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Sólo se ha construido una mínima parte de las viviendas prometidas por Pedro Sánchez en los últimos años.
El fondo soberano con el que Moncloa quiere prolongar el efecto tractor de los fondos europeos tendrá un papel activo en la promoción de vivienda pública, asequible y en alquiler. Así lo avanzó Pedro Sánchez en la presentación en sociedad del vehículo denominado "España crece", donde fijó el objetivo de movilizar 23.000 millones de euros de recursos públicos y de aportaciones privadas para edificar 15.000 viviendas al año.
Un objetivo que incluso puede quedarse corto dada la escasez de viviendas disponibles ahora mismo en nuestro país, pero que plantea grandes dudas respecto a cómo se llevará a la práctica. En primer lugar, porque no es la primera vez que el presidente del Gobierno promete promover un determinado número de viviendas que después no se llegan a construir. En la campaña de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, Sánchez encadenó anuncios hasta sumar 183.000 pisos protegidos, además de la "movilización" de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social. En 2024, hizo lo propio con la línea específica del ICO para financiar a promotoras y conceder avales, que debían servir para edificar otras 43.000 viviendas. Y el año pasado puso en marcha el Perte para la industrialización de la vivienda, además de reiniciar los derribos de la operación Campamento en Madrid, con la que se añadirán 10.000 pisos al parque inmobiliario de la capital.
Sin embargo, sólo una cantidad mínima de los mismos ha llegado al mercado, según los datos del propio Gobierno. Entre otros motivos por el fuerte encarecimiento de los costes de edificación en los últimos años, la escasa ejecución de los programas públicos y la baja rentabilidad para los promotores debido a los elevados precios del suelo. Además de ello, el propio intervencionismo de PSOE y Sumar en el sector, junto con los vaivenes en la fiscalidad de la vivienda, conforman un marco de gran incertidumbre jurídica que desincentiva la inversión privada en promoción y construcción, que debido a su propia naturaleza requiere mayor estabilidad de la que ofrece la economía española en estos momentos.
Cabe recordar que la clave de bóveda del fondo "España crece" es movilizar recursos de la iniciativa privada, ya que la contribución del Estado se limitará de inicio a 13.300 millones de euros, de los cuales 2.800 millones procederán de ayudas europeas no ejecutadas que Bruselas exige asignar antes de verano y el resto, de préstamos blandos del programa NextGeneration.
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