"They come out when the coast is clear", Peter Gabriel
El Gobierno de Sánchez ha implementado un patrón de control progresivo sobre organismos que nacieron como contrapesos técnicos e independientes.
Desde el Banco de España al INE, pasando por Red Eléctrica y ahora la AIReF. El proceso es claro: poner al frente de los organismos independientes a personas de perfil político.
Este proceso se ha materializado tanto mediante nombramientos de perfiles vinculados al Ejecutivo como a través de presiones políticas explícitas cuando los datos o informes no encajaban con el discurso oficial.
El Banco de España, pese a ser formalmente independiente, ha visto cómo el Gobierno ha intentado condicionar el debate público sobre déficit, deuda y reformas, reduciendo de facto el espacio crítico de la institución.
Garamendi reclama que los organismos sean "independientes" tras la salida del presidente del INEEl episodio más evidente del giro intervencionista se produce en el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2022, el presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, dimite tras semanas de críticas del Ejecutivo a las cifras de PIB e IPC, oficializadas como discrepancias técnicas pero interpretadas por los propios estadísticos superiores del Estado como un riesgo directo para la independencia del organismo.
La asociación de Estadísticos advirtió de que la operación podía verse como un “ataque a la independencia” motivado por el descontento del Gobierno con unos datos que no coincidían con sus previsiones.
Tanto el INE como el Banco de España han mantenido su independencia, pero se han llevado a cabo cambios sutiles que deterioran su posición como contrapesos.
En el Banco de España se eliminó el capítulo completo sobre la sostenibilidad de las pensiones en el informe anual. En el caso del INE, los profesionales trabajan para mantener la independencia contra viento y marea.
El episodio más evidente del giro intervencionista se produce en el Instituto Nacional de Estadística
Solo se ha conseguido modificar elementos sutiles de la comunicación en las notas de prensa, no la validez de los datos.
Sin embargo, esos “pequeños” cambios de comunicación escoran suavemente las notas de prensa al discurso político, dejando a los economistas críticos la ardua labor de desgranar y puntualizar frases “acomodaticias” que sus propios datos no justifican.
Los nombramientos politizados no solo tienen el objetivo de inclinar la balanza hacia el mensaje triunfalista gubernamental en las comunicaciones, sino que, en la práctica, otorgan al Gobierno más capacidad de orientar metodología, tiempos, mensajes y nombramientos más allá de los responsables máximos.
Se rompe así el principio básico de que las entidades que fiscalizan y reportan la información deban estar blindadas frente a la tentación de maquillar o esconder entre las últimas frases de un informe las realidades macroeconómicas incómodas.
No se ha conseguido dinamitar la credibilidad de la información, que sigue siendo de máxima calidad, pero es incuestionable que los cambios de presentación y comunicación hacen más complejo encontrar los datos incómodos y se sesga hacia el mensaje oficial la parte que tiene que ver con grandes titulares.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), creada para vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas y evaluar políticas de gasto, ha sido un factor constante de tensión con el Gobierno.
Los nombramientos politizados no solo tienen el objetivo de inclinar la balanza hacia el mensaje triunfalista gubernamental en las comunicaciones
Cristina Herrero, presidenta desde 2020, ha defendido reiteradamente la necesidad de preservar la independencia técnica del organismo, solicitando consenso político para reforzar su posición institucional.
Ahora finaliza su mandato tras seis años marcados por informes críticos sobre previsiones oficiales, sostenibilidad de deuda y diseño de los programas de gasto público.
Ante ese final de mandato, la respuesta del gobierno de Sánchez ha sido proponer como nueva presidenta a Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, es decir, un alto cargo orgánicamente dependiente del propio Ministerio de Hacienda al que la AIReF debe supervisar.
No se opta por un perfil “de la casa” ni por un académico independiente, sino por una figura central en las decisiones de política fiscal, modelo de financiación autonómica y parte esencial en el diseño de medidas tan polémicas como el cupo catalán o las quitas de deuda.
Esto introduce un evidente conflicto de interés en un supervisor que debe evaluar de manera independiente ese tipo de decisiones.
El sistema de contrapesos e instituciones independientes va convirtiéndose en un esquema más de la política gubernamental donde los responsables son, a su vez, parte de la maquinaria del Gobierno, que debe ser analizada, evaluada y, por supuesto, criticada y evaluadores.
Cristina Herrero, presidenta desde 2020, ha defendido reiteradamente la necesidad de preservar la independencia técnica del organismo, solicitando consenso político para reforzar su posición institucional
El alumno elige a los profesores y las notas y evaluaciones, mágicamente, mejoran.
Estos movimientos siguen un objetivo muy claro. Si los organismos independientes producen diagnósticos que incomodan políticamente, ya sea en materia de estadísticas oficiales, previsiones macroeconómicas o evaluación fiscal, el Gobierno presiona para colocar perfiles claramente alineados con el poder ejecutivo.
La retórica oficial apela siempre a la “modernización”, la “coordinación” o el “refuerzo” del sistema, pero el resultado efectivo es una erosión progresiva de la neutralidad y credibilidad de las instituciones.
El caso de la AIReF es especialmente revelador porque ni siquiera se pretende esconder el perfil político.
El objetivo no es convivir con contrapesos técnicos, sino neutralizarlos o subordinarlos al relato gubernamental. Incluso cuando esto último no se puede hacer, al menos segar la balanza hacia el mensaje que agrada al gobierno.
Un supervisor fiscal presidido por un alto cargo del ministerio supervisado es un síntoma claro de intento de captura institucional.
La evidencia aparecerá rápidamente en los informes y notas de prensa que pasarán de ser diplomáticos y técnicos, pero críticos, a diplomáticos y técnicos, eliminando o relegando a capítulos que nadie lee lo que pueda ser incómodo.
Si este proceso se consolida, y lo que hoy son amenazas se convierte en un proceso de asalto estadístico real, España corre el riesgo de acabar en un modelo en el que los datos se amoldan a la política, y no la política a los datos.
En un país donde nadie se cree los datos maquillados del paro o los mensajes de “reducción de deuda” que disfrazan la emisión constante de mayores compromisos, este nombramiento demuestra que al ejecutivo de Sánchez ya ni le importa no parecer independiente, quiere perfiles políticos y adhesiones incondicionales.
Los héroes silenciosos, los técnicos que trabajan en estos organismos son la esperanza que nos mantiene como un país serio. De momento.