Las Socimis vuelven a estar en el ojo del huracán. El nuevo Real Decreto de vivienda acordado por los socios de Gobierno plantea elevar el tipo del Impuesto sobre Sociedades desde el 15% actual hasta el 25% a estas sociedades patrimoniales con vivienda en su cartera.
Los socios de gobierno, PSOE y Sumar, vuelven a sacar a las Socimis a la palestra al plantear un castigo fiscal a aquellas empresas que tiene en su cartera viviendas y a las que plantea elevar el gravamen especial sobre beneficios no distribuidos.
En concreto el texto plantea una modificación de la Ley 11/2009 a través del Real Decreto-ley de 2026 que introduce cambios significativos en el gravamen especial sobre los beneficios no distribuidos de las Socimi, estableciendo tipos diferenciados según el uso de los inmuebles y ofreciendo incentivos para la vivienda asequible.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana espera llevar este Real Decreto al Consejo de Ministros el próximo martes.
El nuevo decreto fija nuevos gravámenes especiales sobre los beneficios no distribuidos de las Socimis con vivienda en cartera, los cuales pueden elevarse hasta el 25% frente al 15% actual.
Posibles afectados
Empresas como Testa, de Blackstone; como Vivenio, del fondo holandés APG Asset Management y el fondo australiano Aware Super, o como el fondo pensiones de trabajadores sanitarios de Ontario Hoopp que adquirió Iante, son algunas de las Socimis que podían verse perjudicadas.
Esta norma de aprobarse afectaría también a inversores largoplacista que están aterrizando o estudiando hacerlo en residencial en España. Es el caso del fondo de infraestructuras alemán MEAG, que están comprando carteras de vivienda en alquiler y que buscan ampliar su foco, o como Norges, que estudia adquirir la cartera de viviendas en alquiler de Greystar y Via Celere.
Aunque estos fondos no cuentan con Socimis, de momento, en España este tipo de sociedad, que existen en otros países de nuestro entorno, ofrecen una fórmula atractiva para mantener sus inversiones a largo plazo en el país.
De acuerdo con fuentes del sector, una medida como esta desincentiva la inversión, así como la entrada de capital core (que busca menos retornos y no tiene objetivos de salida tan exigente como otros institucionales). Por consiguiente, señalan, esta norma retrae nuevo producto del mercado y ataca a la oferta.
Ya hay varios inversores que han decidido vender de forma unitaria sus viviendas en alquiler para no verse afectados por los vaivenes políticos o en busca de mejores rentabilidades para sus inversiones.
Por ejemplo, Brookfield, que ha adquirido a Blackstone Fidere, tiene la intención de vender las viviendas una a una cuando se vayan terminando los contratos de alquiler de los inquilinos. Azora, que se hizo con una cartera de viviendas de Patrizia en Barcelona, plantea de igual modo la privatización de este portfolio.
No son son los únicos que optará por la privatización. Desde Colliers, estiman que cerca de 40.000 viviendas en alquiler pasarán a manos de inversores cuyo objetivo es la segregación y posterior venta unitaria durante los próximos cuatro años.
Bonificaciones
El texto plantea sin embargo algunas bonificaciones fiscales si las sociedades de inversión destinan una amplia mayoría de sus activos a viviendas con precios limitados.
Estas bonificaciones incluyen una reducción del 50%, si las viviendas destinadas a alquiler a precio asequible representan más del 80% del parque total de viviendas de la entidad, y una reducción del 100% si, además de cumplir el requisito del 80% anterior, la entidad reinvierte los beneficios no distribuidos en más viviendas de alquiler a precio asequible en un plazo de tres años.
Finalmente, se prevé una fase de transición para que estas entidades ajusten sus carteras de inmuebles entre los años 2026 y 2028.
Esta medida se incluye en el nuevo decreto de vivienda cos el que los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, pretenden convencer a sus socios de investidura para aprobar un texto que cuente con el apoyo parlamentario que no han tenido los anteriores.
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