- EXPANSIÓN
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno este viernes para mitigar los efectos de la guerra en Irán, con una batería de medidas que entrarán en vigor este domingo.
Se trata de un plan de medidas que movilizará 5.000 millones de euros, según la estimación del Ejecutivo, conformado por dos decretos: un real decreto ley con medidas económicas generales, como rebajas fiscales a los carburantes, la electricidad y el gas y ayudas a los sectores más afectados, y otro con la congelación de los alquileres por dos años, defendido por Sumar.
Aunque ya publicadas en el BOE, las medidas entrarán en vigor este domingo y estarán pendientes de convalidación en el Congreso de los Diputados, que las votará el próximo jueves, 26 de marzo.
Este viernes, tras un Consejo de Ministros extraordinario, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de un "plan integral de respuesta a la crisis" en Oriente Próximo, originada tras la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán: "Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias", explicó.
"Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos", señaló, según recuerda Europa Press.
El real decreto ley de medidas coyunturales recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.
Además, se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.
La norma también incluye, entre otras medidas, la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos, una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores; y la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto.
Finalmente, también se añadió un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, una de las demandas de Sumar, junto a la congelación temporal de los contratos de alquiler, también presente pero en un decreto por separado.
En concreto, este segundo real decreto ley incluye iniciativas como la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027, que desde Sumar cifran en más de un millón de contratos que afectarán a 2,7 millones de personas.
Entre las medidas aprobadas se incluye la prohibición del despido en las empresas que reciban ayudas públicas relacionadas con los efectos del conflicto. Otra de las iniciativas destinadas a las empresas será el impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, que obligará a las compañías de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno a que faciliten los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo.
El BOE incluye también la decisión del Gobierno de mantener "la suspensión de la causa de disolución por pérdidas ya acordada previamente respecto del COVID-19". De esta forma para el ejercicio 2026 "no se considerarán las pérdidas empresariales sufridas en los años 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital".
Esta medida, de carácter transitorio, "permitirá que las pérdidas provocadas por determinados hechos, de carácter sobrevenido y extraordinario, sean absorbidas en un tiempo prudencial con el fin de favorecer que empresas viables que atraviesan ciertas dificultades ocasionadas por aquellos hechos, puedan seguir operando en el tráfico jurídico y económico".
Además, las medidas aprobadas el viernes incluyen una previsión para que, en caso de que ya se hubiesen formulado cuentas anuales antes de la entrada en vigor del real decreto ley, éstas "puedan ser reformuladas en el plazo de un mes, reuniéndose la junta en el plazo de los 3 meses siguientes a la nueva formulación".
Comentar ÚLTIMA HORA-
12:42
La Justicia gala alerta a la estadounidense de una posible valorización artificial de X
-
12:25
India lanza sus versiones de Ozempic y Wegovy tras expirar la patente de ambos fármacos
-
12:09
Renfe lanza billetes desde 19 euros en Avlo y 33 euros en AVE para Semana Santa
-
11:40
Comexi triplica sus ventas en EEUU y factura 186 millones, un 7% más
-
11:20
Las grandes citas musicales de 2026 disparan la ocupación en los hoteles madrileños