A falta de un mes para que se cumpla el plazo establecido por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para el cierre «definitivo» del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade), el Ministerio de Migraciones desafía la orden municipal: no sólo no da detalles sobre cómo realizará el realojo de los inmigrantes allí acogidos, sino que carga desde estas instalaciones contra la falta de «humanidad» y «solidaridad» del Partido Popular por tratar de clausurar el centro.
La ministra Elma Saiz y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, celebraron ayer el Día del Migrante desde este centro. Unas instalaciones sobre las que a finales de julio, como contó este diario, se ordenó su cierre por no contar con la licencia adecuada para la actividad realizada, y que en septiembre el consistorio declaró el «cese definitivo» de sus actividades.
El Ayuntamiento daba dos meses al Gobierno para que recurriera esta decisión y cuatro para ejecutar el realojo de las personas allí acogidas. A día de hoy se ha cumplido el primer plazo sin alegación alguna y queda un mes para cumplir el segundo sin que la alcaldesa, Paloma Tejero, haya recibido ninguna información sobre el plan del Ministerio para el traslado de los acogidos.
De ahí que en las últimas horas, y tras el acto celebrado en las instalaciones del Creade, Tejero haya remitido una carta a la ministra Saiz en la que le exige que aclare cómo acatará la orden, cuyo plazo máximo es el 17 de enero: «Como queda un mes para el vencimiento del plazo concedido, le solicito tenga a bien trasladarme la información relativa a las medidas que ha previsto el Gobierno del que forma parte, para, en aras del principio de legalidad, garantizar el cumplimiento de la resolución dictada y cesar en el ejercicio de la actividad que se desarrolla en el Centro», exige la alcaldesa a la ministra.
El Gobierno sí presentó alegaciones en el plazo de 15 días que el Ayuntamiento dio en verano tras la inspección técnica que desembocó en la orden de cierre por falta de licencia. No obstante, Pozuelo decretó en septiembre la clausura definitiva de las instalaciones y en los dos meses siguientes, que era el plazo disponible para recurrir ante la Justicia o la Administración, el Ministerio guardó silencio.
Ahora, a falta de un mes para que el Ayuntamiento cumpla el decreto y clausure definitivamente el centro de acogida, en el consistorio instan al ministerio a que aporte detalles que determinen cómo será el proceso de salida y realojo de los inmigrantes instalados allí en otros centros dependientes del Gobierno. De no hacerlo el Ayuntamiento de Pozuelo podría acudir a los tribunales ante la inacción del Gobierno.