Nuevo juicio histórico en el Tribunal Supremo. En el Salón de Plenos del Alto Tribunal ha arrancado este martes la vista oral donde se encuentran acusados el ex ministro de Transportes y el ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por integrar una organización criminal que operó desde el corazón del Gobierno de Pedro Sánchez.
Uno de los testigos de esta primera jornada ha sido Joseba García, hermano del asesor de Ábalos. Solo ha respondido a su defensa, que ha concluido el -pese a todo- largo interrogatorio con una referencia a sus visitas a la sede del Partido Socialista. "¿Ha ido alguna vez a Ferraz a recoger dinero para su hermano o Patricia [Uriz, esposa de Koldo]?", ha preguntado la abogada Patricia de la Hoz.
"Sí. Me identifiqué como todo el mundo. Yo entrego el DNI y paso por el arco de metales como todo el mundo. He estado solo dos veces que recuerde y las dos para eso", ha respondido el testigo. "Me decían con quién ha quedado, dónde va. Ellos me decían dónde tenía que subir. Yo decía que había quedado con... Celia, podría ser [Celia Rodríguez, trabajadora del PSOE]. Ella me dice 'toma, aquí tienes el dinero'. Yo cojo el sobre y se lo llevo a Patricia. Sé que es dinero porque me lo dicen. Yo no abrí los sobres. Uno de los sobres lo cerró delante mío, por eso yo sé también que había dinero".
En teoría, los fondos correspondían a los gastos de partido en los que Ábalos y su equipo habían incurrido y que Koldo se encargaba de recaudar. Así lo ha ratificado el testigo. Las explicaciones sobre ese sistema de reintegro de gastos del partido no convencieron al juez del caso Koldo en el Supremo. El magistrado Leopoldo Puente ordenó a la Audiencia Nacional que investigara el asunto. En ese tribunal se investigan ahora bajo secreto todos los pagos en efectivo de Ferraz en la etapa de Ábalos y Santos Cerdán como secretarios de Organización.
El primer testigo del juicio ha sido Víctor Ábalos, hijo del ex titular de Transportes. Le correspondía aclarar la alegada confusión de patrimonios con su padre. La acusación popular -encabezada por el Partido Popular- le ha preguntado por el piso de lujo ubicado en el Paseo de la Castellana número 164, de Madrid, que supuestamente el comisionista Víctor de Aldama puso a disposición de Ábalos como contraprestación por sus adjudicaciones arbitrarias sobre contrataciones públicas. El hijo ha negado que fuera así. "Mi padre me dijo que fue una estafa, que había un inquilino viviendo. Ni siquiera llegó a tener las llaves", indicó el testigo.
La defensa de Aldama, ejercida por el letrado José Antonio Choclán, se ha enzarzado con el testigo, para desactivar esa interpretación de la estafa. Durante la fase de instrucción, Aldama ofreció al juez explicaciones sobre lo que había tras esa opción de compra del inmueble, que debía comprometer en el tiempo al ministro en su ayuda a la trama. Anticorrupción sostiene que esa aclaración ha resultado valiosa -los investigadores no acababan de entender la operación- y es uno de los motivos que fundamentan la atenuación de penas para el empresario. "Había un okupa. Si eso no es una estafa se le parece mucho", insistió Víctor Ábalos.
A preguntas del abogado de la acusación popular, que coordina el PP, el testigo ha negado haber conversado con Koldo García por sistemas encriptados. También que el mensaje "Café por favor" que recibió del asesor del ministro fuera la clave para emplear esos sistemas seguros. "Ni hablo en clave ni he tenido un teléfono encriptado. Cuando se habla de café es café originario de Colombia, que me encargaban".
