El sistema judicial español se transforma hacia un nuevo modelo organizativo que sustituye los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, en busca de una gestión más flexible de los procedimientos y un impacto directo en los tiempos y costes de la litigación.
Desde este mes de enero, la Justicia española entra en la última etapa de la transformación que supone la Ley de Eficiencia. Esta fase contempla la implantación definitiva en todo el país del nuevo modelo de tribunales de instancia, que sustituyen a los antiguos juzgados unipersonales.
En esta fase final, los cerca de 3.800 juzgados individuales quedan integrados en 431 tribunales de instancia, ya operativos en todo el territorio nacional, con algunas excepciones puntuales que se activarán en febrero.
La implantación del modelo se ha producido de forma escalonada. Más de 300 tribunales comenzaron a funcionar el pasado mes de julio, mientras que desde el pasado 1 de enero se han incorporado los últimos grandes partidos judiciales, entre ellos Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca y Valladolid.
En los casos de Oviedo, Gijón y Avilés, la puesta en marcha se ha fijado para el próximo 15 de febrero, con el objetivo de completar ajustes técnicos y organizativos.
El cambio, que se ha materializado pese a las peticiones de retrasar la entrada en vigor por parte de asociaciones como la de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), implica dejar atrás el esquema tradicional, en el que cada juzgado funcionaba de forma autónoma bajo la responsabilidad de un solo juez y su equipo.
Ahora, los tribunales de instancia agrupan a todos los jueces de un mismo partido judicial en un órgano colegiado, estructurado en secciones especializadas y apoyado por una única Oficina Judicial.
El diseño persigue una gestión más flexible de los recursos humanos y materiales, permitiendo redistribuir la carga de trabajo entre jueces y evitar bloqueos cuando se produzcan picos de litigiosidad o vacantes. Además, el modelo busca facilitar una mayor especialización y homogeneidad en la tramitación de los procedimientos.
Junto a los tribunales de instancia, la reforma introduce las denominadas Oficinas de Justicia en el Municipio, entendidas como puntos de atención descentralizados para la ciudadanía. A través de estas oficinas, es posible realizar diversos trámites judiciales sin necesidad de desplazarse a la sede del tribunal. Según datos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes, estas oficinas tramitaron más de 114.000 gestiones entre julio y diciembre.
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