En menos de una semana y como se había comprometido, el ministerio de Hacienda ha elevado por segunda vez al Consejo de Ministros la senda de estabilidad (de déficit, deuda y regla de gasto) para el periodo 2026-2028 con los mismos objetivos que el Congreso tumbó el pasado jueves con la mayoría absoluta de PP, Vox, UPN y Junts. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior, donde ha añadido que estos objetivos se remitirán de nuevo a la Cámara Baja, donde, por el momento, no cuentan con apoyos suficientes para salir adelante.
La nueva senda mantiene las metas globales de reducción del déficit público que ya fueron rechazadas por el partido de Puigdemont en julio del año pasado. El agujero de las cuentas públicas (la diferencia entre los ingresos y los gatos) se situaría en el 2,1% del PIB el año que viene, en el 1,8% el próximo y en 1,6% de cara a 2028. En el caso de la deuda, el pasivo del conjunto de Administraciones Públicas se reduciría al 100,9% el próximo ejercicio, al 100% en 2027 y cerraría en el 99,1% de cara al último ejercicio de las proyecciones. La regla de gasto o el aumento máximo permitido del gasto computable será del 3,5%, del 3,4% y el 3,2%, respectivamente.
Si el Congreso vuelve a rechazar la senda entrarán en vigor los objetivos de déficit incluidos en el plan fiscal estructural, que son los mismos a nivel global, pero que obligan a las autonomías a cerrar en equilibrio presupuestario (déficit cero) en lugar de con una décima de desequilibrio. Esto, implica que contarían con 5.485 millones menos de margen de gasto de cara a los tres próximos ejercicios. Una vez superada esa segunda votación, al margen de si las metas reciben o no el visto bueno parlamentario, el Ejecutivo ya habrá completado los trámites previos para poder presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha planteado como objetivo presentar el proyecto de cuentas públicas en el Congreso como muy tarde a mediados del primer trimestre del año que viene. La intención es que los presupuestos puedan estar aprobados a lo largo de los meses de abril o de mayo.
La nueva senda mantiene las metas globales de reducción del déficit público que ya fueron rechazadas por el partido de Puigdemont en julio del año pasado. El agujero de las cuentas públicas (la diferencia entre los ingresos y los gatos) se situaría en el 2,1% del PIB el año que viene, en el 1,8% el próximo y en 1,6% de cara a 2028. En el caso de la deuda, el pasivo del conjunto de Administraciones Públicas se reduciría al 100,9% el próximo ejercicio, al 100% en 2027 y cerraría en el 99,1% de cara al último ejercicio de las proyecciones. La regla de gasto o el aumento máximo permitido del gasto computable será del 3,5%, del 3,4% y el 3,2%, respectivamente.
Si el Congreso vuelve a rechazar la senda entrarán en vigor los objetivos de déficit incluidos en el plan fiscal estructural, que son los mismos a nivel global, pero que obligan a las autonomías a cerrar en equilibrio presupuestario (déficit cero) en lugar de con una décima de desequilibrio. Esto, implica que contarían con 5.485 millones menos de margen de gasto de cara a los tres próximos ejercicios. Una vez superada esa segunda votación, al margen de si las metas reciben o no el visto bueno parlamentario, el Ejecutivo ya habrá completado los trámites previos para poder presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2026.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha planteado como objetivo presentar el proyecto de cuentas públicas en el Congreso como muy tarde a mediados del primer trimestre del año que viene. La intención es que los presupuestos puedan estar aprobados a lo largo de los meses de abril o de mayo.