El independentismo usa los reductos de poder que conservó tras el fin del procés para continuar imponiendo su dogma monolingüe en catalán. El Ayuntamiento de la localidad tarraconense de Amposta, gobernado por ERC, exige un nivel intermedio-alto (B2) de este idioma regional para poder optar a una plaza de electricista en el Consistorio.
EL MUNDO ha tenido acceso a las bases de la convocatoria, aprobada el pasado 3 de noviembre, así como a los exámenes que los aspirantes deberán superar para acreditar el nivel requerido por la Administración secesionista. Las pruebas incluyen ejercicios de fonética y de dominio oral de catalán en las que, según indica el manual de corrección, «se penalizará la pronunciación incorrecta» de sonidos que es típica en castellanohablantes. Así, se castigará «no distinguir entre vocales abiertas o cerradas», «ensordecer las eses sonoras» (casa), «no pronunciar la ele palatal» (cavall) o «no enmudecer consonantes al final de palabra», como ocurre con los infinitivos verbales (menjar).
El examen también incluye pruebas gramaticales de relativa complejidad, como la correcta utilización de los llamados pronombres débiles (-ne/-se/-hi/-ho...), inexistentes en castellano y habitualmente utilizados incorrectamente incluso por personas catalanohablantes.
La prueba lingüística incluida en el proceso de selección también consta de un apartado de «léxico y fraseología» en el que se pregunta el significado de términos como «malucs» (caderas) o de expresiones como «combregar amb rodes de molí» (hacer creer cosas inverosímiles).
El apartado de «morfología» requiere escribir plurales de sustantivos que precisan diéresis (veïns) o palabras con doble ese (rossa), y el de ortografía, vocablos con acentuación abierta (crèdit).
Los aspirantes tendrán que enfrentarse también a la redacción de un correo electrónico de 150 palabras en el que deberán ofrecerse para trabajar como canguro de niños a cambio de alojamiento gratuito, y a una «conversación guiada» sobre el uso de bibliotecas.
«La calificación del ejercicio de conocimiento de suficiencia de la lengua catalana correspondiente al nivel B2 será de apto o no apto, quedando los últimos eliminados del proceso selectivo», concluyen las bases del concurso de selección de personal para la plaza de electricista del Consistorio de Amposta.
Las bases de la convocatoria han sido impugnadas judicialmente por la entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana al considerar que se reclama un nivel «desproporcionado» de catalán a operarios y que ello contraviene la propia normativa de la Generalitat que estipula el grado de esta lengua que debe requerirse en las convocatorias de empleo público. La asociación considera «desmedido» el requisito lingüístico y que supone una barrera para «cualquier ciudadano español que no haya estudiado en Cataluña».
La demanda de Convivencia Cívica fue admitida a trámite el pasado 4 de diciembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona y en ella se reclama que Amposta pase a exigir un nivel elemental (B1) de catalán a los aspirantes, como estipula la Generalitat para operarios con la cualificación y las funciones que desempeña un electricista.
«Desde Convivencia Cívica Catalana creemos que lo que están haciendo ayuntamientos como Amposta es utilizar el catalán para discriminar y excluir a los no catalanohablantes de los puestos públicos. En este caso, se exige para ser electricista que el aspirante pronuncie las vocales o las eses de una determinada manera, lo que no tiene justificación alguna», sostiene el presidente de la entidad, el letrado Ángel Escolano.
Tal y como reveló EL MUNDO en pasado mes de octubre, una demanda de Convivencia Cívica contra el proceso de selección de un empleado del Ayuntamiento de Vic acabó con este Consistorio barcelonés gobernado por Junts condenado por la Justicia. El municipio reclamó un nivel de catalán B2 para optar a una plaza de operario de cementerio y mantenimiento y el Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona declaró «nulas» las bases de su concurso público y ordenó al Ayuntamiento que pase a requerir el nivel básico (A2) a los candidatos. El fallo provocó una airada reacción del partido dirigido por Carles Puigdemont al considerar que se perseguía al catalán.