- EXPANSIÓN
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora, Cristina Álvarez.
El juez Juan Carlos Peinado, que ya había convocado a Gómez a la audiencia preliminar, mantiene las acusaciones contra Gómez y a su asistenta en Moncloa, Cristina Álvarez, de ambos delitos pese a sus escritos de defensa reclamando ser absueltas por entender que no los han cometido. Mantiene su posición de enviar a ambas juicio después de que la Audiencia Provincial le corrigiese al archivar dos delitos y ordenar levantar las medidas cautelares que les impuso el instructor, según ha acordado hoy el juez en un auto que difunden Europa Press y Efe.
Conforme a lo previsto, el magistrado envía a ambas a juicio antes de jubilarse esta semana en un auto en el que rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra ellas, pero sí ordena averiguar "la capacidad económica" de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial para que remita las cinco últimas declaraciones de la renta en el marco de las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.
Es la segunda vez que Peinado abre juicio oral contra las dos imputadas. En la primera ocasión, el pasado junio, el juez atribuyó a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y acordó la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio.
Gómez y Álvarez recurrieron la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, este órgano confirmó la decisión del juez de enviar a juicio con jurado popular a las imputadas: a la esposa del presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y a su asesora sólo por el segundo.
Además, decidieron apartar del juicio con jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer imputado en la causa, acordando que contra él se siga la investigación en lo relativo "a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos".
La Audiencia de Madrid señaló que los "indicios" que existen sobre Gómez sitúan su participación en presunto tráfico de influencias cometido por particular tanto en la creación de la cátedra como en "la intermediación en favor de Barrabés", y supuesta malversación de patrimonio público tanto por el destino del 'software' como en "la utilización para fines privados de su asistente personal".
La acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas de las imputadas y la Fiscalía piden su absolución.
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