- EXPANSIÓN
La Policía ha acudido al lugar de trabajo de Vito Quiles para arrestarle, pero no le han localizado. Sus abogados aseguran que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.
Un juez ha dictado una orden de detención contra Vito Quiles que por el momento no ha podido ser ejecutada al no localizarle la Policía en su lugar de trabajo.
Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025, si bien las fuentes no han precisado por qué procedimiento se le ha ordenado detener.
Otras causas polémicas en las que se ha visto envuelto fueron las denuncias que interpusieron contra él por acoso Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la analista política Sarah Santaolalla, por una presunta agresión, si bien ambas han sido archivadas provisionalmente.
Fuentes del despacho de Ospina Abogados que representa a Quiles ha asegurado a Efe que no tiene constancia oficial de esa orden de detención pero conocen que la Policía ha acudido al lugar de trabajo de Vito Quiles para arrestarle, si bien no se encontraba en ese lugar en ese momento.
Desde el despacho han asegurado que Vito Quiles se encontraría en su domicilio y que tiene previsto acudir mañana a una comisaría para aclarar este asunto.
Una regularización más política que sensataNueva ola de calor: las altas temperaturas, el viento y las olas ponen en aviso a nueve CCAAExteriores eleva a 26 los españoles fallecidos y a 150 los desaparecidos por los terremotos en Venezuela Comentar ÚLTIMA HORA-
17:18
El juez ordena la detención de Vito Quiles
-
17:01
Edgar Suites compra su segundo edificio en Valencia, en el que invertirá 14,8 millones para crear un apartahotel
-
16:42
Tatxo Benet se desvincula definitivamente de Mediapro con la venta de su 5% a Southwind
-
16:40
Lagarde ve menos riesgo en la inflación y aleja más subidas de tipos
-
16:36
El milmillonario Michael Platt pierde una batalla de 230 millones contra la Hacienda británica