- BEATRIZ AMIGOT
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El Gobierno tiene previsto aprobar, de nuevo mañana, en el Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda, rechazados por el Congreso de los Diputados el pasado viernes.
Los dos decretos volverán a tener la luz verde del Ejecutivo, en principio, sin añadir ningún cambio.
Como ya ocurrió en el primer intento, los decretos necesitarán el respaldo parlamentario. En esta ocasión, el Gobierno parece que tiene herramientas para sacar adelante, al menos, las medidas del primer decreto rechazadas la semana pasada por Junts, PP, Vox y UPN. ¿Cúál es el truco? ¿Cómo lo va a hacer? La respuesta está en la nueva situación que se abre ante las próximas elecciones del 29 de noviembre .
Al convocar los comicios, se disuelven las Cortes. En este periodo la convalidación de esos decretos pasaría a depender de la Diputación Permanente, un órgano más reducido que el pleno y que actúa cuando las Cortes están disueltas. De esta forma, el Gobierno sólo necesita 35 votos, que dan la mayoría absoluta de los 69 que componen ese órgano.
El PSOE tiene 25 y Sumar 6, así que sólo necesitaría otros cuatro para alcanzar la mayoría. Con los votos a favor de EH Bildu, ERC, Podemos y PNV, que ya apoyaron el primero de los decretos en el Congreso, ya podría salir adelante. En este escenario, el rechazo de Junts pasa a ser irrelevante. Previsiblemente, sí decaería es el segundo decreto, por la negativa del PNV.
¿Qué medidas incluía el decreto que puede prosperar?
- Desahucios. En primer lugar, el decreto extiende la vigencia del denominado "escudo social" hasta 2030, prohibiendo los desahucios a familias vulnerables hasta esa fecha al tiempo que se amplían "todos los mecanismos de protección de las administraciones públicas para evitar esta circunstancia y proteger a todas las personas", afirmó la titular de Vivienda.
- Compras especulativas. El texto recoge la identificación de las empresas que compren vivienda para destinarla al alquiler o a la especulación, prohibiéndoles su compra, previsiblemente, hasta 2028. La definición de estos fondos, que no podrían comprar pisos por debajo del 70% de su valor de tasación.
- Socimis. Se reordena la fiscalidad de las Socimis dedicadas a la inversión en vivienda para alquiler "para que orienten su inversión a la vivienda asequible". Esta medida ya estaba recogida en el borrador que se remitió a los grupos el pasado julio, donde se contemplaba un aumento en el tipo del gravamen especial sobre los beneficios no distribuidos que no destinaran sus viviendas al alquiler asequible hasta el 25%.
- Prórroga de alquileres. El primer decreto también incorporará una prórroga para los alquileres que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. Esta extensión sería de un año, siempre que el inquilino lo solicite, ampliable a un segundo, sin subir el precio de la renta por encima de los límites marcados.
- Congelación de rentas. Asimismo, el texto incluye una limitación del 2% en la subida de los alquileres.
- IVA Turístico. El decreto elevará el IVA al que están sujetos los pisos turísticos que no realicen servicios de atención o limpieza, que pasará del 0% actual al 10%.
- Alquiler de temporada y por habitaciones. Como exigían desde Sumar, el primer decreto finalmente incluirá medidas para "evitar el fraude" en los alquileres de temporada y por habitaciones.
- Préstamos para compra. Por el lado de las ayudas, el texto recoge la puesta en marcha de una línea de préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero, gestionada por el ICO, para la adquisición de primera vivienda.
- Bonificaciones para inquilinos y propietarios. El decreto también incluye bonificaciones fiscales para los inquilinos cuyos ingresos anuales no superen los 33.000 euros anuales. Según afirmó la ministra en base a las estimaciones de la Agencia Tributaria, la medida beneficiaría a 1,6 millones de hogares. En paralelo, se articulan mayores incentivos fiscales para los caseros que rebajen el precio del alquiler a sus inquilinos.
- Construcción de VPO. Por último, el primer decreto incluiría la reducción del IVA de la construcción de viviendas de promoción público y protegidas, que pasaría a un tipo superreducido del 4%.