El poblado okupa asentado sobre las ruinas de la antigua discoteca Attica ya es historia. Este enclave, que durante los 90 se convirtió en el templo del bakalao de la capital, ha visto cómo durante los últimos años se llenaba de infraviviendas habitadas por una comunidad de origen rumano, algunos de ellos carteristas de profesión que habían llegado a ser detenidos hasta en más de 50 ocasiones por la Policía.
La mayoría de las chozas, todas ellas elaboradas con madera y que disponían hasta de césped artificial donde "tomar el sol", corrían a cargo de un carpintero profesional, también de origen rumano. Éste, preguntado por este diario con anterioridad, aseguró que cada una costaba 7.000 euros. Pero ahora, tras ejecutarse la resolución judicial que obligaba a desalojarlo, el terreno -ubicado junto a la A-2, casi lindando con San Fernando de Henares- luce yermo y silencioso, como si nunca hubiese albergado moradores.
Aunque, eso sí, sus okupantes no se han ido muy lejos. Tal y como cuentan trabajadores de la zona, esta comunidad rumana se ha asentado a exactamente 100 metros. Ha cruzado la A-2 para instalarse en una especie de explanada encorsetada entre la Autovía M-21 y el río Jarama. En la mudanza, ya que se llevaron todas las tablas de madera y materiales para volver a edificar cada uno de sus bungalows, utilizaron carros de la compra de distintos centros comerciales para facilitar el traslado.
Chozas en el poblado asentado sobre las ruinas de Attica.María SantamaríaSu salida de la parcela del Attica ha supuesto un "alivio" para sus legítimos propietarios, sorprendidos y disgustados después de que la Justicia, en un primer momento, diera la razón a los okupas. La denuncia interpuesta contra estos intrusos desembocó en una sentencia del Tribunal de Instancia número 12 de Madrid, a la que ha tenido acceso este diario, en la que se absolvía a los acusados atendiendo a dos razones principalmente: que no había quedado acreditado que estuvieran viviendo en el solar y que en ningún momento se les había comunicado explícitamente que no podían estar allí.
Durante el juicio, celebrado este pasado enero, uno de los usurpadores llegó a reconocer que vivía en la citada parcela. Pero añadió que nadie le había pedido que se marchara. La jueza lo tuvo en cuenta. "No consta voluntad expresa por parte de los propietarios de oponerse a su estancia", dice la sentencia.
Actualmente, son 14 los titulares de estos terrenos. Una de ellas recuerda aquel proceso judicial con una mezcla de incredulidad y agotamiento: "Fue horrible. Como los usurpadores no tienen documentos identificativos ni dirección, sus abogados argumentaron que no se podía demostrar que vivieran allí. Decían que simplemente podían estar dando un paseo por el campo...".
La parcela fue originalmente del abuelo de esta propietaria, quien regentaba un restaurante de carnes. Más tarde el local se alquiló a un tercero para instalar en él la discoteca Attica, que cerró tras un incidente en el que murió un joven en un contexto de drogas y enfrentamientos con el personal de seguridad. Cuando el club cerró, en junio de 1995, los actuales dueños comenzaron el periplo para intentar vender este suelo.
En todo este tiempo, una parte del terreno fue expropiada para acometer la ampliación de la A-2. El resto sigue siendo suyo, oficialmente. Aunque no esconden un miedo a que se pueda volver a repetir una situación como la que han vivido con esta comunidad rumana. "Llegaron a perimetrar con una valla la finca, algo que a nosotros la Comunidad de Madrid no nos dejó hacer porque por allí discurre una vía pecuaria... Es alucinante el doble rasero", apunta la propietaria, valorando la "mala" imagen que da Madrid permitiendo escenarios como la veintena de chozas que se instalaron en su suelo: "Parecía Haití".
Los comercios de la zona, principalmente restaurantes, aseguran que estos moradores "no son violentos", al menos cerca de su poblado. "Son asentamientos que crecen sin control... Y que generan muchos residuos que acaban en el río Jarama, que pasa justo a escasos metros de ellos", aseguran.