La Abogacía del Estado frena la acusación de «automatismo» de las asociaciones que piden la suspensión de procedimiento y alega que solo se han admitido a trámite 91.505 peticiones
Regala esta noticia Añádenos en Google El presidente del TS, Carlos Lesmes, junto a los magistrados Fernando Román y Wenceslao Francisco Olea durante una de las vistas. (Efe) 22/05/2026 Actualizado a las 14:09h.El pulso judicial por la regularización extraordinaria de extranjeros alcanzó este viernes su punto álgido en el Tribunal Supremo con la vista previa a ... que los magistrados decidan si paraliza el proceso puesto en marcho el pasado 16 de abril o si permite que continúe los cauces previstos. En una jornada maratoniana, la Sala de lo Contencioso-Administrativo escuchó los argumentos de la Comunidad de Madrid, Vox y diversas entidades civiles, como Hazte Oír, que exigen la congelación inmediata del real decreto con el que el Gobierno prevé que se legalice la situación de medio millón de personas aproximadamente. Durante la sesión, la Abogacía del Estado reveló que, hasta este jueves, se habrían registrado un total de 549.596 solicitudes, de las cuales solo 91.505 han sido admitidas a trámite.
procedimiento de «fraude de ley» y alertan de una concesión masiva y descontrolada que altera el flujo migratorio y podría provocar un 'efecto llamada', el abogado del Estado defendió que la admisión a trámite no se ejecuta de forma automática. Según subrayó el representante del Gobierno ante el tribunal, cada una de las 91.505 peticiones aceptadas provisionalmente hasta el momento ha superado previamente un riguroso «chequeo» de seguridad y documentación para acreditar que se cumplen cada uno de los requisitos fijados por la normativa aprobada hace un mes por el Consejo de Ministros.A pesar de los datos ofrecidos por la Abogacía del Estado y la defensa realizada por esta parte, los demandantes mantienen su optimismo de poder paralizar la regularización de migrantes, cuyo plazo expirará el próximo 30 de junio, tras la ronda de intervenciones. La jornada fue abierta por Hazte Oír, cuyo letrado, Javier María Pérez-Roldán, dispuso de diez minutos para incidir en el «daño irreparable» que supondría no congelar la medida antes del vencimiento del plazo, según informaron fuentes de la organización. A la salida del alto tribunal, desde la plataforma civil defendieron que los representantes del Gobierno «no entraron en el fondo del asunto» en algunas de las comparecencias, lo que, a su juicio, denota un «reconocimiento implícito» de que los demandantes tienen razón en sus advertencias constitucionales. Asimismo, añadieron que, durante la sesión, incidieron en «el peligro que implica la no suspensión en tanto en cuanto de no acordarse el reconocimiento posterior del fondo del recurso perdería sentido».
Madrid contra el Gobierno
Por su parte, la Comunidad de Madrid comenzó su intervención asegurando que la norma "no tiene parangón con ninguna de nuestra historia reciente". El Gobierno regional cifró en al menos 250.000 las personas que podrían beneficiarse de la medida en su región, elevando el alcance total a nivel nacional a una horquilla de entre medio millón y 750.000 solicitantes. Con estos datos sobre la mesa, el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso negó que la iniciativa carezca de impacto presupuestario, algo que tildó de "grosero", y alertó del inminente "colapso" en los servicios sanitarios autonómicos por la expedición de tarjetas sanitarias, su afección a las listas de espera y la previsión de que 90.000 personas saturen las oficinas de empleo. Por ello, solicitó a la Sala que suspenda el "efecto inmediato" de las concesiones para que una posterior sentencia estimatoria del Supremo no sea imposible de revertir.
Sin embargo, el Ejecutivo central insistió en que "no se cumplen los requisitos" para la paralización y defendió que "el perjuicio que se causa por la suspensión es superior al interés que se alega", al que calificó de "meramente abstracto". Los servicios jurídicos del Estado apelaron a la "situación de vulnerabilidad" de los solicitantes, al reto de la integración social y a los "importantes efectos para la economía española". Asimismo, el abogado del Estado se esforzó en disipar cualquier sospecha de uso electoral -como argumentan desde la Comunidad de Madrid o desde Vox- de la medida de cara a las próximas generales, defendiendo que "en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar".
Críticas de Vox
Vox lamentó que el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez esquive "de facto un debate parlamentario" sobre una medida de este calado, y puso el foco en los efectos a largo plazo, refiriéndose expresamente a las consecuencias de que estos solicitantes terminen adquiriendo la nacionalidad española. El abogado del partido de Santiago Abascal alertó de un "incremento brutal y no justificado del gasto social", rebatiendo el argumento del Ejecutivo de que el plan no genera costes adicionales porque estas personas ya residen en España. Hasta ahora, precisó el letrado, este colectivo solo puede acceder a "atenciones sociales básicas", por lo que darles cobertura plena tensionará los recursos públicos. "¿Por qué tan rápido? ¿Por qué esta urgencia?", se preguntó.
Tras la celebración de estas vistas en el alto tribunal, se espera que los magistrados emitan su dictamen sobre las medidas cautelares solicitadas en los próximos días, en un momento en que el proceso de regularización cumple su primer mes de vigencia con un volumen de solicitudes que superó las 200.000 en sus primeras dos semanas. No obstante, no es el único día en el que el Supremo tendrá que sentarse a estudiar la paralización de este decreto, puesto que, este viernes, Baleares anunció que se iban a sumar a la interposición de un recurso para la suspensión cautelar de la medida. Como la Comunidad de Madrid, basa sus argumentos en que la normativa, bajo su punto de vista, no contó con el consenso de las autonomías, debate parlamentario o valoración del impacto presupuestario.
No obstante, pase lo que pase respecto a las vistas celebradas este viernes, no es la primera decisión del Supremo sobre la regularización de migrantes. El alto tribunal ya rechazó hace unas semanas una medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar la regularización, al no considerar acreditado que existiese especial urgencia para hacerlo.
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