El ex CEO de Plus Ultra Roberto Roselli ha declarado este lunes ante el juez que "el Grupo Zapatero" recibió una comisión del 1% por interceder para la concesión del rescate. El investigado ratifica así el contenido del escrito remitido en julio a la Audiencia Nacional, así como la declaración del lunes en la misma línea del ex director de la compañía, Julio Martínez Sola.
En sus más de dos horas de comparecencia ante el juez José Luis Calama y la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente, Roselli ha explicado que se trataba de una comisión "a éxito" que se desembolsaba si Plus Ultra recibía la ayuda de 53 millones de euros, algo que finalmente sucedió en marzo de 2021.
Ha añadido que Plus Ultra supo con unos días de antelación que iba a recibir la ayuda pública. Fue a través de una llamada de la considera mano derecha de Zapatero, Julio Martínez Martínez, Julito. El 26 de febrero les informó de que la decisión se había tomado. El 2 de marzo recibieron la información oficial de que la Sepi respaldaba la ayuda y el 9 de marzo el Consejo de Ministros la formalizó.
Según fuentes conocedoras de la declaración, las respuestas de Roselli han reflejado el escaso control de la Sepi sobre la situación financiera real de Plus Ultra. El investigado era en esas fechas responsable financiero de la aerolínea. Tanto el juez como la fiscal han vuelto a incidir este martes en el cumplimiento de los requisitos para recibir la ayuda pública, como habían hecho el lunes con el ex presidente Sola.
Parte del interrogatorio se ha centrado en los créditos que Plus Ultra había recibido para sanear su situación financiera y poder así reclamar el rescate de 53 millones. Roselli ha declarado que la Sepi no indagó en esos créditos, que tenían origen en paraísos fiscales y ahora están bajo sospecha.
Quien estaba tras los fondos era el venezolano Rodolfo Reyes, ex propietario de Plus ultra y hoy en la causa, si bien lejos del alcance de la Justicia española. Parte del rescate se empleó para devolver esos préstamos, en una operación que se investiga por posible blanqueo de capitales.
Tanto en el interrogatorio del lunes como en el de hoy, la fiscal ha cuestionado que una empresa controlada por capital venezolano pudiera acceder a ayudas millonarias del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado tras la pandemia.