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Los técnicos de Hacienda reclaman al Gobierno que las nuevas ayudas no sean generalizadas.
Apenas un mes después de haber comenzado a desactivar las ayudas para paliar el impacto de la guerra contra Irán con la restauración del IVA en las facturas de electricidad y gas, el Consejo de Ministros aprobará hoy la recuperación de la mayoría de esas medidas. Una decisión anticipada por Pedro Sánchez la semana pasada que responde a los avisos de organismos como el Banco de España de que las tensiones inflacionarias provocadas por la guerra en Irán pueden prolongarse hasta el próximo año, pero también a la impopularidad de permitir el encarecimiento de los carburantes justo al comienzo de las vacaciones del verano con el fin de la rebaja del IVA aplicada desde el pasado 21 de marzo.
En medio de la crisis institucional provocada por la catarata de casos de corrupción que afectan al entorno personal y político del presidente del Gobierno, que ha llevado a la mayoría del Congreso a aprobar una iniciativa instándole a a que se someta a una moción de confianza o llame a elecciones anticipadas, el Ejecutivo no quiere seguir perdiendo apoyos. Este cambio de criterio tendrá de nuevo un coste millonario para las arcas del Estado, aunque las medidas podrían decaer si Sánchez no logra recuperar los votos favorables de las formaciones que se han desmarcado del PSOE en las últimas semanas.
Sin embargo, el elevado coste de mantener estas medidas -estimadas en un 0,25% del PIB por el supervisor bancario, una factura muy superior a la de los programas de apoyo de otros gobiernos europeos-, cuando todavía no se han conseguido corregir los desequilibrios fiscales, explica que los técnicos de Hacienda reclamen al vicepresidente Carlos Cuerpo que no prorrogue esas ayudas generalizadas que no distinguen por capacidad o renta, pues a su criterio generan distorsiones en las decisiones de consumo de los agentes económicos y acaban beneficiando más a las rentas altas que a quienes realmente las necesitan.
Por el contrario, las empresas industriales aspiran a lograr una prórroga de las rebajas fiscales sobre los impuestos especiales sobre la electricidad y el gas, así como a la eliminación permanente del tributo a la generación eléctrica que grava su consumo, para no perder competitividad frente a sus rivales de la zona euro, la mayoría de los cuales soportan una menor carga tributaria sobre la energía. El Gobierno ha apurado la decisión sobre la prórroga de su plan de ayudas frente a la guerra en Oriente Próximo, generando así más incertidumbre.
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