La juez rechaza el archivo de las actuaciones e impone fianzas a los seis acusados en esta causa, a los que se atribuyen, entre otros, supuestos delitos de malversación y prevaricación
Regala esta noticia Añádenos en Google Instalaciones y vehículos de Soliarsa, la empresa municipal de limpieza de Ronda. (SUR)Irene Quirante y Antonio M. Romero
14/07/2026 a las 11:57h.La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández (PP), y su antecesora, María Teresa Valdenebro (PSOE), tendrán que sentarse en el banquillo de los ... acusados para responder por su supuesta implicación en un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación en el 'caso Soliarsa'. Así lo ha ordenado la juez del Tribunal de Instancia de Ronda en un auto al que SUR ha tenido acceso.
La juez, por su parte, ha rechazado archivar las actuaciones en lo que respecta a Fernández, argumentando que «tras la instrucción practicada concurren individuos de la comisión de hechos que podrían ser constitutivos de delito». Dicha resolución ya es firme, por lo que no admite recurso. Fuentes próximas a la alcaldesa inciden en que los hechos ocurrieron cuando ella no era regidora y que, cuando entró en el cargo, encargó una auditoría para ordenar la situación.
Además, en el auto se han fijado las fianzas para garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento. A Fernández se le han impuesto cerca de 135.000 euros, mientras que el montante para su antecesora ronda los 35.000 euros. La causa será juzgada por la Audiencia Provincial de Málaga, aunque todavía no hay fecha señalada para el juicio.
El origen del caso se remonta a 2019, cuando una auditoría interna detectó una serie de irregularidades en la gestión de la empresa pública. Aunque en un primer momento la causa fue archivada, la Fiscalía reabrió diligencias en 2022 y, tras varios años de investigación, presentó un escrito de acusación en el que señala posibles delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental.
En ese escrito, el Ministerio Público solicita penas de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para las dos alcaldesas, además del pago de indemnizaciones económicas al Ayuntamiento. Para el resto de acusados —trabajadores municipales y un empresario— reclama penas que alcanzan los seis años de cárcel, así como sanciones económicas adicionales. La Fiscalía sostiene que durante varios años se realizaron contrataciones sin procedimiento legal, pagos de facturas sin respaldo y otras prácticas que habrían generado un perjuicio económico a las arcas públicas.
Entre las irregularidades descritas figuran adjudicaciones a empresas sin concurso, facturas por servicios o suministros que no se habrían prestado realmente y procesos de contratación de personal sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. También se cuestionan determinados gastos sociales y subidas salariales aplicadas en la empresa municipal.
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