Se incluyen pagos de 5.000 euros para unos 2.600 autónomos y subvenciones de entre 10.000 y 150.000 euros para 1.400 empresas según su volumen de negocio.
El Gobierno trata de pisar el acelerador para mitigar la crisis desbordada en Ceuta tras la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 inmigrantes procedentes de Ceuta. El segundo Consejo de Ministros -después del de la semana pasada- prácticamente monográfico para impulsar medidas destinadas a abordar la situación en la ciudad autónoma dio luz verde a un real decreto ley que movilizará 309 millones de euros en gasto directo durante el último cuatrimestre de 2026 -equivalente al 16% del PIB ceutí-, junto a una línea de 50 millones en avales del Estado. En él se incluyen medidas de protección para el empleo, ayudas directas para pymes y autónomos y rebajas fiscales estructurales que se extienden a Melilla. El Ejecutivo espera, además, extender el plan hasta 2031, con una dotación acumulada de 507,5 millones de euros.
El plan se divide en cuatro ejes de gasto directo para 2026: acogida humanitaria (118 millones), seguridad (90 millones), tejido productivo y empleo (80 millones) y servicios esenciales (21 millones).
Escudo laboral y ayudas a empresas
Entre las medidas de aplicación inmediata, se encuentran las aprobadas a propuesta del Ministerio de Trabajo, en el ámbito de protección para el empleo, y del Ministerio de Economía, en el bloque de respaldo a empresas y trabajadores (todo con un montante de 80 millones de euros). De este modo, se habilitan los ERTE de fuerza mayor, con un régimen extraordinario hasta el 31 de diciembre de 2026 para suspensiones de contrato y reducciones de jornada vinculadas directa o indirectamente a los acontecimientos de Ceuta. Las empresas tendrán una exención del 100% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social (contingencias comunes, profesionales, etc.) de septiembre a diciembre.
También se pone en marcha la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social al tipo reducido del 0,5%, una línea de avales del ICO por 50 millones y 2 millones para implantar una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
A ello se suman ayudas directas por valor de 36,6 millones de euros. Se incluyen pagos de 5.000 euros para unos 2.600 autónomos y subvenciones de entre 10.000 y 150.000 euros para 1.400 empresas según su volumen de negocio. Según recoge el real decreto, la Agencia Tributaria habilitará las solicitudes el 14 de septiembre para ordenar los abonos a comienzos de octubre.
También se aprueban 16,65 millones para formación y promoción. Distribuidos entre 14 millones en bonos comerciales y turísticos; 2 millones repartidos entre el Plan Ceuta Exporta (ICEX) y Turespaña; y 650.000 euros que el SEPE destinará a programas territoriales de formación para trabajadores ocupados.
Bonificaciones y régimen fiscal
Además, la norma consolida ventajas permanentes para el régimen económico y fiscal de ambas ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. De modo que se eleva con carácter definitivo del 50% al 75% la bonificación patronal a la Seguridad Social en contratos indefinidos y de sustitución por incapacidad temporal en Ceuta y Melilla, incorporando además a sectores estratégicos como la construcción. Medida generará, según calcula el Gobierno, un ahorro de 36,6 millones de euros anuales por ciudad.
La deducción en Sociedades pasa del 50% al 60% para entidades con actividad efectiva local, unida a mejoras en el IRPF para autónomos con el refuerzo de las deducciones aplicables sobre los rendimientos netos generados en ambas ciudades autónomas, lo que elevaría la renta disponible del colectivo. Ambas medidas fiscales se cuantifican en un ahorro de 12 millones anuales por ciudad.
En el ámbito de las infraestructuras logísticas, el plan blinda una asignación específica de 4,25 millones de euros anuales para el Puerto de Ceuta con un horizonte temporal garantizado hasta 2031, lo que supone un respaldo presupuestario acumulado superior a los 21 millones de euros en el quinquenio. Esta inyección sostenida está orientada a modernizar las instalaciones portuarias, optimizar las líneas de conectividad marítima con la península y reforzar la seguridad operativa en la gestión de tráficos de pasajeros y mercancías.
Servicios básicos, seguridad y cobertura humanitaria
El decreto asigna 21 millones de euros a servicios públicos: 4,5 millones para el refuerzo judicial, agilización procesal y justicia gratuita; 3,5 millones para contratar 100 sanitarios del INGESA; 3,2 millones para seguridad escolar y apoyo psicosocial; y 2 millones para el consistorio (adicionales a los más de 7 millones aprobados para la planta desalinizadora).
El capítulo de seguridad absorbe más de 90 millones, destacando 74 millones para el despliegue del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, y 15,1 millones en complementos de rendimiento para la Guardia Civil (8 millones) y la Policía Nacional (7,1 millones). Por su parte, la atención humanitaria (118 millones) reserva 63,6 millones para menores no acompañados y 53,4 millones para alojamiento y asistencia a personas migrantes.
A partir de 2027, el sostenimiento de todo el plan de ayudas representará una dotación estructural recurrente de 52,9 millones de euros al año para Ceuta y 48,6 millones para Melilla (superando los 500 millones de euros hasta 2031).
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