El creciente número de obligaciones tributarias obliga a las empresas a redefinir el papel de los departamentos fiscales, reforzando sus estructuras con perfiles orientados al análisis masivo de datos.
En el complejo tablero de juego empresarial actual, la fiscalidad ha dejado de ser una tarea de cumplimiento administrativo para situarse en el centro de las decisiones de los consejos de administración. Lo que antes se gestionaba en los departamentos tributarios por separado y con el foco puesto en evitar sanciones y no tener problemas con el Fisco, ya es un elemento transversal que define la competitividad, la reputación y la capacidad de inversión de las grandes empresas, convirtiéndose en uno de las áreas protagonistas.
Así lo aseguran los responsables fiscales de las principales empresas españolas. En este sentido, Begoña García-Rozado, directora global de Fiscalidad de Iberdrola, señala que la tributación "se ha consolidado en los últimos años como un elemento claramente estratégico", en un entorno donde la "proliferación de nuevas figuras impositivas" obliga a las compañías a "tener en cuenta el componente fiscal desde fases iniciales en cualquier proyecto o inversión". Un entorno regulatorio "cada vez más dinámico y complejo tanto a nivel nacional como internacional", añade, "obliga a anticipar la visión fiscal y alinearse plenamente con el negocio".
A pesar de ello, el objetivo es "que la fiscalidad sea neutra y no condicione la toma de decisiones empresariales", apunta a EXPANSIÓN Manel García, director de Asesoría Fiscal de CaixaBank. "El lanzamiento de nuevos productos al mercado y la ejecución de operaciones corporativas deben valoran correctamente los impactos tributarios asociados con el objetivo de entender mejor el coste de cumplimiento", explica.
En su opinión, "la fiscalidad no debe ser la palanca en la toma de decisiones empresariales" excepto en casos puntuales. Por ejemplo, "cuando las autoridades aprueban incentivos fiscales se valora cómo incardinarlos con sentido económico en los lanzamientos de productos y en la estrategia corporativa".
Todo ello está obligando a las grandes empresas a modificar sus estructuras fiscales para adaptarse a los nuevos marcos normativos y a su creciente peso en la toma de decisiones de los consejos de administración. En CaixaBank, las nuevas obligaciones se gestionan mediante una "reorganización interna de funciones con todas las áreas del banco involucradas" y, en casos específicos, mediante la "externalización de tareas que no revisten materialidad o pueden tener vigencia temporal limitada", explica García.
Por su parte, Iberdrola ha apostado por un modelo "más estratégico, transversal, digitalizado e integrado en el negocio". Así, la función fiscal ha dejado de ser un "mero órgano de cumplimiento" para convertirse en un área de "creación de valor a largo plazo", algo para lo que García-Rozado señala que se están "reforzando perfiles con capacidades tecnológicas y analíticas" para gestionar "grandes volúmenes de datos" y responder a exigencias de información cada vez más inmediatas y detalladas".
Y, en este nuevo ecosistema, herramientas como la "automatización de procesos y el uso responsable de la inteligencia artificial son ya herramientas imprescindibles para garantizar eficiencia, control y trazabilidad".
Barrera en la financiación
Uno de los puntos de fricción más claros para los fiscalistas se encuentra en la maraña fiscal, con "decisiones estratégicas de índole política" que inciden de forma directa en la actividad y el desarrollo de las empresas.
En este sentido, y en lo referente a la financiación, el director de Asesoría Fiscal de CaixaBank señala la limitación de la deducibilidad fiscal de la financiación externa como uno de los hitos más recientes, con el objetivo de "robustecer la capitalización de las empresas como vía de financiación interna frente el endeudamiento", algo que se hará evidente en la próxima declaración del Impuesto sobre Sociedades, cuyo plazo de presentación arranca el 1 de julio y en la que las empresas podrán aumentar el porcentaje de la reserva de capitalización deducible de la base imponible.
Asimismo, Manel García señala, a nivel doméstico, el ejemplo del establecimiento de un impuesto sectorial al margen de los intereses, que en su opinión "supone un mayor coste que no facilita el acceso a la financiación en general, tanto a las empresas como a los particulares".
Las decisiones políticas juegan pues, en este campo, un papel esencial. Más aún, en un entorno de subidas de tipos de interés y mayor exigencia regulatoria en el que "la estabilidad y la previsibilidad del marco fiscal de las operaciones se convierten en factores clave para tomar decisiones", valora García-Rozado.
Dentro del sector energético, explica, "la falta de estabilidad, claridad o coherencia con los objetivos de política energética pueden incrementar la percepción de riesgo y, en consecuencia, encarecer la financiación o limitar el acceso al crédito", trasladando los flujos de inversión "hacia las jurisdicciones que favorezcan el desarrollo industrial y la transición energética". Para ilustrar este punto, la directora global de Fiscalidad de Iberdrola pone de manifiesto el posicionamiento de la Comisión Europea, que ya ha señalado que, en algunos casos, "la electricidad soporta una carga fiscal muy superior a la de los combustibles fósiles -llegando a ser hasta siete veces mayor que la del gas-, lo que considera una distorsión que va en contra de la electrificación y de la competitividad industrial europea".
En definitiva, el mensaje es unívoco: la fiscalidad ya no es sólo una cuestión de números, sino de buen gobierno y supervivencia estratégica.
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