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La Comisión y los ministros de Economía de la UE avisan de que todas las opciones están sobre la mesa: el 'bazooka' anticoerción, contraaranceles y gravámenes.
Todas las armas -comerciales- comunitarias están sobre la mesa para responder a las nuevas amenazas arancelarias con las que Donald Trump presiona a la Unión Europea para que le entregue Groenlandia. Tanto la Comisión Europea como los ministros de Economía de los Veintisiete quisieron dejar claro ayer que en esta ocasión están dispuestos a sacar toda la artillería disponible para plantar batalla, incluyendo la fijación de impuestos a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, la imposición de 93.000 millones de euros en aranceles o el estreno del llamado bazooka anticoerción.
"Obviamente somos plenamente solidarios con Dinamarca y Groenlandia. Consideramos inaceptable cualquier cuestionamiento de la soberanía e integridad territorial de nuestros Estados miembros", advirtió ayer el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el Ecofin. "En cuanto a las posibles respuestas a las amenazas arancelarias por parte de la Administración Trump, mantenemos todas las opciones sobre la mesa" sin descartar "ninguna opción". La lista, explícito al ser preguntado por la prensa, incluye desde la imposición de impuestos digitales a grandes compañías estadounidenses como Google o Meta, a la activación del llamado mecanismo anticoerción pasando por el cobro de contraaranceles en respuesta a los que imponga Washington.
La batería fue discutida ayer por los ministros de Economía después de que Trump anunciase nuevos aranceles contra los países que han mandado tropas a Groenlandia en defensa de la soberanía danesa sobre el territorio. Se trata de la propia Dinamarca, Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia, Noruega, Suecia y Reino Unido, a los que EEUU impondría una subida arancelaria del 10% desde el 1 de febrero que se incrementarían al 25% desde el 1 de junio.
"Se trata de una cuestión muy grave", advirtió tras el Ecofin Makis Keravnos, ministro de Finanzas de Chipre, país encargado de la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la Unión Europea, defendiendo que "los ministros de Economía y Finanzas tienen un papel que desempeñar en todo esto", mediante la toma de "decisiones precisas" en el ámbito "comercial". El paso se dará una vez que los jefes de Estado y de Gobierno decidan qué palancas activar tras la reunión que algunos de ellos mantendrán hoy con Trump en el Foro de Davos y tras la Cumbre de urgencia de líderes comunitarios convocada para mañana.
"Se ha realizado un trabajo preparatorio exhaustivo desde hace tiempo, por lo que podríamos aplicar esas medidas rápidamente. Nuestra prioridad es buscar un compromiso constructivo con EEUU para alcanzar una solución amistosa, pero debemos estar preparados para actuar si no es el caso", argumentó Dombrovskis, apuntando a que los líderes de la UE tendrán todas las opciones disponibles.
La posibilidad de imponer tributos a las grandes compañías tecnológicas -las big tech- ya fue manejada por la UE la pasada primavera en respuesta a los mal llamados aranceles recíprocos con los que Trump estrenó su mandato. Entre las propuestas barajadas se encontraba la de imponer gravámenes específicos sobre los ingresos publicitarios de los servicios digitales, en línea con la tasa Google española del 3%.
Una alternativa pasiva a la activación de nuevos aranceles por parte de Trump el 1 de febrero sería aguardar sin hacer nada al día 6 del mismo mes, cuando expira -salvo que se prorrogue- la suspensión por seis meses de los 93.000 millones en contraaranceles que la UE suspendió tras la firma del pacto comercial del pasado verano, cuando claudicó a aranceles del 15% sobre sus exportaciones a EEUU. Un pacto que el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió ayer no ratificar.
El último recurso, explícitamente colocado sobre la mesa, sería apretar el equivalente al botón nuclear comercial: activar por primera vez el nuevo mecanismo anticoerción que permite bloquear el acceso al mercado único europeo en caso de injerencia extranjera sobre la soberanía de los Estados miembros.
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