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El Ministerio de Economía debe enviar la solicitud a Bruselas antes de que finalice septiembre después de trabajar para tratar de cumplir los hitos exigidos para el nuevo pago.
El vergel de los fondos europeos Next Generation toca a su fin, pero España busca exprimirlos hasta el último segundo. Así lo adelantó ayer Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía que, en un encuentro con la prensa tras su intervención en el Foro Anual organizado en Bruselas por el centro de estudios Bruegel, confirmó que solicitará el séptimo y último desembolso valorado en unos 26.000 millones de euros.
"Este mes de septiembre se hará el trabajo para mandar, esperamos a finales de septiembre, esa evaluación a la Comisión Europea para ese último pago, los últimos 26.000 millones de nuestro plan de recuperación", explicó, adelantando que apurarán al máximo los plazos recogidos en el programa europeo.
Las reglas de los fondos Next Generation EU contemplan el 30 de septiembre como fecha límite para las solicitudes así como el cierre del año para el desembolso efectivo de ese dinero por parte de la institución que preside Ursula von der Leyen.
El séptimo tramo de los fondos Next Generation EU se distribuye entre 21.000 millones en ayudas y alrededor de 4.500 millones en préstamos. Su desembolso se encuentra asociado al cumplimiento por parte del país de 148 hitos y objetivos fijados en el plan enviado a la Comisión por parte del Gobierno, alrededor de un 30% de todo el plan.
En ese sentido, la suerte de España realmente está ya echada, pues el plazo para cumplir y remitir los hitos y objetivos concluyó este pasado 31 de agosto. Lo que ahora debe considerar el país, además de elaborar toda la documentación, es si ha alcanzado los mínimos necesarios para remitir la petición a Bruselas en su totalidad o si descarta una parte de la asignación directamente. Por el momento, desde el Ministerio de Economía se sigue defendiendo que aspira a los 26.000 millones íntegros.
"Hemos tenido un trabajo muy intenso a lo largo de los últimos meses para llegar a tiempo a ese 31 de agosto para poder certificar ante la Comisión Europea que España ha cumplido con los hitos y objetivos", indicó Cuerpo en relación a los compromisos del plan de recuperación.
Retenciones
Pero, pese al esfuerzo de Economía, lo cierto es que diferentes expertos en la materia esperan algún tipo de recorte al séptimo pago.
Los precedentes avalan esta tesis teniendo en cuenta que Bruselas ha impuesto retenciones en sus últimas solicitudes al país. España tiene 537 millones de euros suspendidos del quinto pago por tres hitos que no ha conseguido todavía completar y otros 626 también congelados por el compromiso relacionado con la temporalidad en el sector público. Además, ha perdido definitivamente 198 millones relacionados con el impuesto al diesel que el Gobierno no ha sacado adelante y que ahora, en plena crisis energética derivada de la guerra de Irán, encontraría todavía más resistencia política.
A favor del Gobierno juegan las adendas presentadas este verano y que le han permitido cambiar algunos de los hitos que todavía debe cumplir por otros considerados más realistas, pero sobre los que Bruselas ha certificado el mismo impacto en lo que a la transición ecológica o digital se refiere.
Para lograr el flujo de dinero, clave en el impulso de la economía española en los últimos años (ver información adjunta) el Gobierno ha tenido que certificar ante Bruselas el cumplimiento de 338 hitos y reformas. En su mayoría, el Ejecutivo nacional se ha centrado en la consecución de los hitos, pues la fragmentación parlamentaria impedía sacar adelante muchas de las reformas acordadas con la Comisión Europea.
Renuncias
Precisamente, esa ha sido una de las causas que ha llevado al Gobierno a renunciar a una buena parte de los fondos. El pasado 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la Adenda de Simplificación del Plan de Recuperación, que reducía la petición de créditos hasta 22.800 millones, aproximadamente un 25% del total asignado.
Perder los préstamos se consideraba un mal menor pues, al aligerar la carga del tramo de los créditos blandos y de las obligaciones vinculadas a ellos, el Ejecutivo priorizó asegurar la llegada total de los 80.000 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido. Esta práctica de las adendas fue promovida por la propia Comisión Europea, que el pasado año instó a todos los países con desembolsos pendientes de los fondos comunitarios a ajustar sus planes de forma realista para evitar que se desperdiciaran grandes cuantías.
Tras la renuncia al grueso de los préstamos, Cuerpo ha defendido que la mejoría de la posición en los mercados de España respecto al momento de la pandemia, con una prima de riesgo muy contenida, ha hecho que no resulten tan atractivos. El Tesoro puede captar deuda más barata que la europea y sin vinculaciones.
Desde el inicio del plan, España ha recibido un total de 78.000 millones en seis desembolsos, equivalente al 76,5% de los 102.000 millones que tiene asignados ahora y que en su momento superaban los 160.000 millones. La cuantía ya recibida está distribuida en seis pagos y se reparte en 61.000 millones en transferencias y 17.000 millones en préstamos.
El total del plan podría acercarse al 9% del PIB
Los fondos europeos han sido un elemento clave en la recuperación económica de España tras la pandemia. Con una nueva pólvora para invertir, la previsión para el 2031, diez años después de la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es que el PIB anual se sitúe hasta 3,4 puntos por encima de su nivel de inercia.
Los más de 79.000 millones de euros con los que ya cuenta España suponen nada menos que un 6,79% del PIB del país y esa cifra podría auparse casi hasta el 9% si el Gobierno logra el desembolso íntegro de los casi 26.000 millones de euros en juego en el séptimo pago.
Según apuntan desde la Comisión Europea, el gasto social del plan, como proporción del gasto total estimado del mismo, asciende al 21,85%.
Estas cifras no tienen en cuenta las reformas afrontadas por el Gobierno para lograr los pagos y que deberían generar un crecimiento indirecto de la economía española.
Del dinero ya desembolsado, 13.760 millones de euros han ido a impulsar la transición ecológica, mientras que 7.380 millones se han dedicado a la transformación digital. Por otro lado, 22.460 millones se han inyectado a actividades relacionadas con el crecimiento inclusivo y la competitividad de las pymes. Cierran la lista los más de 15.000 millones dedicados a la cohesión territorial; los más de 13.000 destinados a la resiliencia de las instituciones y la preparación frente a crisis y los casi 2.000 millones de apoyo a la infancia y las nuevas generaciones.
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