El Gobierno de Aragón ha decidido personarse como parte perjudicada en el caso Forestalia ante los numerosos indicios de corrupción que recaen sobre la empresa enérgetica, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) derivados de la investigación de la UCO. El Ejecutivo liderado por Jorge Azcón, a través de sus servicios jurídicos, ha transmitido la petición al Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, encargado del proceso, para tener acceso a la documentación relacionada con la presunta trama y tener la posibilidad de emprender acciones "civiles o penales", en caso de que se lleguen a confirmar los hechos.
La Guardia Civil investiga la presunta aprobación irregular por parte del Miteco y del INAGA de Declaraciones de Impacto Ambiental asociadas a proyectos impulsados por Forestalia, como parte de un "trato de favor" hacia esta empresa.
Estas acusaciones, según ha indicado la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, "son muy graves y preoupantes" y les da "toda la credibilidad". Sin embargo, a la espera de ver como avanza el proceso, descarta solicitar la paralización de los proyectos asociados a la compañía, como el centro de datos "Búfalo", que representa una inversión de 12.000 millones de euros, o clúster del Maestrazgo, que será el mayor parque eólico de España en caso de que llegue a construirse. Además, ha señalado, que ningún representante del Gobierno regional se ha comunicado con Forestalia en los últimos días para hablar sobre esta cuestión.
Vaquero ha situado al actual Ejecutivo como una "víctima" en este proceso y ha querido dejar constancia de que "este proceso salpica exclusivamente al Gobierno de Pedro Sánchez y al anterior Gobierno socialista de Aragón". Por ahora, las únicas personas que aparecen implicadas en la trama son el presidente y fundador de Forestalia, Fernando Samper, el ex alto cargo del Miteco, Eugenio Domínguez, su mujer, un notario y dos testaferros. Todos ellos fueron detenidos de forma temporal en la inspección que los agentes de la UCO realizaron en Zaragoza y Madrid hace una semanas.
En cuanto al Inaga, el Gobierno de Aragón descarta su desmantelamiento y reivindica "el cambio de modelo" efectuado sobre esta institución, para dotarla de "un mayor rigor, control, transparencia y seguridad jurídica".