«Era muy llamativo. Primero fueron las presiones a los distintos funcionarios, que éramos unos 50 más o menos, todos biólogos, o especialistas en Ciencia Medioambientales, o ingenieros químicos: había que valorar positivamente todos los proyectos que llegaran de Forestalia, las presiones eran muy claras, y llegaban de parte del propio subdirector».
«Después, como él veía que muchos técnicos se negaban a aprobar los proyectos, que la mayor parte de las veces ya llegaban con informes previos negativos de las propias comunidades autónomas, entonces optaron por apartar a los técnicos y quitarles la labor de realizar las Declaraciones de Impacto Ambiental [DIA], que eran la llave que permitía que los proyectos salieran adelante. Ahí fue cuando él mismo se comenzó a quedar los expedientes de las Declaraciones. Decía claramente a todo el mundo: 'Lo de Forestalia dádmelo todo a mí'. Y así fueron saliendo adelante los proyectos. Llegó a acumular más megavatios él solo que el resto de técnicos del área juntos, muchos de los cuales acabaron en otros lugares de la Administración en los que se podía trabajar sin presiones».
Son las denuncias que realizan varios funcionarios del departamento a EL MUNDO. Según ellos, en la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, en la época de Teresa Ribera, se otorgaba trato de favor a los proyectos de Forestalia, la empresa ahora investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional, por presuntas irregularidades en contratación pública, en la causa en que se detuvo la semana pasada a la fontanera del PSOE Leire Díez y al ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero.
Los funcionarios denuncian que en esas oficinas de la plaza de San Juan de la Cruz de Madrid, durante el año 2022, en pleno boom español de las energías renovables, se favoreció a Forestalia, la firma que fue registrada la pasada semana por la Guardia Civil.
Y apuntan a un nombre: Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental hasta junio de 2023, quien a su vez lo niega terminantemente a este diario: «En absoluto se favoreció a nadie, en realidad había un tapón muy importante porque no dábamos abasto con los expedientes que había que tramitar, y España quería hacer una apuesta verdadera por las renovables y no podía ser que aquello no saliera adelante por la burocracia. Por eso yo me ocupé de muchos de ellos, pero para derivarlos a Trasgsatec, que fue subcontratada para gestionarlos: en ningún caso se favoreció a Forestalia, ni a ninguna otra empresa», asegura Domínguez, funcionario «con 44 años de carrera».
La UCO, en todo caso, registró la firma por espacio de seis horas la semana pasada en una causa liderada por el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional y que permanece secreta.
«Era muy cantoso porque la mayor parte de la información de Forestalia ni siquiera llegaba a la Subdirección por registro, como es preceptivo, sino en discos duros, directamente a la mesa de Domínguez», explican varios funcionarios al diario EL MUNDO.
«Los tenía él en su ordenador, de forma claramente irregular. Pero no sólo eso. En Aragón pasaban cosas rarísimas con los proyectos de Forestalia. Primero llegaban varios informes negativos de un proyecto, y luego uno positivo del Inaga [Instituto Aragonés de Gestión Ambienta], que resulta que no lo firmaba ningún funcionario, sino el propio director.En otro momento tuvimos conocimiento de un informe positivo que llegó de allí, y se puso en contacto con nosotros un funcionario de allá que nos dijo: 'Esto no es lo que yo firmé'».
Según estas fuentes, el trato de favor era muy evidente, incluso «se ha favorecido proyectos colindantes a los de Forestalia, y que si salían desfavorables podría perjudicar a la propia Forestalia. En alguno de estos proyectos el Inaga cambió sus informes muy negativos sin razón aparente, y con ese informe positivo el subdirector ya podía presionar para una DIA positiva»
Eugenio Domínguez admite «discrepancias en algunos momentos» con los técnicos, «porque son expedientes de gran complejidad, con muchas derivadas», pero «en ningún caso trato de favor ninguno».
¿Por qué le acusan funcionarios que estuvieron bajo su manto? «Pues no lo sé, además teniendo en cuenta que yo les ascendí. Posiblemente no les sentara bien que se subcontratara todo a Tragsatec, pero no había otra manera de que las cosas salieran adelante, esta es la realidad», argumenta. Domínguez declaró como testigo en un juzgado turolense en el que se sigue una de las denuncias interpuestas por al menos una de estas Declaraciones de Impacto Ambiental positivas: la del parque eólico del Maestrazgo, al sur de Teruel, denunciada precisamente por Teruel Existe y con la oposición férrea del colectivo ecologista Paisajes de Teruel.
Aquella, ha sabido ahora EL MUNDO, fue la primera vez en que la Guardia Civil se presentó en Transición Ecológica para recabar información sobre Forestalia y el Maestrazgo. «Teresa Ribera llamó a Tomás Guitarte y le preguntó: 'Pero ¿qué habéis hecho?'. Y Tomás», cuentan fuentes de Teruel Existe, «contestó: 'No, no, qué habéis hecho vosotros'».