En los últimos días de campaña ha aparecido un intenso olor a lodazal en la campaña de Extremadura. Los partidos políticos han abandonado el debate de ideas para, a través de terceros, sacar toda la basura posible que tenían guardada a falta de tan sólo unas horas para la jornada de reflexión, si es que la hay, tal y como se encuentra de turbio el ambiente de cara a las votaciones del domingo. El último episodio fue el del robo de madrugada de una caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), de donde los asaltantes se llevaron, según confirmó la Guardia Civil, 124 sobres con votos de las elecciones emitidos con antelación, y un botín económico de 14.000 euros. Sobre las 14.15 horas los agentes encontraron, abandonada, la caja calcinada. La hallaron a 95 kilómetros de distancia, en Talavera la Real, en un paraje. No ha aparecido el dinero pero sí unos documentos abrasados que la investigación considera que son los sobres de papeletas.
La caja fuerte fue forzada con un objeto similar a una lanza térmica y el atraco fue cometido, según las primeras investigaciones, por «delincuentes comunes». Hubo otros intentos de robo en localidades próximas en la misma noche, en Santa Amalia y Torremejía. El lunes habían intentado robar en otra oficina de Correos, en Talavera la Real, además de en Villafranco del Guadiana.
Esta serie de asaltos llevó a la presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, a denunciar que «están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos». A través de su perfil en redes, destacó que «faltan tres días para unas elecciones que son decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir». También pidió explicaciones el presidente nacional de este partido, Alberto Núñez Feijóo, mientras los populares pidieron la comparecencia urgente de la vicepresidenta primera del Gobierno y máxima responsable de la Sepi, María Jesús Montero, el ministro del Interior, FernandoGrande-Marlaska, y el presidente de Correos, Pedro Saura.
Guardiola denuncia robo de votos en una sede de Correos de una localidad extremeñaE.MEl PSOE contrarrestó la alarma señalando que con esta denuncia Guardiola «al más puro estilo trumpista» intentaba así tapar los últimos casos aparecidos, como el de su conductor (primo de la presidenta de la Junta) y condenado por coacciones a través de unos correos electrónicos a su ex novia. Nada más conocerse los hechos, fue cesado.
A la par, se había desvelado el día anterior que el alcalde de Navalmoral de la Mata había sido acusado por una ex concejal del PP de su equipo de gobierno de «trato machista» y «abuso de poder», señalando además que la dirección de los populares extremeños conocía el caso. El propio regidor, Enrique Hueso, compareció ayer arropado por todos sus concejales para negar los hechos y anunciar que se reserva el derecho a emprender acciones legales por injurias y acusaciones falsas contra la ex edil, Paula González. Además, desveló que había tenido conocimiento de que el mismo día en el que apareció la noticia de la denuncia en elDiario.es, se celebró una reunión y una comida en un restaurante de la localidad en la que participó la propia entre la ex concejala y dirigentes del PSOE, entre los que se encontraba el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo. Antes, el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, advirtió que Paula González había solicitado antes de dimitir como concejal el 2 de diciembre su liberación a jornada completa en el Ayuntamiento con dedicación exclusiva o bien entrar en las listas del PP para la Asamblea, a lo que se habría negado la dirección regional.
Por si faltara poco, el PP había pedido explicaciones días atrás sobre una denuncia contra el número tres de Vox por Cáceres, Álvaro Sánchez-Ocaña -diputado en la pasada legislatura- por presuntamente falsear la firma de su ex mujer en su declaración de bienes de 2024 obligatoria en la Asamblea. La ex pareja habría denunciado al diputado del partido de Abascal por falsificación en diez documentos con la intención de ocultar datos sobre sus ingresos, según publicó Voz Populi. Bautista advirtió que «si eso es así» sería una cuestión «muy grave», ya que se estaría hablando de un «presunto delito de falsedad en documento público».