A pesar de que la causa judicial de la dana sigue deparando sorpresas y giros de guión -desde los whatsapps del Consell a la personación de Carlos Mazón-, la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Generalitat permitió rebajar el nivel de tensión social en la calle. El presidente valenciano no ha logrado restablecer una relación institucional con las principales asociaciones de víctimas, pero sus manifestaciones cada mes han perdido fuerza con el paso de los meses. En contraste, la protesta que colapsa hoy las calles es la del profesorado valenciano, que durante un mes ha mantenido un pulso pocas veces visto contra el Gobierno valenciano.
Los docentes se han manifestado masivamente en las principales ciudades de la Comunidad Valenciana. Un éxito de convocatoria -en contraste con la caída progresiva del seguimiento de la huelga indefinida- al que han querido sumarse los partidos de izquierdas. Si el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunía este miércoles con los sindicatos convocantes de la huelga (STEPV, CCOO y UGT) para darles su apoyo, a la manifestación del último día de huelga acudían este jueves la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. Los dirigentes de Compromís, por su parte, tampoco han faltado a las distintas protestas.
"Ni la peor patronal tiene cinco semanas de huelga indefinida de sus trabajadores y trabajadoras y no hacen una sola propuesta seria", afirmó Montero en declaraciones a los periodistas, a pesar de que la Consejería de Educación puso sobre la mesa un acuerdo global con inversiones por valor de 3.338 millones de euros que, eso sí, ha contado con el rechazo mayoritario del profesorado.
Morant, por su parte, ha acusado al Consell de ser "incapaz de gestionar una crisis de esta magnitud" y de tener un modelo de "maltrato" a la educación pública. Y ha ironizado incluso con que, de todas las demandas del profesorado, "solo una más o menos se acerca [a lo que piden los docentes], que es la de burocracia, la que no cuesta dinero". "La parte que cuesta dinero, que sería dotar de personal que ayude en la parte administrativa, tampoco han entrado a reconocerla", ha lamentado.
De hecho, el acuerdo parcial para reducir la burocracia que había planteado Educación es el que más firmas ha podido incorporar (solo se ha desmarcado ANPE), mientras que el de valenciano únicamente lo ha suscrito CSIF. A estos dos acuerdos hay que sumar el que previamente había alcanzado la Administración con ANPE y CSIF para la subida salarial, y que el resto de sindicatos sigue considerando insuficiente.
De ahí que STEPV, CCOO y UGT avisen: las movilizaciones no van a parar. De hecho, la huelga no se ha desconvocado sino que se ha suspendido, es decir, los sindicatos pueden volver a activarla en el momento que se decida sin necesidad de preaviso. "No nos hemos rendido", señalaban este jueves desde el STEPV, el sindicato mayoritario, porque "la movilización continúa". "Suspendemos para seguir, y seguimos para ganar", añadían.
Educación ha emplazado a los sindicatos a continuar con las negociaciones en mesas sectoriales. Aun así, hay quien anticipa un otoño caliente a las puertas del año electoral, ya que los sindicatos no descartan retomar la protesta a partir de septiembre. Los populares, antes de perder el poder en 2015, ya experimentaron lo que es tener en contra a un sector numeroso y movilizado como el educativo. Las protestas que tomaron entonces la calle amenazan de nuevo con marcar la precampaña y el inicio del último curso político de la legislatura.