El personal laboral de la administración lleva más de un año sin poder acceder a esta modalidad de retiro anticipado tras endurecerse las condiciones del contrato de relevo en la última reforma de las pensiones.
Tras un año de bloqueo absoluto, el Gobierno da luz verde a un real decreto con el que pretende reactivar la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas. Esta fórmula de retiro anticipado, que permite compaginar el trabajo con el cobro de la pensión, se frenó en seco tras la aprobación de la última reforma de pensiones del pasado año en la que, entre otros elementos, se endureció la contratación de los relevistas en la jubilación parcial. Un medida que, de facto, ha provocado que los organismos públicos dejen de conceder esta posibilidad de salida escalonada del mercado laboral por la complejidad para la creación de puestos de trabajo indefinidos.
Mientras que en el sector privado la reforma, que obliga que el contrato que firme el relevista con la empresa tenga las mismas condiciones que las del jubilado parcial: indefinido y a tiempo completo, supone un cambio de la modalidad contractual -también incrementa el coste ya que este debe perdurar un mínimo de dos años después de que se finalice el proceso-, para las administraciones y empresas públicas se había convertido en un obstáculo insalvable. Ya que para generar este tipo de contratos para el relevista (fijo), en el sector público implica la convocatoria de un concurso, con la publicación oficial de bases, la admisión de candidatos, pruebas teóricas y prácticas, valoración de méritos, y la toma de posesión. Un proceso que ha hecho inviable que las solicitudes de jubilación parcial de los trabajadores puedan ser atendidas en tiempo y forma.
Ahora, tal y como adelantó EXPANSIÓN en septiembre del pasado año, la solución que se ofrece por parte del Ejecutivo para el desbloqueo es la de permitir que se puedan conceder jubilaciones parciales con la contratación de relevistas interinos. Esto, con la contratación de trabajadores temporales como ocurría antes de abril de 2025 cuando el Ministerio de Seguridad Social modificó los requisitos de acceso a esta modalidad de jubilación.
Fuentes sindicales señalaban recientemente a este medio que este problema ha supuesto que más de 6.000 solicitudes de jubilación parcial de personal laboral de las diferentes administraciones y empresas públicas se hayan frenado, lo que ha provocado en los últimos meses una ofensiva de los sindicatos exigiendo medidas al Ministerio de Función Pública dirigido por Óscar López.
"Miles de trabajadores no podían acceder a esta modalidad de jubilación desde el 1 de abril de 2025", explica en un comunicado Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF, mientras carga contra UGT y CCOO por suscribir el acuerdo para la mencionada reforma de pensiones en el marco de la mesa de diálogo social con Seguridad Social, que a la postre ha generado el embudo en el sector público.
Extensión a todos los funcionarios
Cabe recordar que esta posibilidad de jubilación parcial solo está reconocida actualmente para el personal laboral de la Administración, que comprende a unos 250.000 trabajadores. Esta posibilidad fue eliminada en 2012, en un momento de crisis, para contener el coste y mantener el empleo público reduciendo la necesidad de realizar nuevas contrataciones.
Es por ello que una de las reivindicaciones que hace CSIF, sindicato mayoritario de los empleados públicos es la regulación de dicha modalidad de jubilación para el personal funcionario y estatutario. Estos son los funcionarios de carrera y los transferidos a las comunidades autónomas.
Puerta abierta a la temporalidad
Cabe recordar, no obstante, que esta medida de abrir el grifo de la jubilación parcial en la Administración contraviene dos aspectos defendidos por el Gobierno. El primero, que la reforma de pensiones lo que buscó con este endurecimiento del contrato de relevo era reforzar la protección del trabajador que servía para el ejecutar el proceso de jubilación parcial. Mientras que ahora, se volverá a permitir para el sector público la disposición de temporales, algo que por otro lado ya no sucede desde hace un año en el sector privado.
Y por otro lado, también se enfrenta al propósito plasmado por el Ejecutivo en el Plan de Transformación y Resiliencia aprobado tras la pandemia para poder acceder a los fondos europeos. En este, uno de los aspectos comprometidos con Bruselas era la reducción de la tasa de temporalidad en el sector público hasta el 8%. Sin embargo, esta se sitúa aún en el entorno del 30%, lo que ha llevado a la Comisión Europea a advertir a España se posibles sanciones si no se revierte la tendencia -como sí ha hecho el sector privado que tras la reforma laboral ha reducido drásticamente su tasa de temporalidad se sitúa ahora cerca del 12%, respecto al 25% previo a los cambios regulatorios.
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