El rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021 no tiene un padrino que quiera asumirlo. El entonces ministro de Transportes y 'número dos' del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró «no haber tenido nada que ver» y se muestra hostil a la operación en sus whatsapp de la época.
El Ministerio de Nadia Calviño aseguró entonces, por el contrario, a este diario que había apoyado el rescate «como uno más» y «tras los informes favorables del Ministerio sectorial competente», que era el de Transportes. Y también la entonces titular de Hacienda, María Jesús Montero, se basó en datos de Transportes para justificar que era «una empresa estratégica» que cumplía los requisitos.
Todos tienen sus argumentos para escudarse en el otro, aunque el acta preparatoria del rescate, la del 9 de febrero de 2021, en poder de EL MUNDO, muestra cómo se encauzó sin el Ministerio de Transportes. Se reunió ese día el llamado Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas a petición del actual actual vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora.
Asistieron la entonces secretaria de Estado de Energía (y hoy vicepresidenta tercera del Gobierno) Sara Aagesen, la de Economía (actual presidenta de Patrimonio Nacional), Ana de la Cueva y el director general de Industria de la época Galo Gutiérrez, como refleja el extracto del acta adjunto.
Allí, tras una presentación favorable a rescatar Plus Ultra por parte de la Sepi, se produjo «un animado debate entre los miembros del Consejo» que perfiló el rescate de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros apenas un mes después. Consideraron que la aerolínea podía ser considerada «estratégica» como para recibir el dinero y se dieron por informados sobre que faltaba sólo «completar» el análisis con el informe que «haga por su parte la secretaría de Estado de Transportes» que dirigía Pedro Saura y otro de la Secretaría de Estado de Turismo, encabezado por Fernando Valdés entonces. Como ya publicó este diario el 25 de julio de 2021, este último departamento negó haber recibido tal encargo y, de hecho, no lo hizo.
El rescate fue escandaloso, porque los principales accionistas eran venezolanos con sociedades en Panamá y la aerolínea era desconocida, pequeña y deficitaria. Cuando una juez vio indicios de delito declaró imputados a los miembros del Consejo Gestor, pero no a Saura. Aún hoy resulta sorprendente que altos cargos de cuatro ministerios encarrilaran el rescate sin convocar, como había hecho en Air Europa, a Saura y sin haber leído siquiera los informes de Transportes. Este Ministerio sí terminó remitiendo dos documentos, pese al absurdo y embustero desmarque de Ábalos: el de la AESA y el de Aviación Civil.
El primero apoyó claramente la inyección estatal: «La situación financiera de Plus Ultra en el ejercicio 2020 es delicada, ya que estando no calificada como empresa en crisis al cierre de los años 2018 y 2019, experimenta un fuerte deterioro financiero (...) por lo que su supervivencia hace necesario que reciba la ayuda estatal transitoria solicitada». El Gobierno no vio aplicable la prohibición de Bruselas de dar ayuda a empresas que ya estuvieran en crisis antes de la pandemia, aunque ni entonces ni después Plus Ultra ha declarado beneficios. Aún no ha devuelto el principal de los préstamos, aunque sí intereses, según la Sepi.
Saura consideraba a la Sepi «fuera de control» en sus whatsapps a Ábalos por rescatar a la desconocida incluso por él Plus Ultra y criticó que Economía y Hacienda se lo intentaran endosar a Transportes. El ministro sí se había empleado a fondo en Air Europa, donde había sido cortejado por Víctor de Aldama, pero aquí ha insinuado que el cobrador puede haber sido Zapatero. El hecho de que el amigo de éste, Julio Martínez, tuviera firmado con Plus Ultra un 1% de comisión si el Gobierno de Sánchez concedía el rescate y el posible blanqueo chavista con fondos públicos que investiga la Fiscalía da una nueva dimensión a este escándalo que nadie asume ser su promotor.