- MIGUEL Á. PATIÑO
- La CNMC destapa graves desajustes en la red eléctrica en toda España
- Red Eléctrica destapa cientos de proyectos fantasma especulativos con las licencias de luz
- Sara Aagesen: "Viviendas e industria tendrán prioridad en la red eléctrica frente a 'data centers'"
El Gobierno fija fianzas de 160 euros/kW para lograr licencia de enganche o conservar la que se tiene. Para un proyecto tipo, son 8 millones en cinco años.
Todos los proyectos de centros de datos (CPD, o data center) que pidan enganches a la red eléctrica, o los que ya los tengan concedidos pero aun no los estén usando, deberán pagar sumas multimillonarias en concepto de fianza para asegurarse ese punto de conexión. Las cifras que maneja el Gobierno se mueven en una media de 160 euros por cada kilovatio (kW) -160.000 euros por megavatio- de fianza, si el proyecto se demora cinco años en la construcción -como está ocurriendo ahora en una inmensa mayoría de los casos-.
Lo normal es que los centros de datos de tamaño medio sean de unos 50 MW. Es decir, una instalación tipo terminaría pagando unos ocho millones de euros en concepto de fianza durante esos cinco años. Ese dinero, que deberá ser desembolsado en cuotas mensuales, se devolvería una vez que la instalación esté conectada a la red, en forma de descuento progresivo de los peajes que se tengan que pagar por esa conexión.
El objetivo del Gobierno es que la fianza actúe como barrera disuasoria para aquellos proyectos que realmente no tienen vocación de permanencia y que, en realidad, son pura especulación. En estos momentos, de saturación de la red eléctrica en España, las licencias de enganche son el activo más valioso en la construcción de un data center o cualquier otro proyecto de gran consumo de energía.
Niveles delirantes
La avalancha de data center ha alcanzado niveles delirantes. Además, hay un caos añadido: una cosa son las licencias de enganche que ya se han concedido, pero que no se están usando, y otra las solicitudes que se agolpan para conseguir un punto de conexión. La suma de ambas cifras es descabellada y crece como un suflé.
A finales de 2024 había 70.000 MW, solo en proyectos para conexión a la red de alta tensión (transporte), que gestiona Redeia,y en proyectos para líneas de baja y media tensión (distribución), que gestionan Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Tomando como referencia esta cifra -modesta para algunos-, las fianzas solicitadas por el Gobierno se elevarían a más de 10.000 millones de euros.
En la carrera por el acceso a la red eléctrica los data center compiten con otros proyectos, lo que multiplica el problema exponencialmente.
170.000 MW 'fantasma'
Cani Fernández, presidenta de la Comisión de Competencia, explicaba hace unos días en su comparecencia anual en el Congreso de los Diputados que existen más de 90.000 MW con permisos de acceso concedidos que no se está utilizando de una manera eficaz. Datos internos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que suman licencias concedidas y solicitudes, elevan los megavatios fantasma a 170.000, más que toda la capacidad de generación eléctrica existente en la actualidad en España.
Una doble criba
El objetivo del Gobierno es hacer una doble criba. Por un lado, quiere identificar cuales de esos 170.000 MW son para data center, y cuales para otros usos -planes urbanísticos, polígonos industriales e infraestructuras de uso compartido entre varios consumidores-. Una vez identificados, quiere cribar a los proyectos de data center dudosos. La fianza solo se aplicará a data center -no a otros proyectos-. Y será creciente si pasa el tiempo y no se conectan a la red. La introducción de esta fianza surgió hace un mes, en el decreto de medidas anticrisis. Además de rebajas fiscales para reducir el impacto del alza de los carburantes por la guerra del Golfo, el Gobierno usó el decreto para hacer una auténtica reforma eléctrica encubierta, sobre todo en accesos a la red. El decreto parece diseñado ad hoc para frenar el boom de data center, proyectos por los que el Ejecutivo no siente especial simpatía.
Declaración de guerra
La exposición de motivos del decreto era una declaración de guerra."Cerca del 90% de la capacidad de acceso a la red ha sido otorgada a promotores que, hasta la fecha, no han hecho un uso efectivo de la misma", decía. Por eso, el decreto obligaba a pagar "una prestación por reserva de capacidad de acceso, exigible desde la obtención de los permisos de demanda para puntos de conexión de tensión igual o superior a 1 kW hasta el inicio de la actividad".
Es decir, una fianza a todos. Además, no solo a proyectos a los que se otorgue licencia desde ahora. También a los que ya tengan, pero que no la hayan usado. Los pagos son mensuales y se aplican hasta que el proyecto esté construido y conectado a la red.
Los morosos, expulsados a los doce meses
El real decreto de medidas anticrisis, que regula la fianza a pagar para reservar capacidad de acceso a la red eléctrica, entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de marzo pasado. El decreto da tres meses de plazo para que aquellos proyectos que no quieran desembolsar fianzas renuncien a la licencia de enganche que tienen concedida (y que todavía no han usado), o desistan de la solicitud. A partir de ese momento, es decir, el 21 de junio próximo, deberán empezar a pagar la prestación, por meses. Estas serán crecientes a medida que se demoran en la ejecución del proyecto. El impago de más del 10% en un año natural implica la pérdida automática del derecho de acceso y/o la conexión. Con la criba exprés de morosos, se despeja la red para otros proyectos.
Claves de la fianza: tasa de 2,3 a 166,3 euros, 3 meses de perdón y 'factor K'
El pago que deben hacer los proyectos de data center ha sido bautizado por el Gobierno como "prestación por reserva de capacidad para acceder a las redes". Se considera un pago anticipado de los peajes eléctricos que, una vez conectado a la red, deberá pagar esa instalación. Por eso es una fianza.
Se devolverá cuando la instalación empiece a funcionar. El primer año de funcionamiento, los peajes se reducirán un 100%. El segundo año y sucesivos los peajes se rebajarán un 80%, hasta absorber la fianza al completo. La fianza, que debe liquidarse en tramos mensuales, se ha fijado tomando varios parámetros: potencia del proyecto, tipo de red (alta, media y baja tensión) y tiempo de demora hasta que el proyecto se materializa. A más potencia, más tensión y más tiempo de demora, más tasa. Además, el Gobierno ha fijado un factor multiplicador (K), de 0,4 a 1,5, que multiplica exponencialmente la tasa si el proyecto no se pone en marcha. La fianza puede oscilar entre 2,3 euros y 166,3 euros por kilovatio hora. Los tres primeros meses, a contar desde el 21 de marzo pasado, están exentos, porque durante ese tiempo el promotor puede renunciar al proyecto sin que se ejecuten garantías (40 euros por kilovatio hora en estos momentos).
Salicru se acerca a los 90 millones de ventas y abre una filial en BrasilAsí anticipa Repsol la demanda en cada estación de servicioBlaBlaCar se sube a ChatGPT para llegar a nuevos usuarios Comentar ÚLTIMA HORA