Era una sensación extraña, que añoraban. El volver a dormir. Descansar. Tras meses de desvelos, de incertidumbres y de ir por detrás de la agenda judicial y las investigaciones de casos de presunta corrupción, el Gobierno vivía con cierto respiro. El contexto internacional y el parón en los tribunales sobre las causas que cercaban a La Moncloa concedían el alivio. Pero este martes arranca en el Tribunal Supremo el juicio por el caso mascarillas, en el que se sienta en el banquillo por varios delitos de corrupción el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez y todopoderoso secretario de Organización del PSOE.
Otra vez la agenda judicial tomando protagonismo, en un momento en el que La Moncloa había conseguido iniciativa con su oposición al conflicto bélico en Oriente Próximo, el No a la guerra, el plan de medidas contra la crisis y la remodelación del Gobierno aupando a Carlos Cuerpo. Ha habido heridas, como las importantes derrotas en las elecciones celebradas, pero no esa sensación de no controlar la agenda. De ir desbocados, a rebufo. Ahora vuelve al presente una herida que aún sangra en el PSOE. «Nunca hemos ocultado la gravedad de lo de José Luis, es muy doloroso», explican fuentes del Gobierno.
La vuelta de Semana Santa conlleva que la agenda judicial vuelve a demandar protagonismo para insomnio del bipartidismo. El PSOE con el caso mascarillas y el PP con el caso Kitchen. «Esto no es cuestión de empatar porque el PP en corrupción gana por goleada», señalan desde La Moncloa. «El PP no afronta casos aislados. Afronta su propio sistema. Corrupción económica, corrupción legislativa y corrupción policial para tapar su propia corrupción», esgrimen fuentes socialistas. «Génova 13 es el kilómetro cero de la corrupción en España. Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Montoro. No son escándalos separados. Son un método: el uso del poder para repartirse el botín y enriquecerse. 25 casos judiciales abiertos. Más de 300 años de prisión solicitados para sus principales dirigentes. Más de un siglo de inhabilitaciones».
Pero más allá de intentar poner el foco en los casos que afrontan los populares, el caso mascarillas golpea al corazón del PSOE porque destapó una presunta trama corrupta que operaba en el seno del partido y del Gobierno, que implicaba a la persona que era el lugarteniente de Sánchez. Un torpedo en la línea de flotación del líder socialista, que ganó la moción de censura en 2018 -que defendió el propio Ábalos- con un discurso contra la corrupción. Era una de sus banderas. «No tenemos nada que esconder», explican en el Ejecutivo, donde siguen manteniendo que no temen que Ábalos apunte hacia más arriba, que señale a Sánchez. «Nosotros esperamos que se haga justicia. Que se llegue hasta el final», dicen en el complejo presidencial. «Ninguna amenaza ni ningún chantaje», ha repetido Sánchez, calificando de «mentiras» las acusaciones de Ábalos.
Desde que se conoció la presunta corrupción de Ábalos y Koldo García, los socialistas, con Sánchez a la cabeza, han tratado de encapsular el asunto a un triángulo que completa Santos Cerdán, también investigado en otra trama y que sucedió a Ábalos como el hombre con más poder en el PSOE. Su posición es presentar todo como el desempeño en una burbuja donde los demás estaban ajenos. «La corrupción existe. Pero la respuesta no es la misma. El PSOE ha colaborado con la justicia desde el primer momento. Los hechos investigados son ajenos al partido», explican desde la cúpula socialista. «Esa es la diferencia entre un partido que actúa y un partido que encubre, destruye pruebas y persigue adversarios con los aparatos del Estado». El ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, declararán en el juicio como testigos por escrito. Son dos destacados miembros socialistas.
La presunta corrupción de Ábalos, y también de Cerdán, golpeó el corazón del PSOE y supuso un duro revés político y personal para Sánchez. Eran dos personas de su núcleo duro, de su máxima confianza. La pregunta que muchos de sus compañeros se hacían, y hacen, es cómo pudo pasar todo sin que nadie se percatara. El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas defiende que ha asumido «en primera persona» las «responsabilidades» y que tan pronto como tuvo conocimiento tomó decisiones, como la de apartarlo de sus responsabilidades y exigirle el acta de diputado. En su círculo defienden que al jefe del Ejecutivo «no se le puede pedir responsabilidad in vigilando». En el partido muchos creen que no han habido las explicaciones suficientes.
Ábalos fue cesado como ministro, para sorpresa de todos en el Gobierno y el PSOE, en julio de 2021. Una salida aún a día de hoy llena de interrogantes, de preguntas sin respuestas, que Sánchez ha enmarcado en una remodelación profunda que también conllevó la salida de pesos pesados como Carmen Calvo o Iván Redondo, por la necesidad de aire nuevo tras la gestión de la pandemia. Es su versión de los hechos.
Estos casos de presunta corrupción, además de monopolizar la agenda y opacar la acción del Gobierno para disgusto de los ministros, motivaron una comparecencia del presidente del Gobierno en una sesión extraordinaria del Congreso sobre presuntos casos de corrupción. El haber puesto en marcha medidas es una palanca a la que se acoge el Ejecutivo para intentar voltear la imagen. Entre ellas, el primer Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción de la historia de España, señalan. «Respeto absoluto a la Justicia. Que llegue hasta el final. En todos los casos», sintetizan desde Ferraz y La Moncloa. El fantasma del Palacio de las Salesas vuelve a amenazar sus sueños.