Cuerpo se abre a ampliar el plan anticrisis para afrontar el "verano con garantías"

• JUANDE PORTILLO @JuandePortillo

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• Las rebajas fiscales sobre luz y gas decaen el 1 de junio por la moderación de precios
• Cuerpo teme que la guerra en Irán arrebate hasta 6.700 millones al PIB

El Gobierno inicia reuniones con los sectores para analizar nuevas medidas y promete a los agentes sociales "diálogo permanente" para diseñar el plan de respuesta al conflicto que regirá desde el 1 de julio.

Aunque la situación en torno al conflicto en Oriente Próximo es de máxima incertidumbre, en medio de las frágiles conversaciones de paz entre Washington y Teherán, el Gobierno español se abrió ayer a la petición de los agentes sociales de estudiar la prórroga de las medidas de alivio de precios desplegadas en respuesta a la crisis para afrontar así el "verano con garantías". Así lo trasladaron ayer los principales responsables económicos del Ejecutivo central a los máximos representantes de patronal y sindicatos, según revelan a EXPANSIÓN fuentes presenciales en la reunión de alto nivel celebrada en el Ministerio de Economía. La cita, se comprometió, inaugura una etapa de "diálogo permanente" entre los ministerios y los diferentes sectores empresariales para evaluar las medidas de respuesta al conflicto que seguirán en marcha a partir del 1 de julio, cuando expire el plan actualmente vigente.

El objetivo formal de la cita de ayer era evaluar el efecto del plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Irán que el Gobierno aprobó el 20 de marzo y el Congreso de los Diputados convalidó una semana después. Aunque todas las partes coincidieron en constatar que las medidas han tenido un impacto positivo en la moderación de los precios, tanto las organizaciones empresariales como las sindicales aprovecharon el encuentro para subrayar que las tensiones están lejos de cesar y que sería necesario comenzar a plantear la prórroga del paquete más allá del 30 de junio, cuando finaliza su vigencia. Conviene recordar que el plan original incluía una batería de rebajas fiscales y ayudas de 5.000 millones de euros inicialmente planteado por unos tres meses de duración y que ligaba la continuidad de las reducciones tributarias a la evolución de los precios. De esta forma, las rebajas fiscales sobre electricidad y gas decaerán el próximo lunes, 1 de junio, al haberse contenido el ascenso de precios por debajo del 15% interanual fijado (la luz cae un 4,3% en abril y el gas cede un 9,6%), mientras que el abaratamiento fiscal de los carburantes seguirá vigente un mes más por su elevado precio.

"España está respondiendo bien al shock del conflicto de Irán. El escudo del Gobierno está cumpliendo su función: proteger el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas", reivindicó el vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, según fuentes oficiales. Desde su Ministerio estiman que sin las medidas adoptadas por el Gobierno, el alza de precios de los carburantes habría sido del 28,9% interanual en el mes de abril, pero que el paquete legislativo adoptado ha permitido rebajar esta subida en 16 puntos porcentuales. En conjunto, estiman, el plan ha permitido rebajar la inflación general en cerca de un punto porcentual.

Una de las principales preocupaciones de empresarios y sindicatos ahora es que la retirada de las medidas a partir del 1 de julio deje a la intemperie a la economía española en un periodo estival en el que el encarecimiento del queroseno podría pasar factura a la llegada de turistas por la vía aérea, por ejemplo.

"Nuestra posición industrial en refino, la rapidez y efectividad de la respuesta de política económica y la cooperación con Europa nos sitúan en mejores condiciones que la mayoría de socios europeos para afrontar el verano con garantías", aseveró ayer el vicepresidente primero del Gobierno, que según fuentes presenciales se abrió a estudiar la prórroga de algunas de las medidas del plan más allá de junio si la crisis sigue teniendo impacto sobre los precios.

El propio Ministerio de Economía manifestó ayer su intención de evaluar "la continuidad y/o adaptación" de las medidas paliativas "más allá del 30 de junio". Con miras a este rediseño, el Gobierno se comprometió ayer a celebrar nuevas reuniones con los agentes sociales y los sectores económicos en las próximas semanas, para calibrar las medidas de apoyo que podrían ser necesarias durante el verano. Dado que el cierre del estrecho de Ormuz ha bloqueado cerca de una quinta parte del comercio mundial de crudo, gas y fertilizantes, entre los sectores más afectados se encuentran el transporte o la industria electrointensiva, pero también el turismo o la agroalimentación.

Para poder evaluar medidas coordinadas en el ámbito económico, laboral, de cotizaciones, energía o fiscalidad, a la reunión presidida por Cuerpo asistieron también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. Del lado de los agentes sociales, participaron el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Al término de la reunión, los sindicatos emitieron un comunicado conjunto reclamando "medidas que mitiguen el impacto de la crisis en Irán sobre los precios y las condiciones de vida de las personas trabajadoras", mostrando su "preocupación por la pérdida de poder adquisitivo" de los trabajadores.

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