Ábalos hijo ha declarado que le hizo "un préstamo de 20.000 euros" a su padre, porque necesitaba ayuda cuando su situación económica cambió tras el divorcio. "¿Le ha devuelto su padre ese importe?". "No", ha dicho el testigo, que ha justificado algunos movimientos económicos que pueden resultar confusos en el trajín que se llevaba su padre para el mantenimiento de los hijos que tenía de distintos matrimonios. "Yo no soy custodio de nadie, todo lo que le he dado a mi padre es de mis ingresos", ha remachado.
Por su parte, el juicio comenzó con las lecturas de las declaraciones por escrito como testigos la presidenta del Congreso y ex presidenta de Baleares, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, relativas a la contratación de la empresa de Soluciones de Gestión, beneficiaria del pelotazo de las mascarillas desde el Ministerio de Transportes. "Desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo. La presidencia no decide a quién se debe contratar. Las decisiones de compra de material sanitario las realizaba el servicio de Salud", indicó Armengol sobre la contratación a la mercantil perteneciente al grupo Cueto.
Armengol y Torres se desmarcan
En su testifical, Armengol negó haber abordado la compra de mascarillas con los tres acusados. En la investigación constan mensajes cruzados con Koldo en relación con la pandemia. "Cariño, te mantengo informada de todo", le escribió el entonces asesor del ministro de Transportes. En cuanto a José Luis Ábalos, la hoy presidenta del Congreso dejó por escrito: "Nunca mantuve conversación alguna sobre contratación ni me mencionó ninguna empresa de compra de mascarillas",
La letrada de la Administración de Justicia también leyó las explicaciones enviadas por el ministro Torres quien ha declarado que "fui conocedor del expediente de contratación por primera vez cuando me contactó el asesor Koldo García para mostrar su preocupación por falta de cumplimiento de las condiciones contractuales por parte del servicio de Salud". El miembro del Gobierno ha indicado que "únicamente" intervino "para hacer seguimiento del expediente tras su contratación" con Soluciones de Gestión. "En todo este proceso no di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución en favor de la mercantil", agregó Tores.
Por su parte, la letrada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha solicitado este martes la suspensión del juicio por haber recurrido su cliente en amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha opuesto a la suspensión, así como el resto de acusaciones. El presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, ha indicado que no le compete al tribunal acordar la suspensión de la vista oral ya que sería competencia del TC acordar la paralización del juicio.
Además del pelotazo de las mascarillas en pandemia, el Supremo también juzga la contratación de la amiga íntima de Ábalos Jésica Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsa, el alquiler del piso que tenía en la Plaza de España de Madrid esta amiga íntima del ex titular de Transportes o el enchufe de la otra amiga del ex ministro, Claudia Montes, en la empresa Logirail. Entre los hechos presuntamente delictivos que también se enjuician se encuentran la operación de arrendamiento del chalé de la Alcaidesa (La Línea de la Concepción, en Cádiz), la estancia de Ábalos en un chalé vacacional en Marbella, su papel en el rescate de la compañía Air Europa, las gestiones para la trama de los hidrocarburos o el contrato de arrendamiento con opción a compra del piso de la Castellana.
Altas penas de prisión
El ex secretario de Organización del PSOE se encuentra encausado por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos (la horquilla menor de los cinco delitos que le atribuye el fiscal es de 12 años y medio de prisión).
Para Koldo García, el Ministerio Público pide 19 años y medio. Además, Anticorrupción solicita que Aldama sea condenado a siete años de cárcel por cohecho y pertenencia a organización criminal. El comisionista también se enfrenta a una pena de multa por un delito de aprovechamiento de información privilegiada. Por su parte, las acusaciones populares -PP, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Adade, Ciudadanos y Iustitia Europa- reclaman que Ábalos sea condenado a 30 años de prisión.
El tribunal que juzga a Ábalos, Koldo y Aldama está compuesto por magistrados de distintas sensibilidades. El presidente Andrés Martínez Arrieta (de perfil moderado), Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar (estos tres jueces de perfil conservador) y Andrés Palomo, Susana Polo y Javier Hernández (magistrados de sensibilidad progresista).