El Gobierno ha dado un paso más en su camino, en vísperas electorales, para asfixiar a la enseñanza privada. Después de los dos decretos que limitan la capacidad de actuación a las universidades no sostenidas con fondos públicos, ha concretado su ofensiva contra lo que el pasado febrero el presidente Pedro Sánchez denominó "chiringuitos" de la Formación Profesional (FP).
La ministra de Educación y FP, Milagros Tolón, no ha dicho cuántos "chiringuitos" hay ni cuáles son, pero sí ha enumerado las exigencias de un nuevo real decreto que regula la privada, que se debate este lunes con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de FP.
La norma, que el Gobierno quiere que esté aprobada antes de final de año, acaba en la práctica con el modelo de FP online, pues exigirá a todos los centros que tengan una presencialidad obligatoria que antes no tenían: en el caso de los títulos virtuales, tendrá que ser de entre un 15% y un 39%, además de la formación en empresa, mientras que en los estudios semivirtuales, será de entre el 40% y el 60% de la actividad lectiva.
"Un chico o una chica que estudian un grado de Mecánica tienen que conocer un motor por dentro, o un alumno que se forma en estudios relacionados con la Odontología tiene que saber tratar al paciente. Si hacen un módulo de Peluquería 'online', tienen que tener unas horas de prácticas y de estética, no puede ser que nunca hayan estado en un centro o en un laboratorio", ha argumentado la ministra.
Por otro lado, el Gobierno establece unas ratios máximas: ahora cada comunidad autónoma fija su número de alumnos por aula y es muy dispar. Para la FP virtual, la ratio máxima será de 50 estudiantes por aula, mientras que para la presencial será de 25 alumnos por aula. La ministra ha precisado que cuando haya presencialidad en los títulos virtuales, las ratios tendrán que ser de 25 alumnos.
Este cambio se hará de forma gradual: la ratio máxima será de 80 alumnos por aula en la formación virtual en el curso 2028/2029, de 60 alumnos por aula en el 2029/2030, y de 50 alumnos por aula en 2030/31. Es decir, el real decreto, que se aprueba automáticamente sin pasar por el Congreso, no estará implantado del todo hasta dentro de cuatro años.
Requisitos básicos
La FP atraviesa por un auténtico esplendor, gracias a que su inserción laboral ronda el 90%. Hay 1,2 millones de estudiantes, un 58% más que hace una década y se prevé que para el curso que viene las matrículas sigan creciendo, en torno a un 3%. El borrador que este jueves se someterá a información pública establece los requisitos básicos comunes para los centros privados de FP en toda España.
Es decir, el Gobierno no regula la pública en este decreto, a pesar de que fuentes del sector aseguran que "hay 'chiringuitos' tanto en la pública como en la privada". "Existen centros públicos que a día de hoy no han comenzado las clases porque no tienen profesores", señalan estas fuentes.
Tolón ha dicho dos veces, en rueda de prensa en su Ministerio, que el decreto "no va contra la privada", pero la privada recela y no ve que haya existido el diálogo con el sector del que presume el Gobierno.
Otra de las novedades del real decreto es que los alumnos pueden cursar estudios de distintas familias profesionales de una forma más flexible que ahora. Por ejemplo, uniendo asignaturas de Gestión y Administración de Empresas con Informática o con Comunicaciones.
También se va a exigir a los centros que garanticen desde el principio que tengan empresas apalabradas donde los alumnos puedan hacer las prácticas. Cada cuatro años deberán acreditar que cumplen los requisitos porque, si no, se les revocará la autorización por parte de las comunidades autónomas.
La ministra ha dicho que esta revocación "no podrá producir ningún perjuicio al alumnado matriculado". "Con el decreto garantizamos que es una FP totalmente valida, a estos alumnos habrá que reubicarlos", ha dicho.
El real decreto también desarrolla la figura de los centros asociados (entidad autorizada que colabora con el centro principal) y de los centros de segunda oportunidad para jóvenes de 16 a 29 años que tengan dificultades o se encuentren en situación de vulnerabilidad. Además, se regula mejor la figura de los centros de referencia y de la Red Estatal de Centros de Excelencia, dotándolos de "un marco más estable".