Después de 47 días más bien detrás de la puerta, sujetándola para evitar que se derribara ante las objeciones y críticas a su gestión de la crisis de Ceuta, La Moncloa considera que ha llegado el momento de abrirla e ir «al ataque» para defender «nuestra gestión». Tras una semana dura, donde la hoja de ruta con la desclasificación de documento sobre la entrada masiva de inmigrantes no salió como estaba previsto, con una interpretación general contraria a la del Ejecutivo sobre los avisos del CNI, la decisión fue la de ir al cuerpo a cuerpo frente a la oposición. Pero, en ese camino, se han cruzado decisiones judiciales, que, desde el punto de vista de los socialista, les concede un flanco de desahogo y contraataque. Hace ya tiempo que la tensión entre Gobierno y Poder Judicial es alta, pero lejos de amainar o atender a peticiones de las altas instancias judiciales, hay fuego a discreción. «No nos vamos a callar, que para eso vivimos en una democracia», señalan fuentes del Gobierno.
«Teníamos que salir a defender la gestión del Gobierno, lo un que estamos haciendo, y la tranquilidad y la seguridad de que nosotros estamos haciendo lo correcto», explican miembros del Ejecutivo sobre los mensajes con los que tratan de marcar el paso, tras semanas viendo cómo se lo marcan a ellos. No es casual que dos ministros con peso político, como Óscar López y Óscar Puente, fueran los elegidos para ser la voz del Gobierno. Peso político, trayectoria y sin pelos en la lengua. Los que emplean términos que el jefe del Ejecutivo no puede, pero con los que comulga y bendice. En esa estrategia del ataque como defensa, La Moncloa considera que algunas decisiones judiciales les permiten cierto aliento.
En el foco, la decisión de la jueza María Tardón de instar a la Policía de que no informase del informe que preparó sobre la crisis de Ceuta, o la del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de quienes habían obtenido la nacionalidad española gracias a las facilidades de la conocida como ley de nietos.
«Salvajada» y «atropello democrático». Así define el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la decisión del Supremo. Yendo más, consideró que hay jueces que «se empeñan en tumbar al Gobierno» y «que son salvapatrias». Incluso, llegó a asegurar en una entrevista en TVE: «Hay lobos solitarios que atienden la llamada de Aznar». Este término suele emplearse para designar a terroristas que actúan en solitario, siguiendo, eso sí, unas órdenes o directrices.
Unas reflexiones compartidas por Puente e, incluso, por Ferraz. «Yo no lo diré con sus palabras, pero tenemos ojos en la cara y estamos viendo lo que estamos viendo», corroboró Montse Mínguez, portavoz socialista, tras la reunión de la dirección socialista. «A la Justicia le pedimos independencia, pero la independencia no significa inmunidad y la Justicia debería aparentar al menos ser independiente».
La sensación en la sala de máquinas socialista es que en un momento de debilidad, uno de los peores para el Ejecutivo, con la crisis de Ceuta, que aún prevén que se prolongue en el tiempo y pueda marcar las elecciones, poner el acento en la «persecución» y cómo algunos jueces está inmersos en una «operación» para «derrocar al Gobierno», sí genera consenso entre los suyos. Es un asunto que sensibiliza y concede un cierre de filas, más necesarios que nunca en momentos críticos como el actual.
«Consideramos que teníamos que salir a defender la gestión del gobierno, lo que estamos haciendo, salir al ataque, con la tranquilidad y la seguridad de que nosotros estamos haciendo lo correcto», señalan fuentes del Ejecutivo, que defienden tanto su actuación en Ceuta como la puesta en marcha de la ley de nietos, que en realidad es la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022. «Opinamos cuando se nos pregunta, y ésa es nuestra opinión», exponen. Por ejemplo, la del ministro de Justicia, Félix Bolaños, es que el Poder Judicial ampara al juez instructor del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, por «conservadurismo» o «corporativismo», y que ésa no es manera de «reponer el prestigio y la reputación del Poder Judicial».