El Departamento de Justicia dirigido por la consejera socialista María Jesús San José cerrará definitivamente la cárcel de Martutene el próximo 15 de junio. Antes, y sin fecha aún oficial, trasladará a los reclusos que cumplen condena en este centro penitenciario a Zubieta. Casi cuarenta presos de la banda cumplen sus condenas en este centro al que han sido trasladados durante los últimos años para acelerar la concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y de terceros grados con los que ya salen a diario a la calle. Históricos dirigentes y sanguinarios terroristas como Garikoitz Azpiazu Txapote, Soledad Iparagirre Anboto, Henry Parot, Jon Olarra Guridi y Ainhoa Mujika -entre otros- cumplen sus condenas en este centro penitenciario.
El Departamento de Justicia ya ha advertido a los funcionarios de Martutene que la vieja cárcel cerrará las puertas el próximo 15 de junio y que ni siquiera ellos podrán volver a acceder a su interior. Antes, el equipo de Instituciones Penitenciarias que lidera el director de Justicia Txema Bastos tendrá que organizar el traslado de todos los internos y garantizar el funcionamiento de la cárcel de Zubieta, construida por el Ministerio del Interior del Gobierno de España. Fuentes penitenciarias prevén que el traslado se realice la primera semana de junio. El cierre definitivo de Martutene se producirá cuando el Departamento de Justicia ha acelerado la concesión de 100.2 y de terceros grados a destacados miembros de la banda como Garikoitz Azpiazu Txeroki y Soledad Iparagirre Anboto. La asociación de familiares de presos de ETA Etxerat incluye a 38 etarras en esta prisión -no hay críticos ni disidentes en este centro- al que durante los últimos han sido trasladados condenados por terrorismo que cumplían sus penas en la cárcel alavesa de Zaballa y en la prisión francesa de Lannemezan.
La concesión del 100.2 a etarras como Txeroki y Anboto que no podían acceder al tercer grado ha sido utilizada hoy en el Parlamento Vasco por los parlamentarios Santiago López (PP) y Amaia Martínez (Vox) para arremeter contra la consejera socialista de Justicia María Jesús San José. Según los datos aportados por el parlamentario del PP vasco, el Ejecutivo autonómico ha concendido 48 beneficios penitenciarios del 100.2 desde el 1 de octubre de 2021 hasta marzo de 2026. Una cifra que contrasta con los 56 que el Ministerio del Interior otorgó a etarras desde el año 2003 al 2021, cuando Pedro Sánchez cedió la competencia de prisiones a Euskadi. "¿Tanto beneficio al preso de ETA para contentar a sus socios de Bildu y para que Sánchez siga en el poder merece la pena?", le ha preguntado López a la consejera María Jesús San José en el Parlamento Vasco.
El PP vasco ha denunciado desde octubre de 2021 la desproporción entre los beneficios penitenciarios aplicados a los presos de ETA respecto al resto de la población reclusa. Hasta mayo de 2025, el Gobierno vasco había aprobado 35 aplicaciones del artículo 100.2 (impulsado por los directores de cada centro); 30 beneficiaron a etarras y 5 al presos comunes. Sin embargo, a partir de mayo del año pasado, el equipo de Instituciones Penitenciarias ha intentado revertir esta desproporción. Después de las denuncias públicas de víctimas como Covite, el Gobierno vasco ha ampliado los 100.2 para presos comunes. Desde mayo de 2025 a marzo de 2026, 89 presos comunes han sido beneficiados con el 100.2 junto a 18 etarras.
La consejera San José ha intentado capear las duras acusaciones de López y de Martínez negando un trato de favor político a los presos de la banda ETA. Pero sí ha reconocido que "el contexto ha cambiado de forma sustancial" por la desaparición de la violencia de ETA desde 2011. "No es gestionar la violencia activa, sino consolidar la convivencia, garantizar la memoria de las víctimas y avanzar en procesos de reinserción que no pongan en riesgo ni los principios de justicia ni el respeto debido a quienes han sufrido el terrorismo", ha asegurado San José que se escuda en los criterios "técnicos" en la concesión de estos beneficios a los etarras y su control posterior por la Fiscalía y por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.