El 3 de abril pasado la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid certificaba que el parque de energía fotovoltaica FV Tagus, construido por Iberdrola en Alcántara (Cáceres) en 2024, se había erigido en el lugar gracias a -se cita textualmente el escrito, al que ha tenido acceso en exclusiva EL MUNDO- "una resolución manifiestamente contraria a la normativa nacional y europea de protección ambiental, que se aparta groseramente de los objetivos de conservación ambiental de los hábitats y espacios protegidos, y que favorece arbitrariamente el interés del promotor".
El pasado 20 de enero, cuando -como publicó este diario- la Justicia sentaba para declarar como imputados a los dos responsables ministeriales de tal decisión, Marta Gómez Palenque, directora de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica, y su número 2 Eugenio Domínguez, en el juzgado número 41 de los de Plaza de Castilla, no se presentó a interrogarles ningún representante del Ministerio Fiscal.
Y este martes Domínguez era finalmente detenido por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), por presuntamente dar permiso a cambio de dinero a otro gran proyecto de energías renovables: el llamado Clúster del Maestrazgo, en el que la empresa aragonesa Forestalia se proponía levantar no menos de 200 molinos de viento de más de 150 metros en una zona protegida por la Red Natura 2000 y muy poco habitada de Teruel.
El proyecto era tan disparatado y presuntamente lesivo para el medio ambiente según varios indicadores, que Teruel Existe y la ONG Paisajes de Teruel lo habían denunciado, el juez de Instrucción 1 de la capital turolense le encargó investigarlo al UCOMA y los agentes hilaron fino: según fuentes judiciales consultadas por EL MUNDO, descubrieron que varias mercantiles de Forestalia habían pagado altas cantidades por otras sin ese valor y pertenecientes a la esfera de Domínguez. Un cohecho de libro, enmascarado en transacciones societarias que el ex alto cargo recibió a través también de su mujer y con la ayuda de un notario que legalizó irregularmente operaciones que, para que permanecieran ocultas, jamás fueron inscritas en el registro alguno.
Los agentes de UCOMA investigan ahora hasta 52 permisos concedidos por Domínguez a Forestalia, pero otra sombra se cierne sobre el ex alto cargo premiado por Ribera con un contrato a dedo tras su jubilación, como desveló EL MUNDO: su imputación, y la de su jefa, por presunto trato de favor a Iberdrola, en semejantes condiciones a Forestalia, en Alcántara (Cáceres), por el que declaró el 20 de enero.
Allí dijo al juez que si acopió hasta 200 expedientes en su ordenador -tantos como todos sus subordinados a la vez- fue "para darles salida", y llegó a señalar, ante la pregunta de cómo pudo tramitar decenas de expedientes de cientos de documentos cada uno con tal celeridad, que recibía "informes verbales" de los técnicos a su cargo.
Quien no se presentó a la declaración fue Fiscalía. Según la norma, debía acudir algún fiscal de Medio Ambiente de la Fiscalía de Madrid, a interrogar a los dos investigados, la primera de las cuales no sólo era la responsable del departamento a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental que permitió la construcción del parque, sino que lo sigue siendo ahora. Pero no sucedió, nadie de Fiscalía acudió.
El juez instructor, Juan Carlos Peinado -el mismo que el de la causa que investiga por presunto tráfico de influencias a la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez-, primero tomó declaración a Domínguez y después suspendió el trámite sin cuestionar a Gómez Palenque, posiblemente de cara a proseguir el procedimiento por otros derroteros.
La planta fotovoltaica FV Tagus de Ibedrola en Cáceres, en imagen de la compañía. EMJusto cuando se discute el proyecto del Gobierno de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el Ejecutivo propone que sean los fiscales y no los jueces quienes instruyan las causas y por tanto lideren las investigaciones, se imputa por abrumadores indicios de prevaricación a la cúpula que daba permisos medioambientales desde Transición Ecológica, por un caso palmariamente irregular según la propia la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, y en la sala no se presenta ningún representante de la Fiscalía para participar en los interrogatorios.
Los hechos se remontan al 23 de enero de 2023, cuando Domínguez aprobó el informe positivo de Declaración de Impacto Ambiental sobre la planta a construir en Alcántara (Cáceres), de la que Iberdrola ha hecho bandera por sus 380 megawatios, que llegó a recibir 22,6 millones de subvención de fondos públicos europeos FEDER de desarrollo regional, y que fue visitada y respaldada durante su construcción por los responsables de la Consejería del ramo: tramitación y construcción de la planta tuvieron lugar durante los gobiernos extremeños de Guillermo Fernández Vara (PSOE).
En realidad, pese al ok ministerial, el parque se construyó en zona protegida por la Red Natura 2000 y habitada por buitre negro, águila imperial y lince ibérico, entre otras especies, como ha certificado Fiscalía. Así las cosas, la ONG extremeña Fondenex denunció los hechos, lo que no impidió que los terrenos fueran ocupados por las planchas fotovoltaicas y la planta inaugurada con gran boato.
Los frentes se acumulan en torno al funcionario detenido. Como publicó este diario tras emerger las investigaciones de la Guardia Civil a Forestalia en el Caso Leire y en posibles ilícitos detectados en la creación del clúster eólico del Maestrazgo (Teruel), otros funcionarios acusaron a Domínguez de expedir decenas de DIA positivas presuntamente irregulares en beneficio de las promotoras: exactamente el motivo por el que ahora permanece detenido por Forestalia y, de momento, imputado por Iberdrola.
Domínguez lo negó todo taxativamente en diciembre a este periódico, que también ha publicado cómo, tras acopiar todos esos expedientes, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente le premió en 2024 con un contrato de libre designación política.
El juez Juan Carlos Peinado deberá decidir ahora cómo continuar la instrucción de la causa sobre FV Tagus desde el juzgado 41 de Instrucción de los de Plaza de Castilla. A la par, el magistrado de Instrucción 1 de Teruel prosigue la suya tras detener esta semana la UCOMA a Domínguez, al dueño de Forestalia, Fernando Samper, y a otras tres personas vinculadas al presunto cohecho.