correos y avisos que emitieron ambos organismos para señalar que estos "dejan en evidencia que había información actualizada, disponible y suficiente para que la Generalitat enviara una alerta". Sánchez también defendió su actuación, pese a que algunos testimonios ante la jueza de la dana han apuntado a que la CHJ no informó del desbordamiento del barranco del Poyo, que originó la riada.

El debate sobre qué administración tenía las competencias marcó, en el ámbito político, los días siguientes a la dana, y también salió a relucir durante la ola de incendios que el verano pasado arrasó, especialmente, el noroeste peninsular. Solo en agosto se quemaron más de 330.000 hectáreas. Con el ministro Puente criticando que a varios presidentes autonómicos (del PP) la catástrofe les pillara de vacaciones, el Gobierno solo activó la fase de preemergencia, con lo que la organización de los operativos de extinción siguió quedando en manos de las comunidades. Sin embargo, el Ejecutivo central sí tenía competencias, por ejemplo, para solicitar ayuda a Europa. Ninguno de los máximos cargos al mando, ni autonómico ni nacional, asumió responsabilidades por los incendios.

Los expertos coinciden en que situaciones de colapso o tragedias como las vividas en los últimos meses influyen en la confianza de los ciudadanos en quienes tienen que llevar el mando. Para Miller, los "shocks en la sociedad tienen una influencia sobre la percepción del Gobierno", que puede ser positiva o negativa según la gestión hecha. Hay pocos datos que sirvan para medir esto, pero uno resulta ilustrativo: en el primer barómetro del CIS realizado tras la dana y el apagón, respectivamente, "los problemas políticos en general" escalaron al top de preocupaciones que los ciudadanos observan en España. En ningún otro momento de la legislatura se han situado tan alto en el ranking de problemas nacionales.