El auto del juez Calama que señala a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias ha consolidado en las filas del PP el convencimiento de que este es el momento de profundizar y desplegar una "ofensiva total" en las investigaciones que se llevan a cabo en el Senado en el marco de la comisión SEPI que indaga en el caso Plus Ultra y en las supuestas irregularidades cometidas por la Sociedad Estatal a la hora de conceder ayudas con dinero público.
El PP, que controla los trabajos de la comisión con su mayoría parlamentaria, llamará a comparecer ante la misma a los nombres clave que figuran en el auto de imputación del ex presidente del Gobierno. Así, por el Senado desfilarán la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, a la que se atribuye, en palabras de la portavoz popular, Alicia García, "haber impartido instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubai y haber participado en las gestiones realizadas ante organismos públicos".
También, Cristóbal Cano, el gestor de Julio Martínez, administrador de Análisis Relevante, que "actuó como enlace diario del entorno societario controlado por Julito, ambos fontaneros del sistema financiero para mover el dinero ilegal del recate de Plus Ultra".
Por su parte, José Luis Escrivá, ex ministro de Seguridad Social, tendrá que dar explicaciones acerca del aplazamiento de la deuda que mantenía Plus Ultra con la Seguridad Social y en virtud del cual el rescate se desbloqueó. En su caso, los populares esperan que aclare quién le dio la orden de reunirse con Zapatero; quién le exigió que hiciese desaparecer "por arte de magia" esa deuda "cuando miles de autónomos afectados por la pandemia no podían hacerlo" y si su ascenso al Banco de España "tiene que ver con ese movimiento".
Y finalmente, el considerado "lugarteniente" de Zapatero en Venezuela, Manuel Aarón Fajardo, quien deberá explicar "por qué contactó Plus Ultra con él, qué necesitaba la compañía, qué le ofrecieron al ex presidente y qué es lo que este aceptó".
Los populares, además, no descartan volver a llamar al ex presidente del Gobierno e incluso a sus dos hijas, propietarias de la empresa mercantil Whathefav.
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La portavoz del PP en la Cámara Alta ha hecho hincapié en que su grupo "exigirá responsabilidades políticas a todos los que participaron, colaboraron o miraron hacia otro lado". En opinión de los populares, "Zapatero diseñó un sistema de corrupción piramidal en el que implicó a todo su círculo, desde el Gobierno de Sánchez hasta su propia asistente".
Alicia García ha hecho hincapié en que tanto el PSOE como el Gobierno han calificado cada comparecencia pedida por los populares en las comisiones de investigación del caso Koldo y de la SEPI de "fango y bulos" cuando, en realidad, en opinión del PP, en las mismas ha "quedado claro" que el ex presidente del Gobierno "presionó para el rescate de Plus Ultra; Sánchez lo autorizó; Montero pagó y Zapatero se lucró".
La portavoz de los populares ha calificado el auto del juez de Calama de "contundente" y "demoledor para cualquier democracia" porque "describe una red estable de influencia política y económica actuando alrededor del poder, de las instituciones y del dinero de todos los españoles".
"Lo que estamos conociendo", ha recalcado, "ya no es un problema judicial de Zapatero: es un problema político de Sánchez y su Gobierno" y por eso, ha añadido, "defender a Zapatero es una forma de proteger a Sánchez".