El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la declaración del Pazo de Meirás, situado en Sada (A Coruña), como Lugar de Memoria Democrática. La resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria Democrática, define este enclave como uno de los espacios más significativos para comprender la historia contemporánea de Galicia y de España, reconociendo su trayectoria vinculada a dos realidades de enorme trascendencia y distinto significado.
Por un lado, el texto oficial ensalza la figura de Emilia Pardo Bazán, quien mandó construir el inmueble a finales del siglo XIX y escribió allí parte de su obra. La resolución destaca su papel esencial en la literatura española y su carácter pionero en la reivindicación de los derechos de las mujeres, otorgando al recinto una dimensión ligada a la creación literaria femenina y al avance hacia la igualdad.
Por otro lado, el pazo quedó marcado por el régimen franquista tras haber estado asociado durante la Segunda República a sectores contrarios a la democracia y a conspiraciones antirrepublicanas. En plena Guerra Civil, el 3 de marzo de 1938, se constituyó la "Junta Pro-Pazo del Caudillo" para adquirir la propiedad y entregársela a Francisco Franco. Esta compra, formalizada en agosto de ese año, se financió mediante aportaciones forzosas de ayuntamientos, funcionarios y particulares en un contexto de represión, a lo que se sumaron expropiaciones coactivas a vecinos y la apropiación indebida de bienes públicos y privados como tapices, pilas bautismales y estatuas románicas.
Aunque el inmueble fue entregado en diciembre de 1938, en 1941 se simuló una escritura de compraventa fraudulenta para inscribirlo a nombre personal del dictador. De este modo, entre 1938 y 1975, Meirás funcionó como residencia oficial de verano de la jefatura del Estado, sirviendo de escenario para consejos de ministros, recepciones diplomáticas y actos de propaganda destinados a proyectar la imagen del régimen.
El proceso de recuperación culminó por la vía judicial tras una demanda de la Abogacía del Estado. El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña declaró nula la donación a Franco y determinó que el pazo era propiedad estatal, ejecutándose la entrega el 10 de diciembre de 2020. Esta decisión fue ratificada por la Audiencia Provincial de A Coruña en febrero de 2021 y completada el 7 de noviembre de 2024, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes muebles reclamados.
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado la resolución asegurando que el pazo ya no representa a la dictadura sino a los gallegos, definiéndolo como un símbolo de dignidad, justicia y reparación y agradeciendo la labor de los ayuntamientos y las asociaciones de memoria histórica. Asimismo, ha avanzado que el Ejecutivo regulará su uso público bajo los principios de la ley.
Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha establecido que cualquier actividad en el inmueble deberá ser compatible con los derechos humanos y el homenaje a las víctimas. Con este fin, el Estado impulsará recursos audiovisuales y digitales, instalará placas y paneles interpretativos y promoverá la integración de Meirás en circuitos internacionales de memoria democrática.