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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno Eduardo Parra (Europa Press) El Gobierno busca poner coto a los medios que viven de la financiación públicaAprueba este martes el anteproyecto de ley de publicidad institucional que Sánchez anunció tras la investigación judicial a su mujer y fija en un 35% el máximo que las Administraciones pueden inyectar en un medio
Madrid
Martes, 24 de febrero 2026, 00:44 | Actualizado 00:57h.
... Publicidad del Sector Público, que, entre otras cosas, pretende que ningún medio de comunicación dependa para su subsistencia de una inversión pública que supere el 35% de sus ingresos totales. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo como una herramienta para combatir la desinformación y garantizar la independencia editorial, tiene por delante un largo e incierto recorrido. La oposición la recibe con recelo y tampoco tiene garantizado el apoyo de los socios parlamentarios.Ese planteamiento lastra de origen, a ojos del PP, la norma, que será sometida a consulta pública antes de regresar al Consejo de Ministros como proyecto de ley con las modificaciones pertinentes y de ser remitida al Congreso.
La base legal del texto es el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, en sus siglas en inglés) concebida en origen para proteger a la prensa de la influencia del poder político y fomentar el pluralismo en un contexto de auge de la extrema derecha, en el poder en varios países de la UE, y en el que Rusia busca desestabilizar, también con desinformación, a las democracias occidentales. La norma, respaldada por los populares en el Parlamento Europeo, es de obligado cumplimiento y no requiere transposición, pero los países miembros pueden desarrollar su propia legislación siempre en coherencia con ella.
Un ajuste pragmático
Su cumplimiento obliga a asegurar que la asignación de fondos públicos responda a criterios «transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios» para evitar la influencia política sobre la libertad editorial, aunque no establece porcentajes. La cifra del 35% del anteproyecto español es el resultado de un ajuste pragmático. Los primeros borradores contemplaban un límite más estricto del 30%, pero el Ejecutivo optó finalmente por moderar su exigencia para tratar de asegurar un eventual respaldo parlamentario.
Además de este tope financiero, la ley exige una mayor transparencia en la propiedad de los medios, de modo que los ciudadanos puedan tener claro quién está detrás de los mismos, y prevé ayudas específicas para aquellas cabeceras en lenguas cooficiales distintas al castellano.
La sombra de los procesos judiciales que afectan al entorno familiar del presidente, en todo caso, sigue planeando sobre la reforma. La oposición ve en el movimiento un intento de censurar a los medios por autoprotección, más que como una medida de defensa democrática general. El Gobierno defiende que ninguno de los grandes medios tradicionales se verá afectado por la norma, pero cree que sí puede servir para pone coto a lo que llama «pseudomedios» escorados a la derecha que es hoy quien tiene la mayor parte del poder autonómico y local en grandes núcleos urbanos y capitales de provincia.
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