El laberinto de Jessica, seis años sin su hijo por una denuncia falsa y batallando con la familia de acogida: "Mi niño es mi niño"

«Estaba y estoy destrozada. Aunque haya pasado todo este tiempo, mi niño es mi niño». Habla Jessica, y Jessica es una ciudadana francesa, una mujer que en marzo de 2020 fue de vacaciones a Andalucía, donde se tuvo que quedar a la fuerza por el cierre total decretado a raíz de la pandemia. Un cúmulo de casualidades la situaron en el lugar y en el momento equivocados. Entonces, compartió piso en un pueblo de Almería junto a una compañera que había conocido en una estancia previa en Barcelona y pasó los tres meses del confinamiento allí antes de dar a luz a su hijo en un hospital de la comunidad. 17 días más tarde, los servicios sociales se lo quitaron tras una denuncia falsa de esa compañera de piso con la que convivía y se lo entregaron a una familia de acogida.

Ahora, seis años más tarde, el caso ha llegado al Tribunal Constitucional (TC) después de que su defensa, liderada por Marta Boza del bufete Boza Rucosa, haya agotado la vía judicial ordinaria. Además, ambas esperan que Francia intervenga y han trasladado lo ocurrido al consulado. Por su parte, el niño vive desde 2021 con unos padres de acogida que han iniciado el proceso de adopción. Un laberinto jurídico y burocrático que Jessica califica de «horrible». «Estoy luchando, siempre estoy luchando por él y ahora no puedo parar», asegura desde Barcelona, donde ha fijado su residencia.

El caso parte de una denuncia falsa de su compañera de piso, que nunca ratificó en sede judicial. De hecho, incluso se retractó al mandar una carta posterior reconociendo que las acusaciones vertidas no eran reales. Tanto Jessica como su letrada defienden que no hubo ninguna investigación previa y que la versión de esta persona bastó para que los Servicios Sociales le retiraran de forma urgente al niño en plena pandemia. Jessica enmarca la denuncia de esta mujer en la mala relación que mantenían a raíz de una fuerte discusión y a la circunstancia de que a la compañera de piso le habían quitado a su hijo por los problemas que arrastraba. «Era una persona adicta a las sustancias, se verificó que era consumidora de estupefacientes, además de tener una discapacidad del 65%», apostilla la letrada Marta Boza.

En primera instancia, el tribunal consideró «justificada» la retirada de la tutela del menor por una supuesta situación de «desamparo» e «inestabilidad». Pudo influir que Jessica se trasladara a vivir a Barcelona en busca de trabajo y vivienda: «No me quise ir de España, por supuesto, y pensé que aquí sería más fácil» . Como consecuencia, las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia y las dificultades económicas por las que pasaba, según su versión, le hicieron no cumplir con visitas fijadas por los servicios sociales andaluces. El juzgado le reprochó entonces su poca colaboración, mientras el bebé seguía con la familia de acogida.

En segunda instancia, la Audiencia Provincial de Almería dio un vuelco al caso: aseguró que el proceso de retirada del bebé fue «sospechosamente inquisitorial» y dio la razón a Jessica. Sin embargo, la familia de acogida recurrió al Tribunal Supremo, que dejó constancia en su sentencia de 2024 la falta de garantías en la retirada del bebé y descartó cualquier tipo de reproche a la conducta de la madre, aunque consideró que el niño debía seguir con la familia de acogida por el tiempo transcurrido (en ese momento, cuatro años) y la relación que mantenían. Es decir, admitió la injusticia del procedimiento, pero no lo revocó en un fallo que contó con el voto particular de un magistrado en contra de que se apartara a la criatura de Jessica y la «desprotección grave»que le ocasionó.

Ahora, su abogada Marta Boza ha presentado un recurso de amparo al Constitucional al considerar que durante el procedimiento se habrían vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la vida familiar y el principio de proporcionalidad en la intervención de los poderes públicos, y pide paralizar la adopción mientras la Corte de Garantías no se pronuncie.

Y es que en medio de este laberinto judicial se entrecruza otro importante factor: la familia de acogida solicitó la adopción del niño, un proceso al que Jessica se niega. La semana pasada y en una vista celebrada, ella se opuso formalmente a la adopción -un paso formal necesario- y ahora tiene 15 días para presentar una demanda contencioso-administrativa.

En paralelo, tanto Jessica como la letrada han abierto la vía francesa: esperan que Francia tome cartas en el asunto, según explican, tras contactar incluso con el Ministerio de Exteriores del país vecino y el consulado en Barcelona para trasladar el caso. «Un poco de esperanza» para esta mujer, según define ella misma, tras un proceso «muy largo» y doloroso «también a nivel mental». En este sentido, lamenta que solo ha podido ver «tres veces» al niño en estos seis años antes de que se suspendieran las visitas. Ella tiene trabajo acreditado y un piso en una población del área metropolitana de Barcelona.

«Tengo la habitación preparada para mi hijo, con ropa y juguetes. Lo tengo todo listo desde el principio», zanja Jessica.