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El Parlamento Europeo plantea tipos de entre el 3% y el 5% a las empresas digitales con más de 750 millones de euros de facturación global anual y más de 50 millones de negocio en la Unión Europea. El impuesto se dedicaría a nutrir el presupuesto comunitario a partir de 2028.
La Unión Europea mira hacia los gigantes tecnológicos en sus planes para financiar las nuevas necesidades europeas, como el impulso a la competitividad y la Defensa. Las grandes compañías digitales mueven miles de millones en el continente y el Parlamento Europeo presiona al resto de instituciones comunitarias para aprobar un tasazo digital que permita a la región hacerse con hasta 43.000 millones de euros de este pastel.
La Eurocámara lleva tiempo trabajando en ello e incluso esta misma semana celebró una reunión en la Comisión de Presupuestos (BUDG) en la que se abordó la cuestión de forma material, con diferentes presentaciones de expertos y poniendo cifras sobre la mesa a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN. La idea del Parlamento Europeo es que se implemente como un impuesto a nivel europeo, es decir, en los veintisiete Estados miembros, de tal forma que evite una fragmentación fiscal en la región.
Además, la recaudación se utilizaría para alimentar el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés), el presupuesto comunitario para el periodo comprendido entre 2028 y 2034.
"La introducción de un impuesto sobre los servicios digitales a escala de la UE podría eliminar el problema de la fragmentación y proporcionar a la Unión una fuente de recursos propios de gran visibilidad. No obstante, cualquier paso adicional para implementar un impuesto de esta índole debería tener en cuenta las cuestiones relativas a la competitividad, la innovación, la administración y las relaciones internacionales", expresa el informe.
Alcance del gravamen
Según el documento con el que trabaja la Eurocámara, las empresas que quedarían sujetas a este potencial gravamen serían aquellas con más de 750 millones de euros de facturación en todo el mundo y que, al mismo tiempo, cuenten con unos ingresos superiores a 50 millones de euros en Europa. Estos elevados umbrales tienen por objeto abarcar a los grandes grupos digitales, como Meta, Amazon, Netflix, Microsoft o X, al tiempo que "se excluyen a las empresas más pequeñas y a las empresas emergentes".
La cifra de final de la recaudación de la tasa dependerá del tipo impositivo final que se utilice, así como de las actividades que queden sujetas al gravamen. El documento recomienda optar por una tasa adicional de entre el 3% y el 5% , lo que arroja cifras de entre 20.600 y 42.900 millones de euros para 2028, el primer año en el que se implementaría.
"Un impuesto sobre los servicios digitales (ISD) a escala de la UE podría generar ingresos sustanciales para el presupuesto de la Unión Europea. Representaría entre el 10 % y el 22 % del presupuesto actual de la UE", indican los expertos de la Eurocámara, que destacan que el comercio electrónico entre empresas y consumidores parece constituir la mayor parte de la base imponible, ya que representa alrededor del 70% de los ingresos estimados con el tributo.
Este potencial impuesto va más allá de los que han implementado hasta la fecha algunos países como España, Francia o Italia, pues abarca un mayor número de actividades digitales. Frente a la práctica habitual de gravar los ingresos derivados de la publicad digital, la tasa planteada por los expertos del Parlamento Europeo baraja extender su espectro al comercio electrónico tanto en lo relativo a empresas como consumidores, los servicios de medios digitales y streaming y los servicios de computación en la nube.
La Comisión Europea también ha elaborado su propio estudio en busca de nuevas fuentes de recursos propios con los que nutrir el presupuesto, pero los resultados que arroja son muy diferentes. El Ejecutivo comunitario se limita a extrapolar las tasas ya existentes a los 27 Estados miembros, lo que arroja unas estimaciones de recaudación de alrededor de 5.000 millones al año. La postura del Parlamento es que se puede ser mucho más agresivo.
"Somos un mercado de 450 millones de consumidores y eso es algo que tenemos que utilizar como posición de fuerza", explican fuentes parlamentarias, que apuntan a que un impuesto de mayor alcance también tendría un efecto menos discriminatorio, lo que dificultaría que se le considerara una barrera comercial.
Presión
El Parlamento Europeo no tiene competencia directa sobre la fiscalidad de los Estados y el presupuesto comunitario se aprueba por mayoría simple a diferencia de en el Consejo de la UE, donde se requiere unanimidad. Así, su aportación se limita a lanzar propuestas y a presionar al resto de instituciones para que las tengan en consideración. Pese a ello, fuentes de la Eurocámara señalan que utilizarán esa capacidad de votar en contra del marco financiero en caso de que no se introduzcan estos impuestos.
Los trabajos en la Comisión de Presupuestos se han realizado de forma conjunta por eurodiputados del Partido Popular Europeo y del grupo de Socialistas y Demócratas y contaría en un principio con el visto bueno del grueso de fuerzas europeístas, lo que refuerza su capacidad de presión.
Algunos grupos políticos, además, presentan el tasazo digital como una alternativa a la propuesta de la Comisión de imponer un gravamen a todas las compañías cuya facturación supere los 100 millones de euros. Esta tasa, conocida como CORE, ha levantado ampollas en diferentes Estados miembros, sobre todo del norte de Europa, que apuntan a que puede frenar la competitividad de las compañías europeas.
Junto con el gravamen sobre los servicios digitales, el Parlamento Europeo también plantea impuestos europeos sobre el juego online y las criptomonedas.
Peligro de tensionar las relaciones con Estados Unidos
La mayoría de las entidades afectadas por la potencial tasa europea a los servicios digitales tienen su sede en Estados Unidos, lo que puede revivir las tensiones con Donald Trump en un momento en el que las aguas están calmadas tras la firma del acuerdo comercial.
Los impuestos nacionales a los servicios digitales ya provocaron en el pasado graves fricciones en las relaciones transatlánticas.
En numerosas ocasiones, los representantes estadounidenses han expresado su preocupación por que dichas políticas constituyan prácticas discriminatorias contra empresas tecnológicas con sede en EEUU e incluso han planteado la posibilidad de imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de los Estados que aplican gravámenes digitales.
En ese sentido un arancel comunitario puede servir de escudo para evitar que se ponga a países individuales en el punto de mira, pero, al mismo tiempo, puede provocar una reacción contra el bloque en su conjunto.
La Unión Europea ya trató en el pasado de coordinar con Estados Unidos y el resto del mundo un impuesto global a los servicios digitales a través de la OCDE. Sin embargo, la propuesta se estancó y ha quedado paralizada llevando a diferentes países a lanzar sus propias iniciativas.
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