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La presidenta en funciones de la Junta y presidenta del PP extremeño, María Guardiola, junto a Óscar Fernández Calle, de Vox. J. M. Romero El pacto PP-Vox en Extremadura incluye la prohibición del burka y el niqab en espacios públicosEl acuerdo incide en el rechazo al reparto de inmigrantes ilegales y a las nuevas rebajas fiscales
Juan Soriano
Mérida
Viernes, 17 de abril 2026, 09:11
para la formación del Gobierno en Extremadura incluye el rechazo al reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores, ... así como al uso del burka y el niqab en espacios públicos. También contempla nuevas rebajas fiscales, especialmente en materia de vivienda, la supresión progresiva de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz para tratar de evitar su cierre, la ejecución del proyecto de regadío de Tierra de Barros y la reducción de subvenciones a sindicatos y organizaciones de cooperación internacional. en torno a once áreas. Una de ellas consiste en el reparto de cargos, con la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural para Vox, así como el senador por designación autonómica.El acuerdo programático se divide en diez grandes temas. En materia de Energía e industria, se rebajará un 30% al año la ecotasa autonómica que grava a la central nuclear de Almaraz hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura. Además, la mitad de la recaudación que se obtenga se destinará a un fondo específico para el desarrollo de la zona.
Asimismo, se propone un plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial en Extremadura, que incluirá la liberalización de suelo, la ampliación y construcción de polígonos y parques empresariales, la simplificación administrativa y la creación de ayudas públicas. El documento también recoge el compromiso de emplear «todos los medios legales y administrativos necesarios» para tratar de impedir la instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos.
Tierra de Barros y sector primario
En el apartado dedicado a la Agricultura se incluye de manera «irrenunciable y urgente» la ejecución del proyecto de regadío de Tierra de Barros, para lo que se explorarán «todas las posibles fórmulas de financiación, tanto públicas como privadas, regionales, nacionales y europeas». También se contemplan planes regionales de modernización y mejora de regadíos, infraestructuras hídricas y caminos rurales.
Tal como cuenta HOY, el acuerdo también recoge el compromiso de «flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario» (con simplificación de trámites, como con el impulso de la declaración responsable), para lo que se plantea la reforma de la Ley Agraria de Extremadura y las normas autonómicas de Protección Ambiental, Pesca y Acuicultura, Caza, y Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales. En la misma línea, se plantea la simplificación de la normativa sobre espacios protegidos, con la la revisión de los límites de ZEPA y LIC.
En Sanidad, se propone un plan de mejora con una dotación presupuestaria de 500 millones de euros al año, campañas quirúrgicas extraordinarias con ampliación de horarios y colaboración público-privada y la contratación de 1.500 profesionales. También se plantea un plan de infraestructuras sanitarias y la equiparación salarial entre los trabajadores del Sepad y servicios sociales que tienen la misma categoría sanitaria que los profesionales del SES.
Para mejorar la atención a los mayores se crearán más plazas en residencias y centros de día, con más presupuesto y servicios concertados; y en materia de consumo se promoverá el etiquetado de los productos extranjeros.
Rechazo al reparto de ilegales
El cuarto apartado del acuerdo se dedica a Inmigración, donde se recoge que la Junta de Extremadura «se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad». Además, trabajará para devolver a los menores no acompañados a sus países de origen y se habilitará una partida presupuestaria para hacer pruebas de determinación de edad «para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios».
El documento también recoge la supresión de subvenciones a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal, aunque no aclara cuáles son; la creación de una unidad dedicada a comprobar la residencia efectiva para combatir el uso fraudulento del empadronamiento; y la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos. Asimismo, se suprimirá la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que actualmente funciona en dos centros educativos de Talayuela.
En materia de Fiscalidad, se recoge una bajada progresiva del IRPF de 0,25 puntos en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, para llegar a un punto al final de la legislatura (quedarían en el 7 y el 9%, respectivamente, aunque no se dice nada del tercer tramo y siguientes). También se plantea ampliar la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para el grado III de parentesco (de tíos a sobrinos, por ejemplo) y recuperar las bonificaciones de tasas y precios públicos en ITV, escuelas infantiles, licencias de caza y certificación de obras.
Asimismo, se rebajará el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados al 0,5% por la adquisición de vivienda habitual de menos de 200.000 euros (el tipo general es actualmente el 1,5%) y se bajará hasta el 3% el tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para ciertos colectivos y límites de renta.
Estas dos últimas medidas inciden especialmente en materia de vivienda, que ocupa otro apartado dentro del acuerdo. PP y Vox se comprometen a reformar la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura para crear «un marco jurídico más flexible, ágil y competitivo» que facilite el acceso a la vivienda.
También se recoge el compromiso de construir al menos 3.500 nuevas VPO antes del final de la legislatura y se pedirá un mínimo de diez años de empadronamiento para acceder a la compra de vivienda protegida y cinco para el alquiler social. Asimismo, se propone una línea de avales públicos para familias numerosas y el impulso del alquiler estable y asequible mediante incentivos fiscales.
En materia de Seguridad y libertad, se defiende el desalojo exprés y el refuerzo de la protección a las víctimas de ocupación ilegal, con asistencia legal e incluso medidas de apoyo habitacional y social. Además, se recoge que el acceso a todas las ayudas públicas exigirá un periodo mínimo de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio.
En esta sección se propone el refuerzo de las rutas, frecuencias y horarios del transporte público y la «promoción de la concordia», incluyendo la puesta en valor del patrimonio histórico «perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda», citando en concreto la declaración como bien de interés cultural para la Cruz de los Caídos de Cáceres.
En el apartado de Educación se recoge la homologación salarial progresiva a la media nacional para los docentes extremeños; así como la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años con la incorporación a partir del próximo curso de las ayudas para el primer año (ya existen de 1 a 3 años). También se cita la prioridad del producto español y extremeño en comedores públicos y la climatización de los colegios e institutos de la región; y de forma genérica se rechaza «cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas».
La sección dedicada a Familia abarca el incremento y refuerzo de las ayudas a la natalidad, con una deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos de hasta 1.200 euros por el tercero y siguientes; así como más deducciones fiscales para el material escolar y una nueva Ley de Familia antes del año 2028.
Por último, el apartado denominado Gasto improductivo contempla la reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas «sin utilidad pública»; así como la rebaja «al mínimo legal» de las ayudas a cooperación internacional al desarrollo.
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