A un kilómetro del mar, en una urbanización de lujo con piscina y pistas deportivas y en uno de los barrios más codiciados de Alicante, donde los pisos pueden rondar perfectamente el medio millón de euros. En La Condomina, en el barrio de Playa de San Juan, se ubica el residencial Les Naus que ha abierto una crisis política en el Ayuntamiento de Alicante. El «pelotazo urbanístico» que ha permitido a cargos municipales y familiares acceder a viviendas protegidas -a precios que rondan los 200.000 euros- ha provocado incluso roces entre el consistorio y el Gobierno valenciano, ambos en manos del PP.
En el punto de mira está la única promoción de vivienda pública que se ha ejecutado en Alicante en dos décadas, por lo que el PSOE pidió ayer «conocer si hay más personas vinculadas al equipo de gobierno municipal o allegados del PP que han resultado beneficiarios». De hecho, no solo se desconoce el listado completo de adjudicatarios -por una cuestión de protección de datos-, sino que el baremo y los criterios con los que el promotor repartió los pisos son una incógnita.
De momento, han trascendido como beneficiarios de las viviendas la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, un arquitecto municipal y dos hijos de la responsable de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del gobierno del alcalde Luis Barcala. Se trata de María Pérez-Hickman, que ayer fue la primera en presentar su dimisión alegando en todo caso que no influyó en la adjudicación de los pisos.
La segunda en presentar su renuncia fue la concejala, en cuya defensa había salido el alcalde. Barcala, de hecho, señaló que Gómez se incorporó a la cooperativa promotora de la urbanización en 2018, es decir, «cinco años antes de entrar en política». Además, según Barcala, la licencia de obras para la construcción de esas viviendas se concedió en 2022, «un año antes de acceder al puesto de concejala». Gómez, que estaba de baja por maternidad, decidió finalmente apartarse, según fuentes municipales, «para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida».
Barcala, que ha ordenado la apertura de un expediente para aclarar los hechos, apuntó también a la Generalitat, en un movimiento que causó estupor y malestar en el Ejecutivo autonómico. El alcalde reclamó una modificación de la normativa autonómica para garantizar la «máxima transparencia» en los procesos de adjudicación y acceso a las viviendas de promoción pública. De hecho, fuentes municipales apuntan que la promoción nunca tuvo que publicitarse porque el promotor tenía lista de espera.
La cuestión, insisten desde la oposición socialista, es «cómo la gente que se inscribió tuvo acceso a la información». Dicho con otras palabras, si tiró de contactos para beneficiarse de una adjudicación de vivienda pública a la que no tuvo acceso la mayoría de la ciudadanía.
Pero la propia Generalitat, a través de la Consejería de Vivienda, ha emitido un informe que certifica que los propietarios de los pisos cumplen los requisitos, algo en lo que insistió también el presidente valenciano. Aun así, Juanfran Pérez Llorca calificó el asunto de «grave».
El informe del departamento autonómico de Vivienda concluye que «todas las personas que han accedido a las viviendas integrantes de la citada promoción, y respecto de las cuales el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha expedido el correspondiente visado del contrato de compraventa, cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa». En este caso, no tener otra vivienda en propiedad y que los ingresos totales de la unidad familiar no superen los 6,5 veces el IPREM (el indicador de renta de referencia en España).
«La Administración se ocupa de verificar que la edificación cumple con los parámetros de VPP, así como confirmar que los adquirientes de las viviendas cumplen con todos los requisitos», insistieron fuentes de la Consejería que dirige Susana Camarero. Estas fuentes aclararon que en ningún caso es competencia autonómica la fijación del baremo para priorizar a unos demandantes sobre otros. No obstante, se investigará si hubo «manipulación por parte de los adquirientes o los intervinientes en el procedimiento».
Los socialistas, que han denunciado que en Alicante hay 5.500 familias registradas en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) «para adquirir una vivienda», llevarán el caso a la Agencia Antifraude y a la Fiscalía, al igual que Sumar.