La trama presuntamente financiada por el PSOE para dinamitar las causas judiciales que salpicaban al partido y al entorno de Pedro Sánchez tuvo también en el punto de mira a la juez que destapó el caso de los ERE en Andalucía y otras macrocausas de corrupción que afectaron a los gobiernos socialistas en esa comunidad. La magistrada Mercedes Alaya fue uno de los objetivos a batir por la llamada cloaca del PSOE que dirigía la fontanera Leire Díez, de acuerdo con la investigación que ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El atestado remitido por los investigadores al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz incluye referencias a la juez sevillana que llevó a juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que, además, fue quien forzó que el caso Aznalcóllar, la investigación por un supuesto amaño en el concurso minero de la Junta, acabase en juicio, frente a los intentos reiterados de la juez instructora, Patricia Fernández, de archivar el caso. Por ese asunto llegó a estar imputado y fue juzgado Vicente Fernández, que fue secretario general de Industria de la Junta y que luego sería presidente de la SEPI, además de mantenerle una relación personal con la propia Leire Díez.
Fernández fue finalmente absuelto, pero su imputación, promovida por Alaya, forzó su destitución como máximo responsable del grupo empresarial público, siendo luego contratado por la empresa Servinabar, de la que era dueño, en secreto, el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al que la UCO considera el financiador de las cloacas socialistas.
La trama pretendía "exterminar socialmente" a la juez Alaya, según consta en el sumario instruido por Pedraz y, para ello, se valieron de un policía nacional, que fue responsable de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados de Sevilla. Se trata de Rafael Salvador, al que algunos conocían con el sobrenombre de Torrente, y que en los primeros años del caso de los ERE asumió la investigación bajo la dirección de la juez, aunque Alaya acabó apartándole a él y al cuerpo para encargar las pesquisas a la Guardia Civil.
Leire se reunión con Salvador al menos en dos ocasiones, de acuerdo con las investigaciones de la UCO, en 2020 con la finalidad, supuestamente, de conseguir "información que pudiera comprometer a la juez Alaya" y para "cuestionar las investigaciones que llevó a cabo". La Guardia Civil ha tenido acceso a una carpeta titulada '22 grabaciones Rafael Salvador' dentro de una cuenta de Drive que compartían los implicados en las cloacas del PSOE.
"¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, vale?", le dijo al policía Díez en una de sus conversaciones.
Además, a Vicente Fernández, con el que intercambió múltiples mensajes sobre la actividad de la trama, le comentó en febrero de 2020: "Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de derecho. Todo saldrá bien, volverás [presumiblemente a la presidencia a la SEPI] y nos ocuparemos que el tumor se extirpe". Un mes después, le insistió: "Tenemos que extirpar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis".
Precisamente, la imputación de Fernández por el caso Aznalcóllar se había producido apenas unos meses antes, en octubre de 2019 y citado a declarar el 2 de diciembre.
La primera de las reuniones entre Díez y Salvador tuvo lugar el 13 de febrero de 2020 y la segunda, el 14 de julio. Sin embargo, los agentes de la UCO encontraron referencias anteriores a Alaya, la primera el 7 de enero en una conversación entre la fontanera y el ex presidente de la SEPI y a raíz de una noticia aparecida en la prensa con el titula 'Alaya reabre la adjudicación de Aznalcóllar para investigar al presidente de la SEPI'. La fontanera le escribió a Fernández: "Yo estoy hilando un relato porque además de la muerte procesal tiene que ser social también".
En un intercambio de mensajes posterior entre ambos hablaron de Rafael Salvador y Leire le propuso hablar con el policía. "Pues a lo mejor es muy buena idea", le respondió Fernández.
El 13 de julio Leire le escribe a Salvador: "Las conversaciones que tuvimos en invierno han servido para que, desde posiciones elevadas, gente que es capaz de tomar decisiones y ejecutarlas, derivadas de lo que yo he escrito tras nuestra conversación, estén dispuestas a tomar medidas. Me siento más segura con tu conocimiento de primera mano de todo. Te garantizo lo que necesites" y le propone, a continuación, verse en Madrid. "Por supuesto que sí", le responde el policía.
El siguiente encuentro tiene lugar ya en 2024, el 10 de julio, en Zaragoza y a esa reunión asiste el empresario Javier Pérez Dolset. "Me voy con Torrente", le comunica Díez a Fernández y el 14 de julio mantiene una conversación con el ex consejero socialista andaluz Gaspar Zarrías -que tuvo a Leire a sueldo de su consultora- en la que le pregunta por el "amigo zaragozano" y ella responde que "nos va a dar documentación y ya ha accedido a dar entrevista cuando veamos todo lo que tiene".
Concluye la UCO que Leire daba "cuentas" de esta operación a Zarrías, que fue condenado por los ERE.